Jan-Michael Simon: “Ortega no solo viola los derechos de los opositores, sino que alcanza a sus familiares”

La visión que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene de un país es clave para la calificación crediticia de un país en los mercados internacionales, y en su informe de 2023, la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo obtuvo calificaciones halagüeñas. El manejo de la economía nicaragüense fue avalado de nueva cuenta por la institución que apenas criticó, veladamente, temas como la corrupción o el inexistente Estado de derecho. Mientras tanto, los organismos multilaterales le siguen extendiendo préstamos que le permiten al Gobierno sandinista mantenerse a flote y sortear las sanciones impuestas por la comunidad internacional.

Para Jan-Michael Simon (Aachen, 57 años), presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, el FMI puede ser una institución clave para mejorar la grave crisis sociopolítica que atraviesa el país centroamericano. En el último informe presentado en febrero por el Grupo de Expertos, mejor conocido como GHREN por sus siglas en inglés, no sólo se alerta por la continuidad de las graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas en contra de personas nicaragüenses y extranjeras, sino que emiten una serie de recomendaciones para presionar al régimen sandinista en materia económica.

El Grupo –que en su primer informe señaló a los Ortega-Murillo de crímenes de lesa humanidad– es enfático con el FMI y recomienda invocar el artículo IV de la institución para evaluar cuestiones de gobernanza en la supervisión y el uso de los recursos, así como la relación entre la emigración, las remesas, el crecimiento del PIB y la participación de la mano de obra en Nicaragua. “Podría haber un efecto muy importante si se toma en cuenta la situación de derechos humanos”, explica Simon en esta entrevista con EL PAÍS, en la que además analiza el estado actual de Nicaragua, el mismo que muchos opositores catalogan como “totalitario”. El jurista denuncia “violaciones de derechos humanos por extensión”. Es decir, “el Gobierno de Nicaragua no solamente viola los derechos de las personas que considera opositores, sino que alcanza a los familiares de esas personas”.

Pregunta. En su primer informe concluyeron que Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, un señalamiento bastante grave, y que da la sensación que lo dijeron todo, pero en cambio ustedes siguieron investigando lo que ocurre en Nicaragua. ¿Por qué?

Respuesta. Simplemente porque una tipología de un régimen como el de Nicaragua responde a una lógica que tiene varias fases: la primera es cuando una oposición se manifiesta de tal manera, como sucedió en abril del 2018, y es contenida, controlada... Normalmente se hace por medio de la violencia descarnada, como asesinatos, torturas y detenciones masivas. Luego se pasa a una segunda fase, la de consolidar el poder y seguir con la neutralización de la oposición por medio de otras tácticas como ustedes lo han visto: centenares de desnacionalizaciones, persecuciones, confiscaciones, expulsiones y prohibición de entrar al país. Al mismo tiempo, se toman los últimos espacios que quedan para manifestarse de una manera crítica, como es el sector universitario, el campesinado organizado, las regiones autónomas de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Todo esto responde a la misma lógica y al mismo plan desarrollado ad hoc a partir de abril del 2018. Todas esas violaciones son parte del mismo ataque a la población civil y, por lo tanto, siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, aunque los hechos ya no son de una manera tan violenta como al principio.

P. El seguimiento del informe se titula Violaciones a los derechos humanos, a la libertad de circulación y la nacionalidad. E despojo de la nacionalidad es una medida represiva bastante inusual, del medievo, pero los Ortega-Murillo la han usado contra 317 nicaragüenses. ¿Cuáles son sus conclusiones?

R. Es un grupo selectivo de 317 personas al que el régimen considera como el núcleo duro de la oposición. Aunque dentro de estas personas también se encuentra gente no públicamente tan expuesta, están sobre todo los ex precandidatos presidenciales, líderes de sociedad civil y periodistas. Esto con el objetivo de quitarles la legitimidad formalmente de poder incidir en las políticas públicas del país. Esa es una manera muy drástica de demostrar que no tienen más nada que decir sobre la situación en Nicaragua. Esto no es válido frente a la ley, porque se trata de un acto arbitrario, con un objetivo no permitido bajo las obligaciones internacionales de Nicaragua. Y ahí, muy en particular, la obligación de la Convención de 1961 sobre la apatridia. O sea, hay literalmente una prohibición absoluta de despojar a una persona de su nacionalidad por razones étnicas, religiosas o políticas.

Ahora, ese es el acto formal de los 317, pero existen muchos nicaragüenses que, de hecho, se encuentran en una situación parecida. Es decir, la desprotección de una persona que no está despojada de su nacionalidad es mucho mayor. Me refiero a las personas que no pueden acceder al país, a los cuales no les dan apoyos consulares para renovar sus pasaportes y otro tipo de protecciones que suelen darse cuando uno es el nacional de un país. Esa cifra es muchísimo mayor a la de los casos visibles en este momento.

P. Esa apatridia de facto es un poco más compleja. ¿Qué podría hacer la comunidad internacional con ellos?

R. La comunidad internacional puede activar procesos de nacionalización, estatutos de refugio acelerados y otras medidas que les den, al menos, un mínimo estándar de protección que necesitan esas personas a las que de facto las autoridades nicaragüenses les quitaron su protección. Esto no es una obligación formal que tienen en este momento, sino más bien es un tema de la solidaridad que debe tener la comunidad internacional con las personas en general, y muy en particular las nicaragüenses que se encuentran en esta situación. Nicaragua no es el único país que tiene esas prácticas.

P. En su informe identifican la etapa actual represiva que lleva el Gobierno, pero organismos de derechos humanos nicaragüenses también hablan de una “represión extraterritorial”, sobre todo en Costa Rica, donde se ha registrado un intento de asesinato de un opositor y vigilancia a otros. ¿Logran identificar algo de eso?

R. En el informe actual no, pero lo que sí detectamos es el efecto extraterritorial que tiene la represión del Gobierno, que llamamos violaciones de derechos humanos por extensión. ¿Esto qué quiere decir? Que el Gobierno de Nicaragua no solamente viola los derechos de las personas que considera opositores, sino que alcanza a los familiares de esas personas que, incluso, en muchos casos se encuentran fuera del país... O se castigan dentro del país con medidas de represión, persecución, cárcel. El caso de la Miss Universo es solo uno entre varios. Los casos más complejos que hemos encontrado son los que implican niñas y niños, a quienes les impiden el reencuentro con sus familias. Impidiéndoles, por ejemplo, la emisión de pasaportes y permisos de salir del país, actas de nacimiento, etcétera. Es el efecto que vemos de violaciones por extensión. Son una manera muy drástica de reprimir a la propia población.

P. Da la sensación de que las sanciones no tocan partes medulares como la economía o los sectores económicos que mantienen al régimen. ¿Qué más puede hacer la comunidad internacional, a tu juicio, para ser más efectiva?

R. Yo estaría incluso yendo más allá de la región de América Latina. Está el caso de Irán, por ejemplo. Ha tenido sanciones mucho más tiempo y han tenido muy pocos efectos. Es que hay muchas posibilidades de usar mercados paralelos cuando se trata de sanciones de índole económica. Cuando se trata de índole individual, como lo ha hecho la Unión Europea y Estados Unidos, es diferente. Mientras que los sancionados no tengan recursos económicos fuera del país, tampoco viajes fuera, se trata de tener un efecto simbólico. Pero el efecto simbólico es importante en el sentido de que cuando rige la total impunidad, una sanción demuestra públicamente que la comunidad internacional amonesta el comportamiento de los gobernantes. Lo que sí puede ser más efectivo, y lo hemos abordado en nuestro informe, en las recomendaciones, es particularmente ver el comportamiento de instituciones financieras internacionales en cuanto a sus relaciones con el Gobierno de Nicaragua. Me refiero muy en concreto aquí al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y al Fondo Monetario Internacional.

P. Básicamente, el FMI dijo en su informe de 2023 que Nicaragua anda bien...

R. No lo dice tan literalmente. Pero el Fondo Monetario Internacional lleva a cabo consultas periódicas anuales previstas en el Artículo IV de su Convenio Constitutivo, también con Nicaragua. En el fondo, se trata de una evaluación del desempeño y riesgos macroeconómicos que se manejan bajo el concepto de “criticalidad macro”. El incentivo de someterse a esta evaluación y de hacer público su resultado va más allá de la solicitud de la utilización de recursos del FMI, ya que también tiene un efecto de indicación general para el mercado financiero internacional con respecto a la calificación crediticia de un país.

Un eje de evaluación del Fondo es la buena gestión de gobierno, el cual se basa en el marco de 2018 para reforzar la labor del FMI en esa materia. Este marco abarca todos los aspectos sobre la manera en que se gobierna un país, en particular, el respeto al Estado de derecho, y más en particular, la garantía del debido proceso legal, especialmente, relacionado con el derecho a la propiedad. Tomando en cuenta las masivas confiscaciones arbitrarias que se han dado en Nicaragua, en perjuicio de la gente despojada de su nacionalidad o de facto y de sociedades y organizaciones canceladas, uno podría preguntarse, ¿cómo el Fondo Monetario Internacional no tomó debidamente en cuenta este hecho al analizar y evaluar en su informe final la situación de Nicaragua en 2023? Podría haber un efecto muy importante si se toma en cuenta la situación de derechos humanos. Y es que una evaluación positiva en cuanto a los factores de “macro criticalidad”, que es exactamente el umbral que utiliza el FMI, tiene impactos más allá. Normalmente, las evaluaciones del Fondo son una certificación para los demás actores del mercado financiero internacional y sus políticas de financiamiento y de crédito a Nicaragua.

P. En Nicaragua se habla ya abiertamente de una transición dinástica familiar, impulsada por Rosario Murillo en favor de uno de sus hijos, Laureano Ortega. ¿Cómo ven esa transición con figuras que han cometido graves violaciones a los derechos humanos?

R. Sobre eso no tenemos ningún criterio concreto. Simplemente los que están implicados en las violaciones de derechos humanos no deberían jugar ningún rol político en el futuro, simplemente por ser violadores de derechos humanos. Deben más bien pagar por sus crímenes.

P. ¿Qué probabilidades reales hay en algún momento de llevar a los Ortega-Murillo, y a todos los que han estado implicados en los crímenes de lesa humanidad, a un banquillo de los acusados?

R. Primero: para esto uno necesita salir de su país. No sé si el señor Ortega y la señora Murillo seguirán en el territorio de Nicaragua. Uno puede abrir muchos procesos penales en tanto no haya jurisdicciones que tengan juicios en ausencia. Hay algunas jurisdicciones que sí lo hacen, como Francia e Italia, por ejemplo... Pero no habrá un proceso porque simplemente la persona acusada no estará en el territorio donde se llevan a cabo esos procesos. Lo que sí no necesitaría es que el señor Ortega, la señora Murillo y otros corresponsables de las violaciones viajen al extranjero es que el propio Estado de Nicaragua sea puesto en el banquillo de acusados. Y eso por la responsabilidad del Estado, muy en particular por las violaciones de sus obligaciones, de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y o la Apatridia. Eso se ha discutido ampliamente y el foro adecuado para eso es la Corte Internacional de Justicia.

P. ¿Qué efectividad tienen sus informes?

R. Una particularidad que tiene Nicaragua, y que lo podemos ver en este momento en Bielorrusia, es que ese tipo de informes no tienen un impacto inmediato... lo cual no quiere decir que no lo tenga en el futuro. Un buen ejemplo han sido los informes que en su momento se publicaron en el seno de Naciones Unidas en cuanto a la guerra civil en Guatemala, en donde sí hubo al menos parcialmente un caso. Y también acabo de mencionar que nuestros informes pueden tener un impacto aún indirecto por medio de evaluaciones del Fondo Monetario Internacional. O sea, el FMI puede hacer algo por la situación política de Nicaragua.

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