Perú: pacto de corruptos en el poder

No debe llevar a confusión lo de Pacto de los Corruptos a propósito de quién y cómo se ejerce el poder político. Fue esa la precisa calificación que se dio al ejercicio del poder en Guatemala hasta hace pocos meses.

El drama guatemalteco está siendo superado, gracias a la movilización popular, por el activo papel de Washington y de la comunidad internacional (que no se puso “de perfil”) y, especialmente, de las fuerzas guatemaltecas democráticas y de renovación. Proceso que culminó con la asunción de la presidencia en enero de este año por el democráticamente elegido Bernardo Arévalo.

Hoy en Perú está avanzando algo similar a lo que fue ese pacto. Ello, esencialmente, debido a la venalidad y a intereses viles en la conducción del poder público que ha llevado a un intenso proceso de demolición institucional.

Pacto de corruptos en el volante

¿Cuáles son las partes medulares de este “pacto corrupto”? Las más visibles y prominentes son dos: el Congreso y el Ejecutivo. En su momento concurrió activamente la cuestionada exfiscal Patricia Benavides.

Empecemos por el gris e ineficiente ejecutivo. Presidido por Dina Boluarte, quien acabó como presidenta por casualidad luego del patético y fracasado autogolpe de Pedro Castillo a fines del 2022. No es un gobierno caracterizado por “eficiencia” o “liderazgo”.

Segundo, el Congreso, presidido por el condenado por la justicia Alejandro Soto, e integrado por un abanico de corrientes en que domina el retardatario fujimorismo y grupos afines, como Renovación Popular de ideología conservadora extrema, al que pertenece el actual alcalde de Lima. Es digamos, el Vox peruano.

Jugó un papel activo en ese aquelarre, en su momento, la exfiscal Benavides, hoy suspendida e investigada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como presunta cabeza de una red criminal. Investigada, entre otras cosas, por haber librado a su hermana jueza de una investigación fiscal por temas vinculados con el narcotráfico.

La JNJ es en todo esto una verdadera manzana de la discordia. Ente independiente, que tiene por funciones la designación y/o destitución de jueces y fiscales en todos los niveles, no por casualidad el venal Congreso le puso la “puntería” a la JNJ.

Tienen entre ejecutivo y legislativo pocas cosas “políticas” en común. Parecería que poco -o nada- de “programático” o “ideológico” presente en las conductas de ambos. No hay que pedirle peras al olmo: todo se reduce a solo intereses. Que son bastante banales, por cierto.

Detrás de esas “partes”, que vienen ostentando el poder, hay poderosos intereses que medran. Organizaciones ilegales, como la minería ilegal y, particularmente, la ilegal explotación y exportación de oro.

Perú es el principal productor y exportador de oro desde Sudamérica. Pero el 70% del oro exportado tiene origen ilegal, explotado/exportado por poderosas e impunes organizaciones criminal/empresariales. Usualmente depredan el medio ambiente y hacen uso de la violencia. Y allí están, impunes, tranquilos. Verdaderas organizaciones criminales, que se valen incluso de actos terroristas usando la legitimidad que les ha dado el Congreso y con la indolencia/inoperancia del Ejecutivo.

El Congreso derogó este año la disposición legal que buscaba fortalecer el proceso de formalización y actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos. A eso siguieron, como era previsible, varios actos criminales con explosivos contra empresas mineras formales.

Mirando hacia otro lado

Más allá de la minería ilegal y violenta, debido al Pacto de los Corruptos, existe hoy un Estado “ausente”, ocupado únicamente en favorecer intereses personales de gobernantes y congresistas. Con golpeados mecanismos de control sobre la corrupción o de búsqueda de la eficiencia en el gasto público.

La mayoría congresal, con pactos bajo la mesa con la entonces fiscal, Patricia Benavides, en presunto delincuencial toma y daca: “No investigamos las graves denuncias de corrupción contra la fiscal”. A cambio la fiscal bloqueaba las denuncias por seria corrupción de congresistas. Simple y claro.

Todo esto va de la mano de la incontenible demolición institucional. Si bien no ha logrado meter aún el zarpazo definitivo a la independencia judicial, apunta a ello. Y estuvo a punto de lograrlo con el intento de destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, frustrado por la reacción de la sociedad democrática. Ahora está apuntando, visiblemente, a minar la independencia del sistema electoral, vía la decapitación del correcto presidente de la justicia electoral, Jorge Luis Salas Arenas. Lo impulsa -¡cómo no!- el “pacto” en el Congreso.

Finalmente, la libertad de expresión, tolerando actos sistemáticos y reiterados de acoso y vandalismo contra periodistas independientes destacados, como Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios. Y, en ello, una inaceptable “investigación” de la Fiscalía a Gorriti apuntando -ilegalmente- a que revele sus fuentes de información. “Inaceptable”, sí, en una sociedad democrática. Mientras, al régimen y, en particular al gobierno, este acoso no parece hacerles recordar que están obligados a garantizar la libertad de expresión y los derechos de quienes la ejercen.

Dentro de todo esto se destaca una grosera deficiencia en la gestión pública. Que está llevando a que con una sucesión de ineptitudes y de medidas populistas, se está poniendo en riesgo la caja fiscal. Algo que no pasaba en Perú en muchos años: que el gasto público incumpla la norma de responsabilidad fiscal.

Ocurriría este 2024 por segundo año consecutivo, según han denunciado especialistas. La irresponsabilidad se generaliza. Por ejemplo, se dieron varios cuestionamientos y advertencias sobre la intención de la Municipalidad Metropolitana de Lima -conducida por Renovación Popular, el Vox peruano, socio político del Gobierno- de sobre endeudarse, comprometiendo a las siguientes gestiones municipales. Ante este riesgo el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, decidió flexibilizar este año el nivel de deuda precisamente a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Le dio luz verde, sin problema, a este sobre endeudamiento que hace volar la caja fiscal este año.

En medio de ese aquelarre fiscal, no le viene mal al Pacto la ya conquistada “domesticación” de la Contraloría: el Congreso le ha “prorrogado” el puesto al ya dócil Contralor, cuya silente “vida” futura depende ahora de lo que el Congreso decida. A la par, la Contraloría -en el furor de la demolición institucional en marcha- generó un informe con grosera información falsa. Según ese informe Fernando Tuesta no tendría los más de tres años de experiencia en temas electorales requeridos para ser contratado por el JNE.

Evidente falsedad, pues hasta las paredes saben que Tuesta es uno de los más solventes expertos peruanos en materia electoral. Pero el Congreso usa ese informe del Contralor -con información falsa- para denunciar constitucionalmente nada menos que al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, pues contrató al especialista Tuesta, con décadas de experiencia en funciones importantes en materia electoral.

La impune aplanadora

El camino que siguió Guatemala en los últimos meses -y en el que logró dejar atrás su pacto de los corruptos-, no parece estar cerca en Perú. El movimiento popular esta en buena medida neutralizado. Y en el contexto externo, la comunidad internacional recién empieza a reaccionar. Por ejemplo, con el serio informe sobre derechos humanos preparado por el Departamento de Estado de EE UU recientemente publicado. En él se describe, con precisión, la delicada situación de los derechos humanos hoy prevaleciente en Perú y su “marco” institucional: no solo el ejecutivo, como suele ser el caso, sino también al Congreso.

Respecto del Gobierno, el Departamento de Estado, sin pelos en la lengua (1.a, 1.c y 1.d), destaca los reportes de ejecuciones arbitrarias e ilegales por agentes del Estado, el uso de la tortura u otros tratos degradantes, la impunidad de las fuerzas de seguridad y las masivas detenciones arbitrarias.

También se dirige el informe a la otra parte del oscuro Pacto, el Congreso: violación al debido proceso y a la independencia judicial. Ejemplo: la destitución irregular de la exfiscal Zoraida Ávalos y el proceso de irregular intervención política iniciado contra la Junta Nacional de Justicia, afectando la independencia judicial.

El movimiento social, crucial para enfrentar crisis de esta naturaleza, está latente en Perú. Pero se encuentra neutralizado. La represión de fines 2022 e inicios de 2023 está en la memoria y dolor de muchos. Especialmente los 49 muertos por mano de agentes del Estado y la grosera impunidad subsecuente. Y, junto con ello, las persistentes campañas de satanización contra cualquier movimiento social desde la presidencia del país: “vándalos”, “gente de EVO”, “terroristas”, etc.

Curioso que mientras la institucionalidad del país se desmorona, los silentes grupos y gremios empresariales parecen preferir, por comodidad, mirar hacia otro lado.

Y…¿qué viene?

Tres aspectos fundamentales que hacen difícil encontrar respuestas.

Primero, la naturaleza de la interacción hoy prevaleciente entre el gobierno gris, ineficiente e impopular de Dina Boluarte y, por otro lado, un Congreso, también impopular plagado de corrupción y con metas de destrucción institucional para beneficios individuales.

Segundo, no vienen elecciones generales inmediatas. En el contexto del colapso de las organizaciones políticas y de los liderazgos democráticos, difícil pensar que unas elecciones podrían ser per se la única ruta de salida ante el colapso democrático.

La deleznable ilegitimidad, generalizada, del poder político impulsa a muchos sectores de la sociedad al clamor: que se vayan todos, junto con ¡elecciones generales, ya! Camino deseable pero complicado. Pues, ya el Congreso actual desactivó las elecciones primarias obligatorias y abiertas, para favorecer sus intereses. Deja, así, caminos abiertos a impredecibles y poco confiables caudillismos de ocasión.

Tercero: pese a existir fundamento jurídico para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana dada la “ruptura del orden democrático” (arts. 19, 20, 21), no se ha avanzado en esa dirección. Sería un camino para impulsar diálogos políticos efectivos, monitoreados internacionalmente.

Algo que ocurrió en Guatemala es la aplicación por el Gobierno de EE UU de la ley Magnitsky, diseñada para reaccionar frente a atropellos y corrupción. En Guatemala el 2023-24, actuó contra los corruptos -en el Congreso y el empresariado- retirando más de 300 visas e interviniendo en sus finanzas en EE UU.

El fin del pacto de los corruptos en Guatemala, pues, no cayó del cielo. Lo que sí cayó fue el pacto. Precedente a no dejar caer en saco roto. Se esperaría que al menos algo así se ponga en marcha ante quienes conducen y articulan el Pacto Corrupto.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región