Los huérfanos de feminicidios en República Dominicana no tienen quien les cuide

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Hace un poco más de diez años que Ezequiel Gómez decidió llevar una pistola cargada a casa de su mujer, Milquella Figuereo, de entonces 36 años, y asesinarla brutalmente a pocas cuadras de su hogar, al oeste de Santo Domingo. No le importó que ella suplicara que no lo hiciera y mucho menos disparar frente a los dos hijos que tenían en común. Solo tenían 6 y 4 años y lo vieron todo. Mientras Figuereo era atendida sin éxito en el hospital, Gómez se dio a la fuga y, hasta el día de hoy no ha sido detenido. Así, de la noche a la mañana, Kelvin Manuel y Júnior Alberto pasaron a ser huérfanos. Cambian las fechas, las armas y los nombres de los perpetradores y las víctimas, pero los huérfanos por feminicidios son muchos. Demasiados. Solo el último año en República Dominicana, estos asesinatos machistas dejaron sin madre al menos a 64 niños y niñas. Fueron 70 en 2022. Y 358 en el último lustro. “La violencia contra la mujer no solo la sufren ellas, sino sus hijos”, lamenta Yanira Fondeur, presidenta de la Fundación Vida sin Violencia, la organización que recolecta estos datos de la prensa. En la página oficial de la Procuraduría, las cifras más recientes son las de 2022.

Lo que sí que convirtió la historia de Kelvin y Júnior en una completamente diferente a la de los demás huérfanos fue la presencia de Altagracia Valdez Cordero, la prima de Figuereo y, hoy madre adoptiva de los adolescentes de 14 y 16 años. Valdez empezó a pagarles una mensualidad a los abuelos maternos de los niños, quienes se hicieron cargo. Nunca pensó en vivir con ellos, pero la conversación sobre el asesinato de su madre se volvió un tema recurrente en la casa nueva y era demasiado doloroso para el duelo de los menores. “Hubo un día en que fui a visitarlos y el más chiquito se me agarró a las piernas y me gritaba con los ojos: por favor, no te vayas”, cuenta por teléfono esta mujer que también perdió a su madre repentinamente a los siete años, por un infarto de corazón.

Esa misma noche, Júnior se mudó a su casa. Meses después llegó Kelvin, y poco después empezaron a tramitar, primero la tutela y después la adopción definitiva. “Hoy son unos adolescentes como cualquier otro, que quieren estar todo el día en las redes, que tienes que decirles que estudien… pero son mis muchachitos lindos. Y no ha sido nada fácil”, dice.

Ha sido una subida en cuesta para ambas partes. Para ellos, la vida dio un giro de 180 grados. Las pesadillas en las que volvía una y otra vez la escena del crimen, las miradas en la escuela, la casa y las normas nuevas… Y para Valdez, igual. “Yo me he dedicado por años a ser terapeuta especializada en abuso de menores y huérfanos por feminicidio, pero nunca me tocó criarlos. Cuando veo a madres por las calles con sus hijos, me entran ganas de arrodillarme frente a ellas. ¡Qué tarea tan difícil esta de ser mamá!”, dice a carcajadas. Es increíble que la risa no se le haya borrado a una mujer que ha visto tanto, que ha consolado tanto dolor. “Para mí fue un trabajo muy difícil. Toda mi vida cambió”, reconoce.

Pero ellos, cuenta, tuvieron suerte. Suerte de que ella misma pudiera asumir la adopción de ambos hermanos y también el acompañamiento psicológico. Claramente son la excepción a la norma dominicana. Según un estudio cualitativo que solicitó la ONG Vida sin violencia, lo común es que la vuelta a la “normalidad” de los más pequeños sea un auténtico viacrucis. Tahira Vargas García analizó 17 casos de feminicidio ocurridos en 2022, que dejaron 45 niños sin madre.

Si bien la investigadora cuenta que cada caso “es un mundo”, hay factores comunes. El primero, el vacío del Estado. Aunque existe un plan estatal de acompañamiento psicológico y una manutención por cada niño huérfano por feminicidio, la realidad suele parecerse muy poco a la del papel. “La mayoría de casos que conozco por mi trabajo han sido muy burocráticos”, lamenta Valdez. “Todos acaban dando tumbos de una casa a otra y con situaciones más precarias”. Durante la presentación del informe, Nilda Silverio, trabajadora social del programa Supérate, que vela por los derechos de los menores en esta situación, aseguró que en los primeros 24 días de enero, habían realizado 15 visitas domiciliarias. “Lo difícil es la escasez de recursos económicos que hay. Muchas veces, tenemos que sacar de nuestros bolsillos lo que tenemos en nuestras carteras para dejárselo a esas familias que no tienen qué comer. Hay recursos pero llegan quizás a otras manos”, aseguró.

Otro de los resultados que llaman la atención de Vargas es que, en los casos de familias numerosas, las de acogida suelen separar a los menores en diferentes casas. “Bastante es el trauma de los niños como para que encima tengan que vivirlo por separado”, cuenta. “También sucede que muchas veces las víctimas intuían que las iban a matar y hablan con sus hijos antes para pedirles que, en caso de que las asesinaran, se hagan cargo de sus hermanos. La presión que tienen encima es impresionante”. Valdez intentó que Kelvin y Júnior siguieran socializando con sus otros tres hermanos (hijos de otro padre), pero fue imposible. “Para ellos, mis niños son el resultado de su mamá y el asesino. Los juzgaron mucho sin tener ninguna culpa”.

Este señalamiento es también muy común, según las investigaciones de Vargas, que apuntan a que la escuela está lejos de ser un espacio seguro para estos niños y adolescentes. “Es muy difícil darse cuenta de que se vuelven lugares de revictimización en los que los señalan como hijos de los asesinos o que los papás de sus amigos les prohíben jugar con ellos”, cuenta Vargas. Si bien no existen estudios que muestren la correlación entre abandono escolar y orfandad por feminicidios en República Dominicana, Vargas lamenta que es un resultado común. “A veces, los castigan por mal comportamiento y los expulsan, pero lo único que necesitan estos niños es atención psicológica”. Y Fondeur añade: “No uno o dos días. Necesitan de un acompañamiento seguido que arrope a estos pequeños y los acompañe con la ira, la frustración o la tristeza tan fuerte. Viven procesos muy fuertes y aunque el ministerio de la Mujer esté haciendo grandes esfuerzos, son insuficientes”.

Patria potestad, otra asignatura pendiente

En República Dominicana, cuando se comete un feminicidio [que no está tipificado en el Código Penal, ni en el nuevo proyecto de renovación], la autoridad parental o patria potestad del asesino puede ser suspendida o terminada por orden judicial, pero a través de una demanda que debe presentar el niño o la persona a cargo de su cuidado. Es decir, el Estado no entiende automáticamente que quien asesina a su pareja no puede ser buen padre, como sí sucede en Argentina, Perú, España y varios Estados mexicanos. En la isla, toca iniciar un proceso judicial, con todo lo que eso implica: burocracia, tiempo y dinero.

“En general, en los casos de violencia de género, es muy común la creencia de los jueces y juezas de que debe preservar la relación entre hijos y los padres agresores, al entender que el fenómeno de violencia de la pareja se encuentra divorciado del vínculo de filiación”, explica Patricia Santana Nina, abogada especialista en género, derecho constitucional y judicial. Las luchas feministas, reconoce Santana, tienen muchas batallas por delante en el país caribeño; esta es una. “Preservar la autoridad parental del feminicida es parte del continuum de violencia de género”.

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