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PERÚ
Columna
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“Pactos corruptos”: en colisión con el mundo

Ante la nueva amenaza contra las organizaciones de la sociedad civil y la democracia del Pacto Corrupto en Perú, la comunidad internacional reaccionó: paró en seco esta pretensión y amenaza autoritaria

Dina Boluarte jura como presidenta de Perú, en diciembre de 2022.
Dina Boluarte jura como presidenta de Perú, en diciembre de 2022.Anadolu (Anadolu Agency via Getty Images)
Diego García-Sayan

Los llamados “asuntos internos”, dentro de Estados “soberanos”, sirvieron antes como “parapetos” para la impunidad total de dictadores y corruptos. En América Latina y el mundo.

Pero eso era antes, cuando no se contaba con herramientas institucionales y jurídicas adecuadas para actuar. Tiempos históricos de impunidad/continuidad cíclica de autocracias latinoamericanas a lo largo del siglo XX. En sucesión de impunes -y prolongados- cabecillas dictatoriales. Sólo a rescatar, el copioso material que aportó para nutrir la pluma de “los grandes” de la literatura latinoamericana: García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, Asturias.

Evidente cambio de contexto hoy, de normas internacionales y de conciencia ciudadana. Pero dentro de ello, aparecen cíclicamente en la región hay quienes no se han percatado de eso. Y que aún creen -ilusamente- que se puede continuar haciendo “historia” al estilo antiguo. Y escribiendo libros de historia centrándose en las listas de presidentes y dictadorzuelos. Y, con ello, contribuir a legitimar impunidades. Y, peor, convalidando la grosera corrupción, el pan de cada día.

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Aunque la bestia del autoritarismo se niega “a morir”, no es ni puede ser ese el futuro.

Silenciar a la sociedad civil

Ya lo hizo Ortega en Nicaragua. Y lo pretende ahora el Pacto Corrupto en Perú: acabar con la “molestia” de la sociedad civil y sus organizaciones no gubernamentales, borrarlas del mapa. Las organizaciones criminales que controlan el Congreso preparan la ley para ahogar/silenciarlas, sepultando, así, ese importante espacio de acción y expresión de la sociedad civil.

Todo haciéndose en oscura convergencia, Congreso corrupto/gobierno idem. Mientras, echando leña al fuego, el canciller, públicamente, dice desconocer cuánto dinero reciben las ONG. Muy curioso... o, mejor dicho, imposible: esa información está toda -completa- en la agencia gubernamental sobre la materia (la APCI). Que funciona, desde hace 20 años, precisamente en la cancillería. Todas las organizaciones están inscritas en ese registro e informan periódicamente de sus recursos y actividades.

Pero los detalles “administrativos” no es lo que preocupa al Pacto Corrupto. Lo “insoportable”: la vigilancia democrática y la transparencia que provienen desde organizaciones de la sociedad civil, que hacen lo que les corresponde: presentando casos para la protección internacional de víctimas de sistemáticas -y crecientes- violaciones a los derechos humanos.

Ante el sistema interamericano de derechos humanos, el de la ONU y, en general, la comunidad internacional. Sobre asuntos “sensibles”, pues tocan graves responsabilidades de Estado por las cuales se tiene que responder internacionalmente. Comunidad internacional que, por su lado, no está “dormida”, sino reaccionando ante una situación delicada como la que hoy afecta al Perú.

Ante esta nueva amenaza contra las organizaciones de la sociedad civil y la democracia del Pacto Corrupto en Perú, la comunidad internacional reaccionó. Oportuna y rotundamente. Paró en seco esta pretensión autoritaria contra la sociedad civil: 16 embajadas en Perú se pronunciaron, de manera clara y contundente, contra esta amenaza. En claro -y explícito- respaldo a la sociedad civil y rechazo a las pretendidas enmiendas legales controlistas.

Amplio y representativo grupo de embajadas en Perú se pronunció sin pelos en la lengua: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea. Respaldando a la sociedad civil peruana y rechazando, sin ambigüedades ni medias tintas, propuestas legislativas que restringirán la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio. Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables, y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos.

Parada “en seco”, pues, a este nuevo paso de autoritarismo. Que podría muy venir seguido de otros pasos concretos de relevancia. Desde los Estados Unidos, en particular, aplicando la ley Magnitsky para retirarle sus visas estadounidenses a los del Pacto Corrupto peruano: varios congresistas, integrantes del ejecutivo y algunos otros “personajes”. Luego que Estados Unidos hizo algo así en Guatemala el año pasado con más de 600 políticos y empresarios todo cambio: el Pacto Corrupto guatemalteco termino de colapsar.

Negada la posibilidad de ver lo que conocen de Estados Unidos (Pato Donald o Mickey Mouse en Disneyworld), muchas conductas cambiaron en Guatemala. Y el Pacto Corrupto en Guatemala terminó. Ya lo planteó, desde Washington, Human Rights Watch para Perú. La “bola”, pues, está en el Departamento de Estado, basándose en la fundamental ley Magnitsky y con elementos de información más que suficientes con los que ya cuenta.

Nuevos “formatos” de autoritarismo

Pero el hecho es que, mientras tanto, habrá que seguir bregando ante la inagotable obsesión autoritaria: imaginativos “formatos” de ejercicio autoritario del poder. Como los Pactos Corruptos de estos tiempos. Como el que afectó a Guatemala hasta la juramentación del presidente Arévalo en enero de este año.

Y al Perú de hoy: demoliendo la institucionalidad democrática, principalmente desde el Congreso, plagado de oscuridad y corrupción. De los 130 parlamentarios, 67 (¡el 51.5%!) están bajo investigación por presuntos delitos contra la administración pública, la fe pública y contra el patrimonio. Legislativo que tumbó ya el sistema independiente de designación y evaluación de magistrados (Junta Nacional de Justicia). Avanzando, también, en consagrar la impunidad a las graves violaciones a los derechos humanos. Y, apuntando, asimismo, a someter al sistema electoral, aún independiente.

En convergencia con tales estropicios: el gris e impopular ejecutivo (5% de respaldo) de Boluarte. Cuya posición retardataria en todos los ámbitos es conocida y declarada. Por ejemplo, no acatar las sentencias de la Corte Interamericana. Como ya lo expresó públicamente, en su momento, el propio canciller al “blindar”, para ello -e ilegalmente-, el irregular indulto a Fujimori.

Y, junto al desprecio de la institucionalidad democrática, la exuberante corrupción. Urbi et orbi: además del Congreso, el ejecutivo limeño, encabezado por una señora, también investigada por corrupción, como lo está más del 50% del legislativo. Presidenta que, además, goza aún de impunidad por la muerte -a balazos de la policía y el ejército-, de 49 ciudadanos en las protestas sociales en diciembre de 2022. Muy grave.

Sistema interamericano: en acción

Nada de lo que viene azotando al Perú está pasando desapercibido para el sistema interamericano, que está vivo y en acción en al menos tres planos fundamentales.

Primero: decenas de personalidades y organizaciones democráticas peruanas e internacionales han planteado públicamente que la OEA aplique, ya, la Carta Democrática Interamericana. Es lo que corresponde ante la evidente ruptura del orden democrático (art. 19): la “ruptura del orden democrático o … alteración del orden constitucional… constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General … y demás órganos de la Organización”. Como corresponde, el asunto ahora está bajo examen entre los países miembros de la OEA.

Segundo: la firmeza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), brindando creciente atención a la demolición democrática en Perú. En reciente comunicación pública ha condenado el “…deterioro de la democracia en Perú. El uso de las facultades de control del Congreso de la República de Perú, en la forma en que han venido sido ejercidas, tienen el potencial de poner al Estado de derecho en un riesgo crítico. El ejercicio del poder ha afectado instituciones autónomas, que cuentan con un rol trascendental en la vida democrática del Estado, lo que, paralelamente, amenaza la situación de los derechos humanos. En este contexto, es apremiante tomar medidas de carácter inmediato que aseguren el principio de separación e independencia de los poderes públicos”.

Sin pelos en la lengua, llama la CIDH al Estado peruano “… a demostrar su compromiso con los principios de la Carta Democrática Interamericana y sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Para ello, debe adoptar medidas urgentes para el fortalecimiento del Estado de derecho, que incluyan el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción”.

Tercero, el máximo tribunal interamericano: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Firme en el ejercicio de sus atribuciones. Y que ha adoptado ya dos decisiones relevantes en esta coyuntura.

La primera: requerir al Estado peruano presentar sus observaciones sobre la solicitud de medidas provisionales ante la amenaza de que queden en la impunidad dos casos muy sonados de graves violaciones a los derechos humanos: Barrios Altos y La Cantuta. Por esos hechos, entre otros, fue condenado penalmente el expresidente Alberto Fujimori.

La segunda: a la vez, la Corte le ordena al Estado “interrumpir el trámite legislativo” sobre los alcances restrictivos que se pretende dar a la tipificación del delito de lesa humanidad. Pues para la Corte dicho proyecto legislativo “… impide que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos en Perú antes de 2002, con lo que se excluye el período del conflicto interno que dejó más de 69.000 víctimas”.

Buscando las “impunidades totales”

Si bien los tiempos de impunidades totales para las autocracias/dictaduras corruptas en América Latina acabaron, no sólo quedan en la obra literaria de los grandes. La historia continúa: los intereses oscuros buscan, por diversos medios, desactivar la capacidad de acción de la sociedad civil.

Y acabar don el equilibrio de poderes: liquidando la independencia judicial y la del sistema electoral. El poder político en Perú está hoy, precisamente, en eso, en manos del pacto corrupto. Pero en dimensiones y extensiones tan grandes y complejas, que ha empequeñecido al que rigió en Guatemala hasta hace pocos meses.

Mientras, los partidos políticos en Perú destacan por su debilidad, la sociedad civil y sus organizaciones son una de las pocas fuentes de examen y seguimiento constante del deterioro democrático en curso. No llama la atención, pues, que desde el Pacto Corrupto se diseñen campañas, normas y políticas para trabar y mellar a las organizaciones no gubernamentales y su papel vigilante. Dentro de ese contexto, cumplen papel “perturbador” y fundamental.

Por ejemplo, para apoyar en la protección del derecho ambiental, en los esfuerzos contra la deforestación amazónica acelerada. Territorios en los que el Estado es prácticamente inexistente y que están bajo la hegemonía del crimen organizado. Cuando ya han sido asesinados estos meses 33 dirigentes ambientales amazónicos en Perú, es muy grave entorpecer el trabajo de las valiosas ONG que ven precisamente el tema amazónico: se le hace a las mafias y las economías ilegales.

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