Perú: pacto corrupto y millonaria compra de armas

Curioso y preocupante el anuncio hecho, en días pasados, por el Gobierno del pacto corrupto en el Perú. Mientras su presidenta, Dina Boluarte, se sitúa, sostenidamente, en su “record mundial” de baja aprobación (3%). El medio estadounidense The Intercept publicó en octubre un informe especial sobre la presidenta Boluarte: varias encuestas semejantes la sindican como la presidenta más impopular a escala mundial.

Investigada por alegados delitos de corrupción y sin responder por la muerte violenta de más de 50 personas apenas Boluarte asumió la presidencia el 2022, está en el suelo su legitimidad y la del llamado pacto corrupto (entre su Gobierno y el desprestigiado Congreso). Pero lo curioso es que desde ese mismo Gobierno, en virtual colapso, se anuncian compras millonarias -e inmediatas- de armamento. Por casi 4.000 millones de dólares. Difícil saber qué es lo que se pretende,… salvo satisfacer apetitos de altos mandos por “comisiones”, como lo sospechan varios analistas. Mientras, quedan de lado de lado temas que debieran ser prioritarios. Como, por ejemplo, muy dolorosos.

La sinrazón

Mientras, el país explota por la desatención sanitaria ante el colapsado sistema de salud. O la masiva -y creciente- desnutrición infantil: el 40% de niños en el Perú (de 6 a 35 meses) sufre de anemia: 1.6 millones a nivel nacional. Que seguirán así sin una política pública para atenderlos.

Y, a la vez, enorme gasto armamentista, cuando no existe tensión ni amenaza de conflicto alguna. Con ninguno de los cinco países limítrofes del Perú (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador). Salta con prominencia, pues, esta extraña priorización por adquirir costos juguetes bélicos en desmedro de programas esenciales de salud o vivienda.

Tres cosas llaman, particularmente, a extrañeza.

Uno: como se sabe, no hay conflicto -o siquiera “tensión”- del Perú con ninguno de sus vecinos. La última “tensión” quedó resuelta en el acuerdo de paz Ecuador/Perú firmado en 1998, ejecutado sin dificultades mayores.

Más allá de esto, el hecho evidente es los países latinoamericanos viene siendo el grupo “estelar” en procesar cualquier conflicto o tensión limítrofe a través del derecho internacional. Son básicamente latinoamericanos los “viajeros frecuentes”, digamos, de la Corte Internacional de Justicia. Que es en donde se han procesado en los últimos años los diferendos intra-latinoamericanos sin que la sangre llegue al río. Destacan los cinco siguientes: Colombia contra Nicaragua (2001-2022); Honduras contra El Salvador y Nicaragua (2002-2007) límites marítimos en el Golfo de Fonseca; Chile contra. Perú (2008-2014), sobre límites marítimos; Costa Rica contra Nicaragua (2010-2018); Bolivia contra Chile (2013-2018).

Dos: la pobreza. Que sigue aumentando en el Perú, pese a que las exportaciones principales se sostienen, desde hace más de dos años, a precios record. Con ingresos fiscales extraordinarios, sólo la brutal impericia gubernamental actual puede explicar que, simultáneamente, aumente crezca la pobreza y se sufra en el Perú un colosal desastre en el sistema de salud pública, manteniéndose indemnes los altísimos niveles de desnutrición infantil.

Así, mientras el gobierno del pacto corrupto anuncia desde Lima un festival de compras millonarias de “juguetes bélicos”, la desnutrición infantil, que puede llevar a la muerte, continúa siendo masiva. Y creciente. Actualmente el 40.1% de los niños en el Perú, de 6 a 35 meses, sufre de anemia: 1,6 millones a nivel nacional. ¡Un escándalo! Afectando, directamente, el desarrollo cognitivo y conductual, generando limitaciones en el aprendizaje y la socialización. Mientras el Gobierno del pacto se pone de perfil como si con él no fuere la cosa.

Tres: por la grosera y sostenida corrupción que ha solido venir asociada a la compra de armamento en la historia reciente del Perú. Hay, digamos, lamentable “jurisprudencia” sostenida de ello.

Algo de historia. Mancho -o “guio”- la última compra importante de aviones caza, en la década de Fujimori/Montesinos (1990/2000): 18 interceptores MiG-29 y 18 de ataque a tierra Sukhoi Su-25. Todos usados, y comprados con sobreprecio entre 1996 y 1998. El gobierno de ese entonces pagó 536 millones de dólares. De ellos, 320 millones habrían sido en sobornos, según la justicia peruana. Que condenó a siete importantes funcionarios por el caso, incluyendo a Montesinos, quien aceptó haberlos recibido. Esto es historia, no una novela policial.

La sorpresiva, millonaria e insostenible nueva prioridad en el gasto público que hoy define por el pacto corrupto, ¿es sólo por cuestión de “comisiones” a las que podrían acceder algunos de los altos mandos castrenses? Podría ser la explicación.

Las prioridades: deben ser otras

Inaceptable que la anunciada compra de armas pase a tener preferencia y prioridad sobre exigencias dramáticas en salud pública, vivienda y educación. Decisión ilegítima y contraria a las urgentes necesidades de la población. Que debe ser la obvia y saltante prioridad. Y para lo cual existirían recursos presupuestales, si se reajustan las prioridades hacia lo fundamental: ¡la gente!

Empezando por la masiva desnutrición infantil, que puede llevar a la muerte. La solución/respuesta debería ser inmediata y eficaz. Con programas de suplementación nutricional, mejora del acceso a servicios de salud y educación para las familias. También, inversiones en infraestructura básica, como agua potable y saneamiento, especialmente en zonas rurales. Existen los montos fiscales que se requiere, reorientando partidas presupuestales para enfrentar el hambre y la desnutrición infantil.

En efecto, con el equivalente de 500 millones de dólares, se podría financiar un año completo de programas eficaces. Con cuatro objetivos medulares: 1) mejorar el acceso a servicios básicos (agua potable, saneamiento y centros de salud); 2) programas de educación nutricional; 3) suplementos nutricionales (hierro, zinc, vitamina A), y; 4) alimentos fortificados para niños menores de cinco años. Si se atiende específicamente a 700.000 niños con anemia, el costo sería de 35-70 millones de dólares al año.

Un programa integral para reducir significativamente la desnutrición infantil podría requerir entre 700 millones y 1.000 millones de dólares anuales. O si se decidiera que la prioridad debería ser el mejoramiento de la infraestructura de salud, con lo que se gastaría en esa compra de armamento podría construirse al menos 3-4 hospitales nuevos. De categoría A-1. Repercutiendo, cada uno, en la salud de millones de personas.

Para hacer todo esto tendría que quedar sin efecto el festival de adquisiciones bélicas anunciado.

Pronóstico reservado

Difícilmente es sostenible un régimen como el del pacto corrupto con la impopularidad masiva y creciente que tiene. Dentro de lo cual se adoptan, crecientemente, decisiones de escasa o nula legitimidad. La proyección y supervivencia política del pacto corrupto gobernante, sin embargo, podría ser de muy corta duración si se toma en cuenta.

Empezando por su discutible validez jurídica. La Constitución del Perú establece que “actos de gobierno ilegítimos o anticonstitucionales no tienen validez jurídica” (art. 45). Nada más ilegítimo que preferir las adquisiciones de juguetes bélicos dejando abandonada la salud y la educación del pueblo, con 40% de los niños en el Perú padeciendo anemia. ¿Y qué de esto?

En una sociedad democrática, el pueblo está premunido del poder implícito de ser soberano. Lo que no es, ni puede ser, un concepto retórico. Si “el poder del Estado emana del pueblo y que quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones que la Constitución establece” (art. 45 de la Constitución peruana), cualquier acto que usurpe el ejercicio del poder público es considerado nulo.

Ello ¿no podría legitimar la resistencia ciudadana contra un régimen que vulnera gravemente derechos como el derecho de acceso a la salud? Haciendo poco -o nada- contra una masiva desnutrición infantil con la que el 40.1% de los niños en el Perú, sufre de anemia: 1,6 millones a nivel nacional.

Grave que, ante esta dramática constatación, la autoridad gubernamental priorice gastos presupuestales en costosas -e inexplicables- adquisiciones militares. ¿Consecuencia? La Constitución (art. 46) establece el derecho a la insurgencia: “nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes”. ¿No quedaría legitimada, por esa norma, la desobediencia civil? Parecería claro que este artículo la legitima, frente a gobiernos -o conductas- no democráticas o ilegítimas.

Como dicen en Colombia “… amanecerá y veremos”. Pero el hecho es que el prácticamente nulo respaldo popular a la presidenta y el masivo repudio existente hacia el Congreso corrupto, hacen de la actual institucionalidad política en el poder un espacio precario e inestable. Dentro de lo cual, el hartazgo nacional, que se va acumulando, podría muy bien derivar en uno o varios estallidos sociales. Que traerían abajo la precaria -e inepta- institucionalidad del pacto corrupto.