El Congreso peruano frena parte de las reformas de Vizcarra tras la orden de arresto de Fujimori
La mayoría fujimorista impone cambios de calado en los dos proyectos de ley que faltaban para las modificaciones a la Constitución, que irán a referéndum
Jarro de agua fría sobre las reformas para la regeneración política peruana. En un clima aún más enrarecido entre el fujimorismo y el Gobierno tras la anulación judicial del indulto y la orden de arresto del autócrata Alberto Fujimori, el Congreso aprobó este jueves, de madrugada, las dos reformas constitucionales pendientes. La luz verde a los cambios legislativos —a falta de un referéndum que se celebrará en diciembre—, en cambio, contiene cambios de calado: la bancada fujimorista introdujo modificaciones drásticas en los textos que, en la práctica, minimizan el espíritu de lucha contra la corrupción y de reforma política que emanaba del proyecto original.
El texto sobre la no reelección inmediata en el Congreso permite que los actuales parlamentarios postulen nuevamente a ese poder del Estado, a pesar de que el objetivo inicial del Ejecutivo de Martín Vizcarra era exactamente el contrario. Durante el debate, la congresista de Nuevo Perú (izquierda) Marisa Glave solicitó una disposición transitoria para prohibir que los actuales legisladores sean candidatos otra vez en 2021, pero la presidenta de la Comisión de Constitución, la fujimorista Rosa Bartra, denegó la petición.
El texto que aprobó finalmente la mayoría del fujimorista Fuerza Popular señala que "los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo período, de manera inmediata, en el mismo cargo", con lo cual podrán postular ad infinitum, pasando de senadores a diputados una vez que entre en vigencia la otra modificación constitucional que restablece la bicameralidad. Durante el debate parlamentario, la bancada del partido de Gobierno, Peruanos por el Kambio, anunció que no votaría a favor de dicho proyecto si mantenía la frase "en el mismo cargo", pero la mayoría fujimorista no dio su brazo a torcer y acabo siendo aprobada por una amplia mayoría.
La otra reforma constitucional, que ha recibido el visto bueno de 91 de los 130 congresistas peruanos, dispone la reinstalación de dos cámaras en el Congreso e indica que los miembros del Legislativo se llamarán parlamentarios. Esa es le coartada que las bancadas diferentes del fujimorismo creen que usarán los legisladores para volver a postularse al cargo en las elecciones generales de 2021.
El texto impuesto por la oposición transforma, también, una prerrogativa constitucional del Ejecutivo: el mecanismo de cuestión de confianza que permite a los presidentes cerrar el Congreso si este censura a dos gabinetes de manera consecutiva. Con el cambio, los ministros no podrán presentar individualmente la cuestión de confianza. El fujimorismo eliminó, además, la obligación de los parlamentarios de presentar una declaración jurada de intereses como muestra de transparencia. “Para diputados y senadores tampoco incluyeron algo clave: conducta intachable y paridad”, subraya, en declaraciones a este diario, la congresista Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso, el partido del primer ministro César Villanueva. El fujimorismo tampoco aceptó ni el criterio de representación de la población indígena ni el de paridad. La mayoría fujimorista también borró de un plumazo la obligación de los parlamentarios de presentar una declaración jurada de intereses como muestra de transparencia, que sí contemplaba el proyecto inicial de Vizcarra.
En septiembre, cuando se votaron las dos primeras reformas -que reducen la dimensión de las reformas en el sistema de justicia y en los partidos políticos-, el fujimorismo también rebajó las expectativas del Gobierno. “En el caso del Consejo Nacional de la Magistratura -que en adelante cuando se vuelva a formar se llamará Junta Nacional de Justicia- hubiera sido mucho más razonable que se prohíba a los postulantes que tengan un proceso judicial abierto o una acusación fiscal”, dijo Montenegro. “En el proyecto aprobado de financiamiento de partidos descartaron la rendición de cuentas durante las campañas y solo la aprobaron para el final. Los estados financieros los deben entregar quien da y quien recibe las donaciones”, acota la congresista.
El fujimorismo también desestimó de ese proyecto del Ejecutivo otro enunciado: “Los aportes no declarados por las organizaciones políticas se presumen de fuente prohibida” y eliminó la prohibición de recibir fondos anónimos o de origen ilícito. El jueves por la mañana, horas después de la votación de madrugada, empezó la discusión del pleno del Congreso para acusar constitucionalmente a César Hinostroza, el juez supremo investigado por ser el líder de la organización Cuellos Blancos del Puerto, y otros cuatro ex altos funcionarios. Los legisladores aceptaron incluir en el debate de acusación constitucional el presunto delito de organización criminal en los casos de Hinostroza y de cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. En la comisión permanente, el viernes pasado, los votos de Fuerza Popular habían excluido a Hinostroza y los exconsejeros de dicha imputación.
El Congreso abre la puerta a la investigación al juez Hinostroza
Hace una semana los votos del fujimorismo en la Comisión Permanente del Congreso blindaron al entonces juez supremo César Hinostroza para que no fuera investigado por su presunta pertenencia a los Cuellos Blancos del Puerto, la red de corrupción que ha permeado el sistema de justicia. Este jueves por la noche, el pleno ha revertido esa decisión, muy cuestionada por la ciudadanía, y ha optado por acusarlo constitucionalmente por la presunta comisión del delito de organización criminal.
De los 67 votos a favor de la acusación, 28 fueron del fujimorista Fuerza Popular, mientras que seis congresistas de esa formación se abstuvieron. La cifra requerida por ley para que la moción sea aprobada, son las dos terceras partes de los congresistas menos los 30 miembros de la Comisión Permanente, es decir, exactamente 67. El Legislativo confirmó en previas rondas de votación la destitución del juez supremo y su inhabilitación de la función pública por diez años, sanciones que aprobó la semana pasada la Comisión Permanente en la discusión del informe de acusación constitucional.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha aprovechado la inhabilitación de Hinostroza para sugerir que ocurra lo mismo con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que también aparece en los audios que revelaron la corrupción en la justicia. “Hace minutos el Congreso ha incluido a Hinostroza por [el delito de] organización criminal en base a un listado donde está el fiscal Chavarry, si hubiera lógica, tendría que seguir el mismo camino”, ha asegurado.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
