Perú: un país atascado en la crisis

El suicidio político de Pedro Castillo sucedió el miércoles 7 de diciembre de 2022 minutos antes del mediodía. El maestro sindical llevaba un año y medio en palacio, cercado por investigaciones fiscales y con una aprobación en caída libre. Esa tarde debía presentarse al Congreso para enfrentar su tercera moción de vacancia. Pero en un acto inesperado —que sus abogados y defensores se resisten a llamar autogolpe de Estado—, dio un mensaje a la nación donde, con la voz agitada y las manos temblorosas, disolvió el Congreso, decretó un Gobierno de excepción y estableció un toque de queda a nivel nacional. Este jueves se cumplirá un año de aquel momento y el país sigue sumido en la inestabilidad.

Se propagó un temor generalizado que duró un suspiro: sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, Castillo fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la Embajada de México en busca de asilo, el Parlamento lo vacó por incapacidad moral permanente y, tres horas después, su vicepresidenta, la abogada Dina Boluarte se convirtió por sucesión presidencial en la primera mujer en gobernar el Perú. “Mi primera invocación es convocar a la más amplia unidad y al diálogo”, dijo al asumir el puesto.

Se esperaba que Boluarte convocara a elecciones generales, como un Gobierno de transición. Pero la apurimeña no dio señales, crispando más el ambiente. Los simpatizantes de Castillo comenzaron a ver con malos ojos a la exministra de Desarrollo e Inclusión Social por una promesa incumplida: el 7 de diciembre de 2021, exactamente un año antes, en la plaza de Armas de Juliaca, Puno, Boluarte había dicho: “Si lo vacan, me voy con él”. Claramente había sido una declaración para la tribuna. El politólogo Eduardo Dargent lo sintetiza en una frase: “No entendió el momento histórico”.

Quienes habían depositado su confianza en Castillo se lanzaron a las calles durante los siguientes tres meses de forma continua. Las protestas emergieron de la serranía sur, de los departamentos más empobrecidos y olvidados por el Estado, y luego se trasladaron a Lima. El Gobierno se atrincheró y dispuso una política represiva de las fuerzas del orden. Según la Defensoría del Pueblo, 68 personas perdieron la vida en el marco de las movilizaciones (49 de ellos civiles) a causa de heridas mortales por proyectiles de fuego y bombas lacrimógenas.

Diversos organismos internacionales han emitido varios informes en rechazo a los asesinatos. “Podría calificarse como una masacre…hubo uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”, manifestó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ONG Human Rights Watch, por su parte, señaló que “se cometieron ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias” y denunció una “posible negligencia e incluso complicidad” de parte del Gobierno de Boluarte ante los abusos. La presidenta lejos de admitir responsabilidades ha culpado a los propios manifestantes de sus muertes. En septiembre pasado dijo: “Quienes han matado a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones fueron ellos mismos porque de esa manera querían doblegar a un Gobierno constitucional, a un Gobierno democrático”.

El gran logro que los analistas le reconocen a Boluarte es la sobrevivencia. Permanecer en el poder a pesar de no contar con la legitimidad de la población ni tampoco con una bancada en el Congreso. Una encuesta de Datum Internacional revela que el mes pasado la mandataria alcanzó su pico de desaprobación: 84% de los peruanos no está conforme con su gestión. Se trata de una desconfianza y un malestar generalizado hacia los funcionarios, las instituciones públicas y las agrupaciones políticas. La desaprobación de Alberto Otárola, primer ministro y principal parachoques del Gobierno, es de 74%, de acuerdo a un sondeo, también de noviembre, de la encuestadora Ipsos. Según este mismo estudio, el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, registra un descontento similar: solo el 10% apoya su labor. El Congreso en su conjunto compite en números rojos con Boluarte: 82%. El mismo Congreso que ha rechazado el adelanto de elecciones en reiteradas ocasiones.

En estos doce meses las relaciones diplomáticas del Perú con varios de sus vecinos de la región se caracterizaron por las asperezas, la tensión y los desplantes. La larga tradición de relaciones bilaterales con México, Colombia y Honduras quedó reducida a encargados de negocios. Boluarte anunció el retiro definitivo de los embajadores nacionales en los tres países por una serie de desencuentros con sus Jefes de Estado. En particular con el mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien se ha negado a reconocer su investidura y la tildó de “presidenta espuria”. La fractura ha sido tal que en agosto México le traspasó la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a Chile por un mes para evitar el protocolo directo con Perú.

En el segundo semestre del año, el Ejecutivo se propuso maquillar su alicaída imagen en el extranjero a través de los viajes de Boluarte, quien a través de un dictamen obtuvo la autorización para despachar de forma remota desde el extranjero a pesar de no contar con un vicepresidente que pueda suplir sus funciones en su ausencia. Su primera aparición en el exterior fue en la Cumbre Amazónica en Belém do Pará, en Brasil, en el octavo mes de su mandato. Sin embargo, el capítulo más embarazoso pasó a inicios de noviembre, cuando anunció una reunión bilateral con Joe Biden. Reunión que nunca apareció en la agenda del presidente de los Estados Unidos. Se intentó salvar la situación con unas fotos de Boluarte con Biden en los pasillos de la Casa Blanca, pero el hecho desencadenó la renuncia de la canciller Ana Cecilia Gervasi.

A fines de octubre, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, admitió que el Perú se encuentra en una recesión económica después de haber negado la realidad en los meses anteriores. Se estima que el Producto Bruto Interno cerrará en con un descenso del 0,2%, convirtiendo así al 2023 en el peor año desde 1999 sin tomar en cuenta la pandemia. En septiembre, la economía peruana se contrajo en un 1,29%, completando cinco meses a la baja. Entre las razones de la caída se encuentra la convulsión social, la inflación, y el fenómeno El Niño que en el 2024 amenaza con ser de fuerte intensidad. La inseguridad ciudadana es otro tema pendiente del Ejecutivo: según Datum Internacional, el 94% de peruanos señala que el Estado de Emergencia en distritos de Lima y regiones no ha funcionado.

La crisis más reciente aconteció esta semana, con la acusación hacia la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por liderar una presunta organización criminal junto a sus asesores que involucra a congresistas de diferentes bancadas. El mismo lunes 27 de noviembre Benavides acusó constitucionalmente a Boluarte, Otárola y otros ministros por el presunto delito de homicidio calificado por las muertes de los manifestantes que protestaron en su contra. Una denuncia tardía que el periodista César Hildebrandt explica así: “Nadie puede creer que a Benavides le ha brotado el sentido de justicia justo horas después de haber sido denunciada como cabecilla de una organización criminal. Su maniobra es inútil. Usted denuncia a su socia a ver si así salva el pellejo. Y su socia pedía su renuncia a ver si así se desinfecta. Las dos pertenecen a la misma calaña”.

Inestabilidad y crisis permanente suelen ser dos definiciones al vuelo para describir la realidad nacional de este país ingobernable. Pero basta con detenernos en la sabiduría popular de estos tiempos: los memes. Cada vez que llega diciembre, uno de ellos recorre las redes sociales: “Los peruanos siempre recibimos la Navidad con un nuevo presidente”. En efecto, como si se tratase de un regalo de Santa, en los últimos cuatro años ninguno ha sobrevivido a la Nochebuena. En el 2019 fue Martín Vizcarra, quien asumió tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski; en 2020, Francisco Sagasti, tras los cinco días de Manuel Merino; en 2021, Pedro Castillo y en 2022 Dina Boluarte. En Palacio prenden velas misioneras para frenar la tendencia. Aún falta la estrella del arbolito.