El principal asesor de la fiscal general de Perú la vincula a una organización criminal

A Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, no se le movió un músculo este martes cuando se presentó ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para defenderse de su presunta vinculación a una organización criminal que operaría en el Ministerio Público y que la tendría a ella como cabecilla. “La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien”, dijo la abogada citando una frase del libertador José de San Martín.

Durante cuatro horas, en una sala pequeña del Parlamento, Benavides se plegó a un discurso sin ahondar en cuestiones de fondo ni responder las interrogantes de los congresistas. Se limitó básicamente a rechazar la denuncia del equipo fiscal contra la corrupción del poder, deslegitimar a su coordinadora, la fiscal Marita Barreto, y a desmarcarse de los chats que enlodan a Jaime Villanueva Barreto, su asesor más cercano. En aquellos chats, difundidos la semana pasada, Villanueva deja constancia de que negociaba votos con diversas bancadas para remover a la Junta Nacional de Justicia, elegir al Defensor del Pueblo e inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ávalos a cambio de archivar sus investigaciones. Estos negociados tenían un propósito: mantener a Benavides en el cargo.

“No existe una organización criminal, ni lidero una”, aseguró. El lunes 27 de noviembre, el mismo día en que allanaron las oficinas de sus asesores, Benavides denunció constitucionalmente por homicidio calificado a la presidenta Dina Boluarte; al jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y a tres exministros del Interior por las muertes de los manifestantes que protestaron en contra suya en sus primeros meses de gobierno. Una denuncia criticada por su inmensa demora y considerada por ello más como una maniobra política que como un acto de justicia.

Benavides, sin embargo, se aferra a esa denuncia para deslizar que las acusaciones sobre su cúpula son una venganza política, cuando en la práctica no hay ningún detenido. “Hace un año de mi denuncia constitucional por actos de corrupción se dio un Golpe de Estado que tenía como plan de acción mi detención. Ahora nuevamente, cuando trascendió que presentaría una denuncia constitucional que involucra al actual primer ministro buscan mi salida de la Fiscalía. Entonces, no solo hay una venganza política, sino un fin político inmediato de sacarme del sistema de justicia. Todo este show mediático es la más clara expresión de la politización de la función fiscal y policial, y la venganza contra quienes enfrentamos realmente al poder de turno”, señaló.

Culpó, en un principio sin decir su nombre, a Marita Barreto, coordinadora del Equipo especial contra la corrupción del poder, a quien mandó destituir de su cargo, justo la misma mañana del operativo. “La fiscal Barreto sabía del cambio y solicitó mantenerse hasta el 7 de diciembre para conmemorar y ser galardonada por la detención del expresidente Pedro Castillo, pero lo real fue que estaba ganando tiempo para presentar un organigrama fabricado de una supuesta organización criminal y así lograr un seguro mediático para atornillarse en el cargo. Todas mis acciones tienen sustento en el Derecho”, indicó.

Benavides, por otra parte, desestimó las conversaciones por WhatsApp de su asesor Jaime Villanueva, con prisión preventiva, poniendo en tela de juicio su veracidad, pero además descalificó que sean una evidencia. “Son chats manifiestamente manipulados que no revelan ningún acto delictivo, carentes de fiabilidad probatoria. Solo se leen opiniones políticas de una sola persona. Confío en que consideren que las opiniones políticas no son un delito y que no pueden ser utilizados para inventar una responsabilidad. Ustedes podrán observar este montaje”, dijo.

Lo dicho por la fiscal de la Nación se desmoronó pues Jaime Villanueva, filósofo de profesión, reconoció la autenticidad de los chats y lo que es peor: que negoció con los congresistas a pedido de su jefa. “Sí, reconozco que las imágenes que me muestra, corresponden a las capturas de pantalla de las conversaciones que tuve por el aplicativo WhatsApp con un congresista de la República, con quien realicé coordinaciones por orden de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, para lograr la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, así como la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor y la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia”, confesó Villanueva durante un reciente interrogatorio fiscal.

Patricia Benavides se presentó ante el Congreso junto a su abogado, el aprista Jorge del Castillo, político de larga data que presidió el Consejo de Ministros en el segundo gobierno de Alan García. El detalle es que del Castillo afronta una investigación preparatoria del equipo especial Lava Jato por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht. Ello ha motivado que el congresista Jaime Quito le haya cursado una solicitud a la Junta Nacional de Justicia para abrir una nueva investigación por falta muy grave a Benavides. “Compromete la objetividad, independencia, y adecuada conducta ética que debe guardar como fiscal de la Nación ante un caso que afecta gravemente el interés público”, dice el oficio. Las investigaciones que han puesto en jaque a Patricia Benavides continuarán. Al parecer las confesiones de su asesor también.

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