Keiko Fujimori: historia de una caída

La estrella de Keiko Fujimori parece apagarse. Hace solo un año, la líder de Fuerza Popular —el principal partido de oposición en Perú— era la persona más poderosa del país. Aunque había perdido la presidencia a manos de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), su amplio triunfo en la primera vuelta de las elecciones generales de 2016 le había conferido el control del Congreso, con una mayoría de 73 parlamentarios sobre 130. Esto le dio una fuerza descomunal que empleó para fustigar al gobierno, llegando a producir la caída de Kuczynski.

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Hoy en cambio, la hija mayor de Alberto Fujimori —quien gobernó al país entre 1990 y 2000— ha perdido casi todo su capital político y, lo que es más importante, ha perdido su libertad. Esta semana, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó una orden de prisión preventiva en su contra, por presuntamente ser la cabecilla de una organización criminal cuyo propósito fue lavar el dinero que la constructora Odebrecht le entregó para las elecciones de 2011.

Keiko Fujimori llegó a la política de la mano de su padre, quien la nombró Primera Dama de la Nación en 1994. El colapso de aquel gobierno entre acusaciones por corrupción y violaciones a los Derechos Humanos llevó al fundador de la dinastía a fugarse al Japón y supuso un paso adelante para su heredera, que asumiría el liderazgo del movimiento fujimorista.

Su proyecto político no se vería detenido por la captura, extradición y condena de Alberto Fujimori a 25 años de prisión en Lima. Sería la congresista más votada en las elecciones de 2006 y postularía a la presidencia en 2011.

En esta campaña, Keiko Fujimori apeló al recuerdo del gobierno paterno —que una parte de los peruanos asocia con la estabilización de la economía y la victoria sobre la subversión— y jugó con la ilusión de excarcelar al ahora viejo y enfermo expresidente. Aunque estos mensajes le permitieron ganar la primera vuelta, terminaría siendo derrotada en la recta final por Ollanta Humala.

Para 2016, Keiko Fujimori había cambiado de estrategia. Intentando hacerse con el control absoluto de la organización partidaria, poco a poco se distanció de su padre y pareció perder interés en su liberación. Se hizo rodear de un hermético núcleo de consejeros que pareció animarla a concluir que, en cuanto saliera de prisión, Alberto Fujimori se convertiría en una amenaza para su liderazgo.

Perder esos comicios fue un revés que no consiguió digerir. Aunque otra vez partió como favorita, una nueva movilización electoral de último minuto permitió que Kuczynski le ganara por los pelos. La ofensiva total lanzada contra el gobierno estuvo motivada por esta frustración, mezclada con unos rumores sobre un fraude electoral que nunca fueron probados.

Estas demostraciones de prepotencia, acompañadas por unas formas poco democráticas, una desvergonzada alianza con cuestionados grupos de presión y una ausencia total de propuestas, mermaron la popularidad de Fujimori. Esta sensación se agravó cuando lanzó un primer intento de vacancia contra PPK, en diciembre de 2017. Éste sobrevivió inesperadamente, gracias a una alianza con Kenji Fujimori —hermano menor de Keiko, con quien llevaba tiempo enfrentada— que le facilitó los votos que controlaba dentro de la bancada. A cambio, Kuczynski indultó a Alberto Fujimori.

La maniobra fracturó Fuerza Popular, pero no evitó que el Presidente perdiera el cargo. Acorralado por un nuevo proceso de vacancia y por graves denuncias de compra de votos para evitarla —en las que estuvo involucrado Kenji Fujimori—, Kuczynski debió renunciar tres meses después.

La victoria de Keiko Fujimori parecía total. Había consumado su venganza contra PPK y en su lugar había instalado al primer vicepresidente Martín Vizcarra, que parecía condenado a servirle como un mequetrefe. Encima había despachado a su hermano Kenji, suspendiéndolo como congresista y acusándolo penalmente, lo que resultaba un triunfo definitivo sobre su padre.

Pero Fujimori había dejado abierto el frente judicial, donde afrontaba acusaciones por lavado de activos, una de ellas vinculada con la empresa Odebrecht. Por si no bastara, a mediados de julio se destapó la existencia de una mafia de jueces y fiscales en el puerto del Callao —el más importante del Perú— cuyos vínculos con Fuerza Popular terminaron por quedar expuestos.

Aprovechando esta coyuntura, el Presidente Vizcarra ofreció un mensaje a la nación donde insistió en la necesidad de una lucha sin cuartel contra la corrupción. El fujimorismo en cambio apareció blindando a los magistrados de esta organización criminal. La aprobación de Vizcarra saltó al 61%, mientras Keiko Fujimori cayó hasta el 10%.

Encabezadas por el fiscal José Domingo Pérez, las investigaciones por lavado de activos no dejaron de avanzar. La tesis era que Fujimori se había servido del partido para disfrazar una donación de la «Caja B» de Odebrecht, disponiendo que el dinero entrara a la campaña en pequeñas cantidades, gracias a aportantes y eventos públicos falsos.

Durante las audiencias para definir el pedido de prisión preventiva, Pérez presentó las confesiones de la cúpula de Odebrecht y varios testimonios protegidos. Uno de estos provino de un miembro de la élite fujimorista, que había tomado parte en la operación de encubrimiento de fondos. De su teléfono se extrajo un chat donde Keiko Fujimori aparecía coordinándose con sus asesores y congresistas más leales para atacar al fiscal que la investigaba. Tomando todas estas pruebas en cuenta, el juez Concepción Carhuancho dictó la prisión preventiva por 36 meses.

Con su líder fuera de juego, la incógnita ahora es lo que pasará con Fuerza Popular. Todo haría pensar que en sus filas se ha iniciado una desbandada, con algunas renuncias sumadas a los pedidos de licencia partidaria del presidente y los tres vicepresidentes del Congreso. Lo más lógico sería que este proceso de implosión se acelerara ahora que Keiko Fujimori está detenida, luego de mostrarse incapaz de limpiar la imagen antidemocrática y delincuencial del movimiento que su padre fundó hace casi 30 años.