Elecciones en Nicaragua: las claves de una votación donde no se elige nada
Este domingo, los nicaragüenses no podrán elegir un cambio, pero en Nicaragua hay mucho juego. Respondemos algunas de las preguntas más frecuentes sobre los comicios
En 2018, cuando las calles de Nicaragua se llenaron manifestantes que exigían cambios después de diez años del Gobierno autocrático de Daniel Ortega y su esposa —y ahora copresidenta— Rosario Murillo, los gritos de los nicaragüenses que exigían mayores libertades fueron acallados a golpe de represión. En aquel momento, con cientos de civiles muertos y tras varias rondas de diálogo fracasadas, la esperanza de quienes disienten del régimen sandinista estaban puestas en 2021 como la posible fecha de un cambio político.
Este domingo 7 de noviembre debían celebrarse unas elecciones presidenciales, pero el Gobierno de Ortega ha cerrado la contienda encarcelando a sus potenciales rivales políticos y con una campaña de miedo que ha vuelto a lanzar a miles al exilio. Este domingo, los nicaragüenses no podrán elegir un cambio, pero en Nicaragua hay mucho juego. Estas son las claves de una votación:
¿Qué se vota este domingo en Nicaragua?
Estamos ante las elecciones generales más atípicas de Nicaragua desde 1990, cuando Violeta Chamorro obtuvo una holgada victoria electoral: no hay competencia electoral, porque todos los precandidatos presidenciales están presos. Lo que presenciaremos será más parecido a lo que sucede en regímenes de partido único, como Cuba o Corea del Norte, donde quienes supuestamente compiten con el oficialismo son partidos y candidatos comparsas, aprobados de antemano en este caso por el poder de Ortega.
Sobre el papel, en esta elección se elige al presidente y vicepresidente de Nicaragua, 90 diputados de la Asamblea Nacional y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Pero en la práctica, el oficialismo está recurriendo a unos comicios fachada para garantizar la permanencia en el poder de la pareja presidencial.
¿Por qué se consideran las elecciones una “farsa”?
Ortega y Murillo eliminaron, a través de leyes confeccionadas de antemano, a todos los precandidatos presidenciales que representaban un peligro para ellos en las urnas. Una encuesta publicada por CID-Gallup a mediados de octubre reveló que el 65% de los consultados votarían por cualquiera de los siete aspirantes opositores arrestados —Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora, Arturo Cruz y Noel Vidaurre— antes que por el presidente, mientras que sólo un 19% lo haría por Ortega.
Esos resultados muestran la caída del oficialismo desde 2018, cuando las protestas sociales fueron reprimidas con brutal violencia y se instauró un estado policial de facto aparejado con persecución. A eso se le suma el mal manejo de la pandemia y la radicalización total de la represión a partir de junio de 2021, fecha en la que 40 líderes opositores, periodistas y miembros de sociedad civil críticos con el Gobierno fueron capturados. En la práctica, eso significa la anulación total de la competencia por lo que la oposición la considera “una farsa y un circo”.
Además, los comicios tampoco cumplen con los estándares de transparencia ni credibilidad. Sobre el sistema electoral nicaragüense pesan denuncias de fraudes las elecciones municipales y generales celebradas entre 2008 y 2021. En todos esos comicios, Ortega consolidó un mecanismo para consolidar su poder. En la actualidad no existe un Consejo Supremo Electoral (CSE) independiente, ya que todos los magistrados recién nombrados en una cosmética reforma electoral son afines al gobierno. Tampoco habrá observadores electorales porque la reforma a la ley electoral los prohibió.
En resumen: con todos los precandidatos opositores presos, un estado policial, y únicamente partidos insignificantes que no tienen respaldo popular en las papeletas haciendo frente a Ortega, la ciudadanía no podrá elegir a sus autoridades libremente.
¿Qué otros candidatos habrá en las papeletas además de Daniel Ortega?
Además del nombre de Daniel Ortega, en las papeletas habrá otros de “candidatos comparsa”, totalmente desconocidos para la ciudadanía en Nicaragua. Así es como se conoce a los postulantes que surgieron de un día para otro y sin hacer ningún tipo de campaña para rellenar los espacios que dejaron los precandidatos apresados. También se les conoce tradicionalmente como partidos “zancudos” porque, sabiendo que no tienen ninguna posibilidad de ganar, los líderes de estos partidos se postulan o postulan a algún allegado o miembro de su familia para obtener un escaño en el Estado y un reembolso económico por los votos recibidos.
De hecho, este año en la contrarreforma que aprobaron en mayo los magistrados electorales obedientes a Ortega eliminaron el techo mínimo del 4% que debían alcanzar los partidos políticos para ser sujetos de reembolsos. Según la nueva ley, el Estado reembolsará a los partidos por la cantidad de votos recibidos, sin importar que estos representen un número insignificante. En las últimas elecciones presidenciales de 2016, solo tres de estos seis partidos políticos “zancudos” alcanzaron más del 4% de los votos y otro participó en una alianza electoral con el Frente Sandinista.
¿Quiénes son los opositores arrestados?
La periodista Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, la artífice de la peor derrota en las urnas de Ortega en 1990.
El politólogo Félix Maradiaga; el economista Juan Sebastián Chamorro; el líder campesino Medardo Mairena; el periodista Miguel Mora; el exembajador del sandinismo en Estados Unidos Arturo Cruz; y un viejo político que ha aspirado varias veces a la presidencia, Noel Vidaurre.
¿Qué ha dicho la comunidad internacional?
La comunidad internacional ha ofrecido una respuesta beligerante a las elecciones de Ortega. La Unión Europea las ha catalogado de “fake” (falsas), y la Organización de Estados Americanos (OEA) como “una parodia”. Mientras que Estados Unidos aprobó la Ley Renacer, que establece aplicar mayor presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de cara a su perpetuación en el poder este domingo. La normativa fue aprobada con 387 votos a favor y 35 en contra. Ahora solo falta que el presidente Joe Biden la firme para que entre en vigencia. También en las manos del mandatario estadounidense está valorar la participación de Nicaragua en el acuerdo comercial Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta). La Unión Europea también anunció que endurecerá sus sanciones.
¿Qué se espera después del domingo?
Es probable que, después de que Ortega se vuelva a proclamar presidente el domingo para su tercer mandato consecutivo, se multipliquen las declaraciones de ilegitimidad por parte de la comunidad internacional. Esto implicará más sanciones, pero a la vez, probablemente, más represión para los nicaragüenses. Y, como se ha demostrado en los últimos años, la represión política suele ir acompañada de migración forzada, un fenómeno que ya está en crecimiento, impulsado también una economía en declive.
Por otra parte, muchos analistas prevén que el Gobierno intente calmar a la comunidad internacional con el anuncio de un diálogo con la oposición, aunque es probable que sea con opositores o sectores escogidos a su medida por él y que no representen un verdadero contrapeso.
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