La justicia peruana cerca el entorno de la exfiscal sospechosa de liderar una organización criminal

Nuevas imputaciones cercan a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, suspendida en diciembre por ser la presunta cabecilla de una mafia que operaba en el Ministerio Público. Este martes, en un megaoperativo denominado Valkiria XI, 23 fiscales y un centenar de policías allanaron 21 viviendas en diversos distritos de Lima para recabar información sobre las investigaciones que se le siguen a Benavides y, además, detener preliminarmente a siete miembros de su entorno más cercano.

Se trata de sus asesores, Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza y otros allegados suyos como el abogado José Luis Castillo Alva y su esposa Mirtha Gonzales Yep, el empresario Giancarlo Valer Enciso, el exgerente de logística del Ministerio Público Jorge Luis Palomino Quesada e incluso un capitán de la Policía, el agente Jorge Jonathan Rodríguez Menacho. Todos están envueltos en una trama que se destapó a fines de noviembre con la intervención del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficoop) y las posteriores confesiones de Jaime Villanueva Barreto, el principal hombre de confianza de Patricia Benavides, que han tenido en vilo a la opinión pública.

Filósofo de profesión, Villanueva Barreto reconoció en diversos chats haber negociado votos con varias bancadas del Congreso por pedido de Benavides para perpetuarse en el poder. Estos votos debían ser claves para inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, influir en la elección del Defensor del Pueblo y remover a la Junta Nacional de Justicia, la institución que supervisa a los jueces y fiscales del Perú. Cinco meses después, las pesquisas han trazado otras rutas de investigación que incriminan a Benavides.

Según el expediente que justificó los allanamientos, la red criminal habría direccionado contrataciones públicas por más de 7,5 millones de soles (2.027 millones de dólares) y, además, habría recibido 60.000 dólares en sobornos para archivar investigaciones, mediante fiscales puestos a dedo. Es el caso del abogado José Luis Castillo Alva, quien era investigado por Los Cuellos Blancos del Puerto, un emblemático caso de corrupción que involucró a funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público. El soborno le fue entregado a Villanueva Barreto y Miguel Girao Isidro por partes en el segundo trimestre del 2023.

De acuerdo a un colaborador eficaz, otro dinero mal habido que fue a parar a los bolsillos de la organización fue a raíz de un requerimiento de la Fiscalía para adquirir 729 computadoras, 529 monitores led de 27 pulgadas y 200 monitores led de 32 pulgadas. La empresa Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C de Giancarlo Valer Enciso ganó la licitación tras una supuesta orden de Patricia Benavides, quien se habría embolsado 30 mil soles (8.1 mil dólares) de un total de 70 mil soles (18.918 dólares) que fue repartido con sus asesores, en octubre del año pasado.

El operativo incluyó el descerraje de las oficinas de Óscar Nieves, exabogado de la presidenta Dina Boluarte. Nieves habría entregado grandes sumas de dinero al fiscal supremo Marco Huamán, así como a Jaime Villanueva y Miguel Girao con un propósito similar: el archivo de denuncias de sus defendidos. Es el caso del empresario Camilo Peirano Blondet, acusado de lavado de activos y quien acabó siendo absuelto.

La vivienda del periodista Juan Carlos Tafur, director del portal Sudaca, también fue allanada. La resolución fiscal le atribuye el rol de operador de la red criminal. Se le acusa de ser una especie de intermediario en las coordinaciones para destituir y nombrar fiscales para favorecer al abogado José Luis Castillo Alva, así como de haber difundido en su medio de comunicación un “reportaje de desprestigio” en contra de la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. “Es una venganza de Marita Barreto”, ha señalado. Tafur ha denunciado la confiscación de su celular y su lap top. Un hecho que ha motivado el rechazo de un sector de la población que considera muy grave la vulneración de la reserva de las fuentes periodísticas.

A través de un video difundido por su abogado, Patricia Benavides rechazó el megaoperativo, calificándolo de una “burda maniobra” y de un “psicosocial”. Hace poco, Benavides se presentó ante la Junta Nacional de Justicia para brindar sus descargos y así evitar un pedido de destitución definitiva del Ministerio Público que se resolverá la próxima semana. Se le imputa el haber removido a la jueza que investigaba a su hermana Enma Benavides, acusada de aceptar sobornos para liberar a narcotraficantes.

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