El desamparo condena a las familias de las víctimas de feminicidios

Yudi Angélica Beltrán sabía que la iban a asesinar. Su expareja, con quien seguía compartiendo casa porque no tenía a donde más ir, le había dicho mil veces que la quería matar. “Yo a usted nunca lo voy a dejar, usted nunca va a ser libre, usted nunca va a hacer una vida sin mí. Si me toca matarla, pues la mato”, la amenazaba, recuerda Mariluz, la hermana de la víctima. La familia tenía miedo de que cumpliera. Denunciaron, pero nunca los escucharon. El cuerpo de Yudi Angélica fue encontrado en abril de 2018 metido en bolsas plásticas arrojadas a un caño de Soacha.

Mariluz dice que no pudo hacer el duelo por el feminicidio de su hermana porque una niña de seis años, su sobrina, la necesitaba combativa. Mariluz no podía sentarse a llorar, tenía que conseguir la custodia de la niña. Al final lo logró. “Es mi hija”, dice. Pero le costó muchas horas de trámites, con un dolor atravesado en el pecho por la muerte de su hermana, de 36 años.

La legislación sobre violencia de género ha avanzado a paso lento en Colombia. La Ley 1257 de 2008 considera la violencia contra la mujer como una violación a sus derechos humanos y la Ley Rosa Elvira Cely de 2015 tipifica el feminicidio, pero el sistema de información sobre este delito y la protección a las víctimas sigue siendo débil. Carolina Giraldo Botero, representante a la Cámara por la Alianza Verde, habla de los huérfanos de las mujeres que son asesinadas. Si no existe una estadística oficial sobre cuántos feminicidios hay en el país, mucho menos se sabe qué pasa con los hijos de esas víctimas. “Hay un vacío enorme en la ley. Los niños, los huérfanos de esas madres que murieron a manos de sus propios padres, están desprotegidos”, dice la congresista, que se propone sacar adelante un proyecto de ley que por primera vez piensa en las familias de las víctimas.

La iniciativa, que será presentada en las próximas semanas en el Congreso, estipula una asistencia económica para cubrir gastos funerarios de la víctima directa de feminicidio, y el traslado del cuerpo de la víctima y su exhumación en el marco de una investigación penal. “Debemos ampliar el enfoque diferencial que se aplica en el país para algunos sectores. Las víctimas del conflicto armado o las poblaciones étnicas, tienen cierta prioridad para acceder ciertos programas. En el caso de los huérfanos por feminicidios, la idea es hacer lo mismo, que puedan tener un acceso prioritario a ciertos programas del Estado, que se les garantice a la educación, a la salud. Muchos de estos niños fueron testigos del acto feminicida, necesitan protección”, dice Giraldo.

La asistencia del Estado suele ser complicada incluso antes de que ocurra un feminicidio. Mariluz Beltrán cuenta que cuando su hermana empezó a sentirse en peligro acudieron a las autoridades, pero la respuesta siempre fue la misma: “Toca que mire a ver qué hace usted con ese tema, pero ese señor la puede matar”, dice que era lo único que le contestaban. “O sea, nunca hubo apoyo”, lamenta. Tampoco lo hubo después del feminicidio. Por su propia cuenta tuvo que confirmar el asesinato de su hermana. Revisó durante horas los videos de las cámaras del edificio en el que vivía y vio el momento en que el hombre acomodaba dentro de un carro el cuerpo de su hermana envuelto en plásticos. “Lo primero que hice fue ir a la comisaría de familia para que me dieran la custodia preventiva de mi sobrina”.

Después vinieron las interminables visitas a la Fiscalía y a Medicina Legal. Las familias de las víctimas de feminicidio tienen que estar preparadas para lidiar con un sistema que hace más difícil su tragedia. “Yo tenía claro que si mi trabajo no me da permiso para todo lo que tenía que hacer, me tenía que retirar. Tampoco tenía cabeza para trabajar, yo no tenía cabeza para nada más”. El asesino de su hermana fue condenado a 32 años de cárcel, pero su familia quedó rota, dice. “Mi mamá empezó a sufrir de demencia. O sea, mi mamá ya no es la mujer que era antes y mi papá se la pasa triste. Mi hermano se tuvo que ir del país por amenazas”, cuenta.

El 18 de abril se cumplieron cinco años del femicidio de Yudi Angélica. Su hija sigue al cuidado de su hermana.

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