Daniel Ortega consuma su farsa electoral en Nicaragua

Nicaragua se dividió un poco más tras la votación de este domingo. El país centroamericano no eligió entre uno u otro partido, sino entre avalar o no con su participación las elecciones para renovar un cuarto mandato consecutivo de Daniel Ortega. En un contexto de detenciones masivas, exilio y represión, la oposición a Ortega protestó quedándose en casa como si la cita electoral no existiera. El líder sandinista apenas cuenta con un 19% de apoyo según las encuestadoras serias. Pese a todo, el organismo electoral divulgó la madrugada de lunes —hora local— los resultados que otorgaban un respaldo del 75% a Ortega, con una participación del 65%. Cifras que contrastaban con la escasa afluencia detectada en los colegios durante la jornada electoral. Frente a los datos del régimen, la organización Urnas Abiertas difundió que, según sus 1.450 observadores repartidos por el país, la abstención fue del 81,5% en promedio.

La convocatoria fue considerada una farsa por la oposición y por la mayoría de los países de la comunidad internacional. “No podemos llamarlas ni elecciones”, ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares. “Lo que se ha realizado en Nicaragua ha sido una burla al pueblo de Nicaragua, a la comunidad internacional y a la democracia”, ha añadido. Tras subrayar que las elecciones “no han sido libres, justas ni competidas”, ha recordado que los líderes de la oposición que querían presentarse están en la cárcel y ha exigido su inmediata liberación. Albares retiró a la embajadora de España en Managua el pasado 12 de agosto y ha expresado su intención de plantear a sus homólogos de la UE la imposición de nuevas sanciones al régimen de Ortega, una vez consumado el fiasco electoral. Un total de 14 personas del entorno del líder nicaragüenses están ya sancionados con la congelación de activos y la prohibición de entrada en la UE, informa Miguel González.

No obstante, durante toda la jornada el domingo el esfuerzo del Gobierno sandinista fue tratar de imponer una narrativa de normalidad democrática y gran afluencia en los colegios electorales. Desde primera hora de la mañana los canales oficiales desplegaron todos sus medios tratando de mostrar un país votando en paz que abarrotaba las urnas para participar en la “fiesta cívica”. Las televisiones utilizaban para ello planos cerrados y más de un periodista pasó apuros cuando en las primeras conexiones no encontró ningún votante a quien entrevistar cuando desde el estudio le daban paso en directo.

Grupos tan dispares como estudiantes, campesinos o empresarios se habían unido este domingo para pedir a la población que se quedara en casa, que no saliera a pasear, que no usara el coche, que no fuera a restaurantes ni saliera a hacer deporte. Nada que demostrara normalidad. Al mismo tiempo que la propaganda oficial difundía largas filas frente a las urnas, los medios de comunicación independiente transmitían imágenes con calles y plazas vacías y colegios desangelados en señal de desprecio a unos comicios considerados una “pantomima” por Estados Unidos. El presidente Joe Biden calificó de “autócratas” a la pareja Ortega-Murillo y anunció también una embestida internacional contra el sandinista. “Estados Unidos, en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestro alcance para apoyar al pueblo de Nicaragua y exigir responsabilidades al gobierno de Ortega-Murillo y a quienes facilitan sus abusos”, dijo este domingo. “Cerraron los medios de comunicación independientes, encerraron a periodistas y miembros del sector privado y amedrentaron a las organizaciones de la sociedad civil para que cerraran sus puertas”, le dijo a la pareja presidencial.

La realidad es que a falta de líderes políticos debido a su encarcelamiento, las organizaciones civiles y los medios de comunicación como Confidencial, 100% Noticias o Divergente son el rostro con el que se identifica el 65% de los nicaragüenses que según la encuestadora Gallup rechaza a los Ortega. Todos ellos destacaron su sorpresa ante la soledad en la calle y el desprecio a la votación en un pueblo que disfruta votando desde que terminó la guerra civil con tasas de participación más altas de lo habitual en la región.

El miedo a que triunfara la huelga encubierta hizo que la policía suspendiese la ley seca, la prohibición de vender alcohol durante la jornada electoral, con la única intención de promover cierta vida en las calles con bares y cantinas trabajando con normalidad.

Sin embargo, pocas cosas eran normales en Nicaragua este domingo. Hasta última hora el régimen no levantó el pie. Entre el viernes y el domingo fueron detenidas 21 personas de nueve departamentos distintos según el Observatorio ciudadano y la organización Urnas Abiertas, que monitorearon el proceso. La Alianza Cívica, una coalición de oposición, denunció “hostigamiento, vigilancia, intimidación, asalto, ataques, detenciones ilegales y arbitrarias” de algunos de sus líderes. Cuatro de ellos fueron liberados horas después, pero 16 seguían encarcelados al terminar el domingo. Paralelamente, grupos de motorizados y paramilitares fueron grabados en las calles de Managua tomando fotos y registrando los movimientos de los pocos opositores que actúan con cierta libertad.

Las votaciones se celebraron con siete candidatos detenidos, entre ellos Cristiana Chamorro, a la que las encuestas daban como gran favorita para ganar por goleada a Ortega. Tres partidos fueron ilegalizados y más de 30 líderes civiles y políticos de diferentes corrientes, entre los que hay empresarios, campesinos, estudiantes, defensores de derechos humanos, analistas o periodistas siguen encarcelados en El Chipote desde hace cinco meses. La última encuesta de Gallup señala que el 65% de la población dijo que en caso de elecciones libres votaría a cualquiera cosa que no fuera Ortega y solo el 19% dijo apoyar al comandante sandinista.

Las elecciones se celebraron sin observadores internacionales y el Centro Carter señaló que la elección no reunió los requisitos mínimos para considerarse como tal. Mientras esto sucedía, medios como el Washington Post, Wall Street Journal o Le Monde, BBC y TVE se agolpaban en la frontera con Costa Rica ante la imposibilidad de acceder al país para informar. Todos ellos o fueron expulsados o se les prohibió la entrada.

“Yo o la guerra”

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ejercieron el voto en el centro de Managua. El mandatario y la copresidenta, como ha sido nombrada, avanzaron entre los aplausos de los espontáneos y en pocos minutos abandonaron el lugar en un Mercedes Benz. Poco después, el presidente obligó a las cadenas de radio y televisión a conectar un discurso de 45 minutos en el que acusó de golpistas y terroristas a los opositores al tiempo que criticó las sanciones estadounidenses.

Durante su intervención, Ortega se dibujó como el único capaz de mantener la paz en un país acosado por el terrorismo. “Hay quienes optan por la guerra, la violencia, el terrorismo y las calumnias. Quieren que el país se vea envuelto en un enfrentamiento violento y en una guerra como la que se ha vivido a lo largo de la historia. La guerra no deja escuelas, la guerra no construye hospitales, no construye carreteras (…) Que el pueblo no se tiña de sangre. Ahí está el voto para evitarlo”, advirtió Ortega en la cadena nacional, aún con las urnas abiertas. “Las elecciones son un compromiso de los nicaragüenses de votar por la paz y no por la guerra”, añadió entre más aplausos. Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro insistió en el discurso oficial al afirmar que “votar este domingo en Nicaragua es votar por la paz”, al tiempo que felicitaba a Ortega “de antemano”.

Sin embargo, a pesar del aire triunfalista, el día después a las elecciones pinta peor que ayer para Nicaragua. A la crisis política y social que debe gestionar, el régimen de Ortega suma el paquete de sanciones económicas que Estados Unidos prepara contra Nicaragua. En los próximos días se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firme la entrada en vigor de la conocida como Ley Renacer y que permite torpedear los préstamos de las instituciones financieras o revisar el Tratado de Libre Comercio (Cafta).

Nicaragua exporta a Estados Unidos el 62% de sus productos e importa a precios preferenciales el 30% de lo que consume, por lo que una posible cancelación del Cafta colocaría al país al borde del colapso y el desabastecimiento. Una aplicación estricta de las sanciones económicas agudizaría la situación del segundo país más pobre del continente después de Haití y provocaría un aumento de la emigración y las caravanas hacia Estados Unidos, otro de los grandes temores de la Casa Blanca.

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