Perú: alto precio de la corrupción y autocracia en el poder

Destaca el Gobierno de Dina Boluarte en Perú, y más aún el desprestigiado Congreso, por contar con una de las popularidades más bajas en toda América. Con un lastimoso 5% de aprobación y una desaprobación que supera el 90%, la inmensa impopularidad se expresa en uno de los momentos más graves de colapso de legitimidad del poder político. En el sur peruano, la situación es aún más crítica: el apoyo a Boluarte se ha reducido a 3%, mientras que su desaprobación ha escalado hasta 95%.

No es este dato, sin embargo, indicativo de una “tendencia regional”. No necesariamente por la variable popularidad/impopularidad de quien gobierna, sino porque el ritmo político latinoamericano reciente ha estado signado por uno de los más intensos rallies electorales en la región. Salvo Perú. Por todos los medios, Boluarte y el Congreso se han resistido a impulsar un adelanto de elecciones generales, las que regularmente se deberían llevar a cabo recién el 2026.

El 2024, en efecto, está siendo el punto culminante del super ciclo electoral 2021-2024. Con once elecciones presidenciales: Ecuador, Perú, Chile, Honduras, Costa Rica, Colombia, Brasil, Paraguay, Guatemala, Ecuador (por la salida adelantada del presidente Guillermo Lasso) y Argentina. Dentro de ello, el agudo analista Daniel Zovatto no soslaya algunas irregularidades graves. Por ejemplo, calificó como farsa electoral el proceso en Nicaragua el 2021 y la grosera inconstitucionalidad de la reelección de Bukele en El Salvador el 2024.

¿En perspectiva, qué? Las elecciones generales que deberían producirse en Perú en el 2026, encuentran un país polarizado. Y con todas las expresiones de poder político en los sótanos de su legitimidad. El Gobierno de Boluarte, guiado por una lógica autoritaria, es muy débil. No solo internamente, sino internacionalmente: confronta sistemáticamente al sistema interamericano de derechos humanos como solo lo hace un régimen autoritario.

No es casualidad, por ello, que el Perú de Boluarte comparta ahora con la Nicaragua de Ortega una poco honrosa calificación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: ser uno de los dos países de América considerados judicialmente en desacato por el tribunal interamericano. Junto con Nicaragua y Venezuela. Grave calificación como esa. Por hacer caso omiso y confrontar las decisiones vinculantes (obligatorias) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las que por el tratado del que son Estados parte son de obligatorio cumplimiento.

Por ejemplo, en el caso de Perú el régimen desconoció -y violó- la decisión del tribunal interamericano contra un indulto a Fujimori, condenado por graves violaciones a derechos humanos y corrupción. Boluarte lo indultó igual. Aunque irregularmente, por cierto. Su canciller anunció en diciembre del 2023 que no acatarían la decisión de la Corte Interamericana. Así de simple, en ostensible e innegable desacato. Sin fundamento jurídico alguno, por cierto.

La “caja de sorpresas”

En Perú ya se empezó a abrir una “caja de sorpresas” a propósito de las elecciones generales (ejecutivo y legislativo) a llevarse a cabo el 2026. Empezando por el reciente anuncio del autócrata Alberto Fujimori, de intentar postularse nada menos que a la presidencia de la república del Perú.

Condenado Fujimori por la justicia por graves violaciones a derechos humanos y corrupción cometidos durante su presidencia (1992-2000) y no por delitos menores. Con una larga lista de sentencias por hechos gravísimos de los que la justicia lo hizo responsable penal, la mera pretensión de esa postulación presidencial choca, Y frontalmente. No solo contra el ordenamiento jurídico, sino contra el sentido común.

Condenas por actos muy graves

Hay que recordar que las condenas impuestas a Alberto Fujimori por corrupción son variadas. Entre otros hechos, la entrega al asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos de 15 millones de dólares que se apropió del tesoro público antes de su fuga, y al uso de aproximadamente otros 12 millones de dólares destinados a sobornar dueños de medios de comunicación y congresistas que cambiaron de bancada.

Por estos casos Fujimori fue condenado. Pero no solo por ellos. Y también por las masacres a civiles (incluidos niños) en los hechos de La Cantuta, Barrios Altos y otros por las operaciones del escuadrón de la muerte gubernamental conocido como “Colina”.

¿No es japonés?

Tanto por la prohibición constitucional -que prohíbe postular a los condenados por delito doloso- como por la ley, Fujimori no puede aspirar a un cargo de elección popular. La ley lo prohíbe.

Que haya recibido del gobierno, irregularmente, el beneficio de un “indulto” -violando la legalidad interamericana- no cambia los hechos ni elimina la responsabilidad penal establecida judicialmente con todas las garantías procesales. Con un agravante: Fujimori aún debe 15 millones de dólares al Estado y la sociedad para pagar lo establecido judicialmente como reparación civil para las víctimas de los graves delitos de derechos humanos, incluidos menores de edad en el caso Barrios Altos.

El jurista y comunicador social César Azabache, ha destacado dos aspectos interesantes a propósito de la “caja de sorpresas” de este sorprendente anuncio de postulación del condenado anciano, que no es posible según las normas vigentes.

Por un lado, perplejidad. De que la hija de Fujimori -Keiko, tres veces derrotada en elecciones presidenciales- pretenda que la presidencia de la república sea entregada “a un hombre que ha sido reportado como gravemente enfermo para que la ejerza entre los 88 y los 93 años”. Azabache expresa: extraña manera de “acercarse” a la presidencia luego de sistemáticas derrotas electorales.

Recuerda Azabache un hecho importante, con posibles implicancias jurídicas: luego de su fuga a Japón el 2000, Alberto Fujimori postuló -mediados del 2017- a la Dieta (Legislativo) del Japón.

Perdió Fujimori las elecciones en Japón porque no reunió la votación necesaria. Pero hizo el proceso electoral completo. Como lo recuerda Azabache, ello suponía renunciar a su nacionalidad peruana ante las autoridades japonesas a la nacionalidad peruana en algún momento. No existe, hasta donde entiendo, otra manera de postular a un cargo en el Japón teniendo dos nacionalidades”. Como anota Azabache. “esa renuncia no se ha reportado. Cabe entonces la pregunta ¿es en este momento un ciudadano japonés con una renuncia a la ciudadanía peruana no presentada a las autoridades locales?”.

El hecho es que más allá de las calificaciones/descalificaciones “etarias” de este Fujimori anciano, el hecho es que la apuesta política de fondo, de acuerdo al análisis de Azabache, sería una fundamental: la preservación del esquema de ejercicio del poder actual. En concreto, que la presidencia siga siendo ocupada por alguien -como Boluarte- sin capacidad para tomar decisiones públicas independientes. Un esquema decorativo “semejante al que tenemos con la señora Boluarte” que dejaría el poder real en manos de los grupos que -como el fujimorismo-manejan el Congreso.

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