Keiko Fujimori: de la política a los tribunales

A Perú no le hacía falta una noticia tan explosiva como la detención preliminar de Keiko Fujimori —líder de Fuerza Popular, partido opositor que controla el Congreso— para vivir en un clima enrarecido. El país lleva meses experimentando una agitación que resulta sorprendente incluso para sus estándares. En este tiempo, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debió renunciar a la presidencia; junto con él, las principales figuras de la política fueron vinculadas a la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht; quedó al descubierto una grotesca mafia de jueces, fiscales, políticos y empresarios que controlaba a su arbitrio el Poder Judicial del puerto del Callao, el más importante de la nación, y al expresidente Alberto Fujimori le concedieron un indulto presidencial que un juez supremo terminó por revocar.

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No se vivía una situación tan vertiginosa desde la caída de Fujimori en el año 2000, entre graves denuncias de corrupción y violaciones de los derechos humanos. La relativa estabilidad que acompañó a aquel proceso de limpieza nacional —liderado por el presidente de transición Valentín Paniagua— terminó empañándose en los siguientes Gobiernos. Según la declaración que Marcelo Odebrecht ofreció a la justicia de los Estados Unidos, su empresa campó a sus anchas en los sucesivos períodos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

El descontento de la población por la ineficiencia y la deshonestidad de sus autoridades hizo volver las miradas al fujimorismo. A pesar de los crímenes que condujeron a Fujimori a la cárcel, su gestión despertaba añoranza entre los sectores que lo asociaban con la estabilización de la economía y la victoria sobre Sendero Luminoso, el grupo subversivo que sembraba el espanto en la nación.

Hija mayor y heredera política de su padre, Keiko Fujimori supo aprovechar ese sentimiento para reconstruir el capital político familiar. De pronto el apellido Fujimori recuperó su predicamento y Keiko estuvo cerca de ganar las elecciones generales de 2011, que acabo perdiendo ante Humala por escasos dos puntos.

Todo parecía servido para que alcanzara la presidencia en 2016. Pero entonces otro sentimiento —el de quienes critican al Gobierno del patriarca familiar por sus crímenes y por pervertir las instituciones de la democracia peruana— volvió a impedírselo. Como le había pasado contra Humala, el antifujimorismo le arrebató a Keiko Fujimori el triunfo en segunda vuelta, permitiendo que Kuczynski fuera presidente por apenas 40.000 votos.

La reacción de la líder fujimorista por este nuevo revés fue de confrontación. Sus principales voceros reclamaron un fraude que nunca se preocuparon en demostrar y ella no tuvo la cortesía de saludar la elección de PPK. Habiendo ganado la primera vuelta por un amplio margen, su partido era dueño de la mayoría del Parlamento y se abocó a hostilizar al gobierno por todos los medios posibles.

Luego de acosar y censurar a varios ministros, su bancada planteó la vacancia presidencial. Kuczynski sobrevivió a ella firmando el indulto a Alberto Fujimori a cambio de los votos que Kenji Fujimori —congresista, hermano menor de la dinastía y enfrentado a Keiko— controlaba en el partido familiar. Esta transacción no impidió que PPK enfrentara una nueva vacancia solo tres meses después. Cuando se descubrió su antigua relación como consultor de Odebrecht, que no interrumpió las veces que le tocó ser funcionario público, se vio obligado a presentar su renuncia.

El fujimorismo se había anotado un gran triunfo. El vicepresidente Martín Vizcarra llegaba a suceder a Kuczynski en una situación extremadamente precaria y parecía condenado a ser una pura marioneta de los caprichos de Fujimori.

Pero al cabo de cuatro meses de asumir, el nuevo presidente plantó cara. Aprovechó el destape de la mafia de jueces y fiscales del Callao, que vino a sumarse al caso Odebrecht, para insistir en la necesidad de una lucha frontal contra la corrupción, que pasó a encabezar. En su mensaje a la nación del pasado 28 de julio anunció una serie de reformas constitucionales que chocaban contra los intereses del Congreso y consiguió que fueran llevadas a trámite al acompañarlas por un pedido de confianza que, de ser negado, podía facultarlo a cerrar el Parlamento.

Los reveses para el fujimorismo comenzaron a encadenarse mientras la temperatura política entraba en ebullición. Pronto la opinión pública vio con simpatía el desempeño de Vizcarra y lo premió con un salto en su aprobación que ha llegado hasta el 61%. La de Keiko Fujimori, en cambio, no ha dejado de caer. Sus ánimos de confrontación y su vinculación con algunos de los casos de corrupción más sonados de la actualidad —tiene abierto un proceso de lavado de activos que ha involucrado a la propia DEA, está incluida en el caso Odebrecht y sus vínculos con la organización de jueces y fiscales corruptos son bastante comprometedores— le han cobrado un alto precio: los últimos sondeos de popularidad registran un 83% de desaprobación, por solo 11% de aprobación. Celebradas el último domingo, las elecciones regionales y municipales han sido un nuevo revés: su partido no ganó ni una región y apenas habría alcanzado tres de las más de 190 provincias.

Pero el peor golpe contra Keiko Fujimori ocurrió este miércoles, cuando un juez ordenó su detención provisional por 10 días junto con otros 19 dirigentes fujimoristas. Se la acusa de estructurar su partido como una organización criminal que se dedicó a fraccionar las donaciones recibidas de Odebrecht en la campaña del 2011 para ingresarlos en su contabilidad con aportantes fantasma. Como ocurre en otros lugares, en el Perú la política comienza a definirse en los tribunales.