Extremismo: al galope

La creciente virulencia de la extrema derecha en el mundo, especialmente en Europa y América Latina, es un fenómeno preocupante. Ha captado la atención de analistas y ciudadanos por igual, pues se manifiesta en diversas formas. Desde el aumento de agrupaciones políticas extremistas hasta la proliferación de discursos de odio y políticas xenófobas.

En Europa, la extrema derecha ha ganado terreno en varios países. En España, el partido Vox ha logrado una presencia significativa en el Congreso de los Diputados, el Parlamento Europeo y otros órganos de representación política. Su discurso provocador y ultraconservador ha resonado con una parte considerable del electorado, generando preocupación entre aquellos que temen un retroceso en los derechos sociales y democráticos. Tiene Vox, además, fluidos lazos con agrupaciones políticas en países de América Latina como el Perú (agrupación RN).

En Alemania, el partido Alternativa para Alemania (AfD) viene capitalizando el descontento con el establishment político, promoviendo políticas antiinmigración y euroescépticas. Elon Musk, personaje clave en el gobierno de Trump que se instala ya, se ha deshecho en elogios a la agrupación neonazi. De terror… En Francia, el Frente Nacional, ahora conocido como Agrupación Nacional, mantiene una presencia considerable, especialmente bajo el liderazgo de Marine Le Pen.

En países latinoamericanos

América Latina no ha sido ajena a este fenómeno.

En Brasil, el ascenso de Jair Bolsonaro y su Partido Social Liberal (PSL) marcó un punto de inflexión en la política del país. Bolsonaro, con su retórica extremista y anticomunista, logró captar el apoyo de una amplia base electoral. Sorprendió a la comunidad internacional y a muchos brasileños. En otros países de la región, como Argentina y Chile, también se ha observado un aumento en el apoyo a movimientos de extrema derecha, que promueven políticas conservadoras y, en muchos casos, autoritarias.

Y propuestas extremistas han llegado al control del gobierno. Milei (Argentina), es toda una “pieza”: niega algo evidente y probado como el calentamiento global. Ha utilizado un lenguaje divisivo y polarizador para referirse a sus oponentes políticos, promoviendo una narrativa de nosotros contra ellos, donde él y sus seguidores serían los únicos legítimos representantes del pueblo. Esta retórica ha contribuido a un ambiente político tenso y conflictivo. Además, ha intentado concentrar el poder en el Ejecutivo, lo que ha generado preocupaciones sobre la erosión de la calidad democrática.

El ‘Pacto Corrupto’, la corrupción y la memoria

En Perú, la situación es particularmente preocupante por el llamado Pacto Corrupto que sustenta al gobierno actual, a cuya cabeza aparece Dina Boluarte. Los mensajes e ideas extremistas han calado de manera importante en las principales decisiones del Pacto. Ya hay muchos muertos en el camino. Entre otros, la obra de agentes del Estado contra las protestas sociales el 2022/23: se registraron al menos 61 fallecidos, debido a la represión policial, principalmente por impactos de proyectiles y bombas lacrimógenas

Las decisiones que adopta el Pacto Corrupto generan gran desconfianza. Casi todas apuntan a colapsar la transparencia y la verdad.

La semana pasada el gobierno del Pacto ha destituido al director del “Lugar de la Memoria” (LUM), Manuel Burga, destacado historiador y ex rector de la Universidad de San Marcos, la más antigua de América. El LUM, es (¿o era?) espacio de reflexión y análisis sobre la violencia que azotó al Perú durante más de 20 años desde 1980 y que generó gravísimas violaciones de derechos humanos. Es un símbolo de democracia, derechos humanos y tolerancia que el Pacto Corrupto está ostensiblemente minando...

A partir de la transición democrática (2000-2001), luego de la fuga de Fujimori hacia el Japón, se instaló la Comisión de la Verdad y, después, se puso en marcha el Lugar de la Memoria. Inaugurado el 2015, venía funcionando con éxito y gran legitimidad. Pasos claves en la recuperación de la democracia luego de los 10 largos años del fujimorato.

El Pacto de gobierno, que involucra al actual Ejecutivo y Legislativo, viene desmantelando el Estado de derecho y la democracia. Empujando al país hacia un escenario de violencia y descontrol.

Casos recientes, como los asesinatos, hace pocas semanas, de Nilo Burga (sindicado de proveer de carne de burro para los desayunos escolares de los niños pobres) o el de Andrea Vidal (joven funcionaria del Congreso asesinada de 40 balazos, quien estaba al tanto de cómo operaba la red de prostitución instalada desvergonzadamente en el Congreso Nacional) son hechos muy graves e impunes. Que se dan en un contexto general de impunidad de la criminalidad. Que ha filtrado ―y adueñado― hasta de los centros de poder, dejando en evidencia la fragilidad institucional del país y la completa desprotección de la sociedad ante el crimen.

Violaciones de derechos y corrupción

Además, Boluarte ha sido sindicada de corrupción y de interferir en las investigaciones policiales contra ella misma y su entorno. Entre otros asuntos, por las más de 60 muertes de hombres, mujeres y menores de edad en las protestas sociales, producidas por efectivos policiales o militares, cuando empezaba el gobierno de Boluarte a fines del 2022 e inicios del 2023.

Luego, la disolución de unidades policiales anticorrupción y la aprobación de leyes que favorecen la minería ilegal y la impunidad. Señales concretas de cómo el Pacto Corrupto ha debilitado las instituciones peruanas y de la decisión de gobernar para unos pocos.

También la confrontación con el sistema internacional de derechos humanos. Junto con Nicaragua, el Perú es uno de los dos países situados en “desacato” frente a las decisiones ―de obligatorio cumplimiento― adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En eso se está, contra la historia.

Estos avances del autoritarismo y de la extrema derecha en el Perú se interpretan tanto como un debilitamiento de la democracia como una amenaza a las conquistas sociales alcanzadas durante décadas. La desilusión con el establishment político, la crisis económica y la percepción de creciente inseguridad ciudadana son algunos de los factores que han contribuido a este resurgimiento. Además, la globalización y los movimientos migratorios. Utilizados ―aquí y allá― para fomentar el miedo y la xenofobia, presentándose las conductas autoritarias como defensoras de la “identidad nacional” y la soberanía.

Creciente virulencia

El impacto del extremismo no se limita a la política. También se ha visto un aumento en los discursos de odio y en hechos graves de violencia contra disidentes, minorías y grupos vulnerables. En Europa, la retórica antiinmigración ha llevado a un aumento en los ataques contra comunidades de inmigrantes y refugiados. En América Latina, la violencia política y la represión de opositores también han aumentado en algunos países donde la extrema derecha ha ganado influencia.

En los últimos dos años, ha habido un aumento preocupante en los asesinatos de líderes indígenas amazónicos. Según diversas fuentes, al menos 50 líderes indígenas han sido asesinados en la Amazonía de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Estos crímenes -la mayoría impunes- relacionados con actividades como el narcotráfico, la minería ilegal del oro, el tráfico de tierras y la tala ilegal. La mayoría de estos casos aún están en investigación y prácticamente todos permanecen en la impunidad.

Gran desafío

La respuesta a este fenómeno debe ser multifacética. Es esencial fortalecer las instituciones democráticas y promover políticas inclusivas que aborden las preocupaciones legítimas de la ciudadanía sin recurrir al odio y la discriminación. La educación y la sensibilización sobre los derechos humanos y la diversidad cultural también juegan un papel crucial en la lucha contra esa aplanadora de la extrema derecha. Dinámica que pone sobre el tapete la exigencia de respeto a las reglas y tratados internacionales de derechos humanos. Algo fundamental.

La creciente virulencia de la extrema derecha en Europa y América Latina presenta desafíos y retos importantes para la democracia y los derechos humanos. Es fundamental que las sociedades se unan para enfrentar este fenómeno y promover un futuro basado en la inclusión, la justicia y el respeto mutuo.