Dina Boluarte cumple 500 días en el poder con el rechazo del 88% de la ciudadanía tras el ‘Rolexgate’

En Perú, un país que en los últimos 24 años ha tenido 11 jefes de Estado, quienes se cruzan la banda presidencial, difícilmente gozan de popularidad en las encuestas. Dina Boluarte, la primera presidenta del país andino, no es una excepción: la aprobación de la presidenta está en el punto más bajo de su mandato. La abogada cumplió el sábado 500 días en el poder, tras reemplazar, en diciembre de 2022 y por sucesión presidencial, a Pedro Castillo. Y los sondeos más recientes, de este mes, no son un obsequio para Boluarte: apenas el 7% de peruanos aprueba su gestión, según Datum Internacional. No solo es la peor cifra para la mandataria, rechazada por casi nueve de cada diez ciudadanos (88%), sino que representa la caída más profunda en dos décadas para un mandatario en el Perú. Ninguno había sido tan impopular desde la presidencia de Alejandro Toledo (2001-2006). En su momento, Toledo encabezó la lucha contra la dictadura de los noventa y encarnó la reivindicación del mundo andino, lo que capitalizó con una aprobación cercana al 60% que posteriormente se derrumbó debido a las promesas incumplidas y a varios escándalos de corrupción.

Por su parte, Boluarte nunca ha representado ninguna esperanza de cambio. Llegó al Palacio de Gobierno repentinamente, sin elecciones, tras el autogolpe fallido de Castillo. Se pensó que el suyo sería un Ejecutivo de transición, pero no ha sido así. Y la resistencia de Boluarte a convocar elecciones ha desatado una crisis social que se ha prolongado durante meses. El máximo de apoyo ciudadano que ha conseguido ha sido del 20%, durante el primer trimestre de 2023. Desde entonces, ha ido en caída libre. Además, desde hace poco más de un mes, la presidenta es cuestionada también por una colección de relojes de alta gama y joyas que posee y sobre los que ha dado distintas versiones. Su falta de claridad solo ha incrementado las sospechas ante un presunto enriquecimiento ilícito por el que es investigada por la Fiscalía. Ni con tres mensajes a la nación dedicados al asunto, la apurimeña ha podido sacudirse del embrollo.

Basándose en su impopularidad, el analista político Gianfranco Vigo establece una comparación entre Boluarte y Toledo: “Ambos exhiben un gran problema de credibilidad. En más de una oportunidad, al expresidente Toledo se lo calificó como un mitómano por no reconocer a su hija [la politóloga Zaraí Toledo], negar a sus sobrinos [vinculados a actos de corrupción] e inventar historias estrambóticas [denunció haber sido secuestrado y drogado para ser llevado a una orgía]. La presidenta Boluarte también está quedando ante la opinión pública como una mentirosa, en tanto las respuestas que ha dado al escándalo sobre los Rolex son inverosímiles”. Bajo la perspectiva de Vigo, otro aspecto que ha erosionado su mandato ha sido su escasa capacidad para impulsar políticas públicas eficientes. “La población ve que este Gobierno es incompetente y que va en piloto automático”, agrega.

¿Qué sostiene entonces a una presidenta rechazada por la ciudadanía? Boluarte ya ha superado los 497 días que Castillo permaneció en Palacio. De acuerdo con un análisis del diario El Comercio, la abogada no lo ha hecho mucho mejor que el maestro sindical: solo ha impulsado 45 proyectos de ley relevantes en comparación con los 91 de su predecesor. Desde su toma de posesión hasta la fecha, suma 52 ministros para 18 ministerios, una cantidad de cambios desmesurada que genera una sensación de inestabilidad.

El Congreso, sin embargo, no se ha comportado de la misma manera con ambos mandatarios. A Castillo le censuraron a cuatro ministros; a Boluarte, solo a uno. Además, la Cámara ha rechazado la iniciativa para el adelanto de elecciones en tres ocasiones. Hace unas semanas, también ha revocado dos mociones de vacancia en contra de Boluarte, promovidas por las consecuencias del llamado Rolexgate y la opacidad de su patrimonio.

“Boluarte es el rostro de una coalición autoritaria compuesta por partidos políticos de diversas tendencias ―que buscan que se realicen todos los cambios legislativos posibles que les permitan garantizarse el triunfo electoral en el futuro― y grupos de poder económico, interesados en sacar todo el provecho posible del Ejecutivo”, explica la politóloga Paula Távara el origen del blindaje a la presidenta. “No se trata, pues, de interés en sostener al Gobierno como tal, sino de aprovechar la oportunidad de cooptar el Estado. El único apoyo que le interesa a Boluarte es el de los grupos políticos que la sostienen y le garantizan impunidad, no el de la ciudadanía”, agrega. De las palabras de Távara se puede inferir que se trata de un pacto entre el Ejecutivo y el Legislativo para sobrevivir hasta 2026.

A pesar de no contar con una bancada ―la presidenta fue elegida bajo las siglas del partido de izquierda Perú Libre―; Boluarte cuenta con el aval de las agrupaciones políticas con más representantes en el Parlamento: la fujimorista y ultraconservadora Fuerza Popular y Renovación Popular (de extrema derecha). De hecho, el apoyo de Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del dictador, es clave para el Ejecutivo. De ahí que se entienda la defensa del ministro de Justicia, Eduardo Arana, a la excarcelación del dictador Alberto Fujimori en diciembre. Esta semana, Arana ha respondido, en nombre del Gobierno, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había mostrado su oposición a la liberación del autócrata. Así, sostuvo que desde el Ejecutivo se “apegaron a los principios de legalidad y justicia” al respetar la decisión del Tribunal Constitucional de Perú, que defendía la liberación, a pesar de que esta contravenía a la Corte IDH. “Desde el Gobierno promovemos el respeto recíproco entre la soberanía y la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instando a la consideración respetuosa de las decisiones judiciales internas y soberanas del Estado peruano”, invocó Arana.

En uno de sus actos públicos más recientes, en un hospital de Lima, Dina Boluarte recibió uno de sus abucheos más sonoros. Su respuesta no fue conciliadora: “Esos gritos contra la patria no nos van a detener. Acá no hay espacio para odios, acá no hay espacio para mediocridades”. Tras la salida de Alberto Otárola, ex primer ministro y principal pararrayos de la presidenta, esta no encuentra un nuevo alfil de alto calibre y, mucho menos, que pueda tender puentes. Además, los colectivos que representa a los familiares de los asesinados y víctimas de la violencia policial de los primeros meses de su mandato han anunciado una movilización nacional para el 1 de mayo en Lima. Parece que se avecinan nuevas tensiones para Boluarte.

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