La carta de los demócratas de EE UU que presiona a Boluarte por las violaciones de derechos humanos en Perú

El jueves, mientras la presidenta de la República Dina Boluarte ultimaba detalles de su discurso por el 28 de julio, fecha en la que se conmemora la independencia del Perú, un grupo de quince congresistas demócratas de Estados Unidos le enviaron una carta al secretario de Estado Antony Blinken, la máxima autoridad de política exterior del gigante norteamericano. El propósito era alertarlo de lo que sucede en Perú, un país sumido en una convulsión social desde que Boluarte se cruzó la banda presidencial en diciembre pasado tras el fracaso de Autogolpe de Estado de Pedro Castillo.

EL PAÍS ha tenido acceso al documento, encabezado por Joaquín Castro (Texas) y Sydney Kamlager-Dove (California), demócratas del más alto rango en el Subcomité de Asuntos Exteriores del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes. El punto principal de la carta es “la falta de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad peruanas, responsables del uso desproporcionado y letal de la fuerza en contra de los manifestantes en los últimos meses que refleja la corrupción y la impunidad subyacentes que han socavado la democracia del Perú y contribuido a la desilusión política generalizada”. Entre diciembre y febrero, los meses más álgidos de las movilizaciones, fallecieron 49 civiles debido a la represión militar y policial, otros 11 civiles murieron por el bloqueo de carreteras y siete militares y un policía perdieron la vida en el contexto del conflicto. Las protestas se han reactivado desde el 19 de julio.

Los representantes de la Cámara consideran que, dada su profunda relación bilateral, “Estados Unidos tiene la responsabilidad de trabajar activamente con los líderes y la sociedad civil de Perú para garantizar que los responsables de las violaciones de derechos humanos rindan cuentas y así apoyar un proceso de reconciliación política”. No hacerlo sería “un punto de inflexión en la historia democrática del Perú y solo exacerbará la inseguridad en la región, alentará a los actores no democráticos y aumentará la migración irregular”.

En la carta —que también ha sido remitida a la embajadora de los Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna— enfatizan que el grueso de manifestantes “eran personas indígenas y rurales de regiones marginadas que enfrentan las tasas más altas de pobreza, discriminación y poseen un menor acceso a los servicios públicos”. Denuncian que a pesar de que la Defensoría del Pueblo describió que la mayoría de los manifestantes eran pacíficos, “los funcionarios peruanos insinuaron que eran delincuentes y terroristas”.

Los parlamentarios en el documento han hecho un listado de seis medidas que le solicitan al Departamento de Estado, el órgano responsable de las relaciones internacionales y la política exterior. El más drástico consiste en “coordinar con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para suspender temporalmente los ejercicios conjuntos o la cooperación con unidades de las fuerzas de seguridad peruanas, presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos, así como realizar una investigación sobre si dichas unidades recibieron asistencia de seguridad de parte de los Estados Unidos”. De comprobarse, exigen que “se restrinja la asistencia adicional”.

También instan al establecimiento de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en Perú para brindar asistencia legal y técnica para esclarecer los asesinatos, una recomendación que ya hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A su vez piden que se brinde apoyo a la Fiscalía de Perú para “garantizar investigaciones exhaustivas, rápidas e imparciales”. Les causa preocupación que el cabo de varios meses “el Gobierno peruano aún no haya tomado medidas significativas para responsabilizar a los perpetradores de estos abusos”.

Desde el despacho del congresista Joaquín Castro (Texas) relatan a EL PAÍS que “no ha habido una actualización pública sobre qué evidencia se ha recopilado o quién está siendo investigado y los miembros de la sociedad civil han expresado serias preocupaciones sobre la falta de transparencia y urgencia en el proceso”. “Un informe de Amnistía Internacional encontró que los responsables de la toma de decisiones en los niveles más altos también intentaron activamente ocultar las armas que se utilizaron para matar a los manifestantes”, continúan.

En otro fragmento de la carta se enumera una serie de hechos que involucran al Congreso peruano, una institución cuya desaprobación suele rondar el 90% en las encuestas. Denuncian la salida de la Defensora del Pueblo interina, Eliana Revollar a modo de represalia por haberse mostrado en contra de la “villanización hacia de los manifestantes de parte del gobierno” para elegir en su lugar a José Gutiérrez, un excongresista “sin experiencia ni conocimientos en derechos humanos”. También dejan constancia de su rechazo por el “reemplazo de seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional en un proceso que careció de transparencia y criterios claros para la selección de candidatos”.

Además de Joaquín Castro (Texas) y Sydney Kamlager-Dove (California), firman la moción Nanette Díaz-Barragán (California), presidenta del Caucus Hispano del Congreso; Raul M. Grijalva (Arizona), miembro del Comité de Recursos Naturales; Jim McGovern (Massachusetts), integrante del Comité de Reglas; Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York), del Caucus Hispano. Completan la lista Cori Bush (Misuri), Lloyd Doggett (Texas), Adriano Espaillat (Nueva York), Chuy García (Illinois), Hank Johnson (Georgia), Eleanor Holmes-Norton (Distrito de Columbia), Jan Schakowsky (Illinois), Melanie Stansbury (Nuevo México) y Juan Vargas (California).

En suma, los quince firmantes expresan “serias preocupaciones sobre las crecientes amenazas a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en el Perú” y “esperan que la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, vea el imperativo urgente de apoyar al pueblo peruano durante este momento crucial”.

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