Abortos, infertilidad, malformaciones: las denuncias por el impacto de los agroquímicos sobre las mujeres en Sudamérica

Ana Fuentes murió antes de cumplir los 14 años por un cáncer de ovarios. En diciembre le extirparon un tumor que pesaba más de un kilo y después apareció otro, más grande, que los médicos no pudieron controlar. Su familia vive a 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en Exaltación de la Cruz, una población rodeada de campos de soja. Gabriela Sandes, madre de Ana, cree que fueron los agroquímicos con los que se fumigan las plantaciones los que mataron a su hija.

Sandes lo cuenta en su casa, sobre la mesa del comedor, y vuelve a llorar. Tras la muerte de su hija, la mujer empezó a sospechar de que las causas de la enfermedad estaban a su alrededor. “Fumigaban a 150 metros de la Escuela 8, donde iba mi hija”, cuenta. Las avionetas rociaban los campos hasta que fue prohibido porque una avioneta volcó los químicos sobre la escuela. Desde entonces, un fallo judicial prohíbe en el municipio las fumigaciones aéreas y restringe las terrestres, que deben hacerse a más de 1.000 metros de la zona habitada, pero Sandes asegura que eso no se cumple. En la escuela de Ana, otras dos niñas fallecieron de cáncer por la misma época en la que murió la joven, en junio de 2017.

Veinte años antes, en Colombia, en la otra punta de Sudamérica, Yaneth Valderrama murió en una situación similar. Vivía en el Caquetá, en una zona de siembra de cultivos de coca. Corría 1997 y la guerra contra las drogas se intensificaba en el país. Un día, mientras estaba lavando en un río, vio tres avionetas y a continuación del cielo empezó a llover un líquido. La Policía Antinarcóticos reportó la aspersión de 399 galones de glifosato esa mañana.

Cuarenta y ocho horas después Valderrama ingresó a urgencias en una clínica de Florencia, donde perdió un embarazo en curso. Tenía 14 semanas. Ese fue solo el inicio de una sucesión de tragedias. Por seis meses, luego de aquel día de lluvia química, estuvo muy enferma. Hasta que murió. En uno de varios exámenes que le hicieron posterior al fallecimiento, los médicos establecieron algo que Yaneth y su familia sospechaban: “Las dificultades de salud en la paciente pudieron tener relación directa con exposición a agentes tóxicos”, consigna el documento oficial.

Un impacto diferencial

Desde hace décadas, académicos como el médico argentino Damián Verzeñassi han investigado la relación entre los agroquímicos y la salud femenina. En 2018, varias organizaciones sociales como el Centro de Derechos Reproductivos presentaron una denuncia por ello ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pasado 8 de noviembre, cinco años después, lograron exponer en una audiencia sus argumentos sobre los daños diferenciales que causan esos productos en los cuerpos de las mujeres. El objetivo es que la Comisión decida hacerle recomendaciones sobre este tema a los países miembros de OEA, para que adopten medidas que eviten que el uso de estos químicos vulnere los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

El equipo del Centro realizó varios estudios en diferentes países de Latinoamérica, en los que mujeres han denunciado afectaciones por el uso de diferentes agrotóxicos y herbicidas. En el caso de Argentina, el médico Verzeñassi y un equipo del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario lograron sistematizar información sanitaria de más de 27.000 personas entre 15 y 44 años en la provincia de Santa Fe, en el litoral argentino. Una de las conclusiones a las que llegaron, publicada en la revista Clinical Epidemiology and Global Health, es que las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer son mayores entre los habitantes de pueblos fumigados, especialmente en la población femenina.

“Hay [en Argentina] una coincidencia temporal entre el inicio del modelo de producción agroindustrial de transgénicos asociados a agrotóxicos con la aparición de problemas de salud, como cáncer, problemas endocrinos –fundamentalmente hipotiroidismo–, aumento de las enfermedades neurológicas y degenerativas, abortos espontáneos, malformaciones congénitas…”, enumera el médico, y zanja: “Morir por cáncer viviendo en estas comunidades es 2,5 veces más probable que viviendo en cualquier otro lugar del país si tienes entre 15 y 45 años”.

En Argentina no existen datos públicos nacionales sobre la situación sanitaria de las poblaciones expuestas a los agroquímicos. Para conocer qué estaba ocurriendo a su alrededor, una organización de vecinos de Exaltación de la Cruz recopiló información sobre las enfermedades que padecen los habitantes de dos barrios populares: Esperanza, donde viven Sandes y su familia; y el barrio aledaño de San José. Encontraron 50 casos de cáncer en 280 viviendas censadas; más de la mitad ya han fallecido. También registraron la presencia de otras enfermedades y casos como el de una mujer que descubrió que ella y su marido tienen altos niveles de glifosato en sangre, después de que su hija más pequeña naciera con alopecia.

En Colombia no se trata de químicos para proteger cultivos, sino de pesticidas para acabarlos. Por décadas se usó glifosato en su guerra contra las drogas. Siguió buscando asperjar incluso después de la advertencia de la Corte Constitucional de los potenciales riesgos por hacerlo, en su sentencia T-236 de 2017. En el 2020, el Centro de Derechos Reproductivos y la Universidad del Valle hicieron una revisión sistemática de 79 trabajos de investigación de todo el mundo sobre los efectos del herbicida sobre la salud reproductiva. Encontraron “una clara consistencia a favor de los efectos nocivos del glifosato en la salud reproductiva”, según su informe, incluyendo impactos en la fertilidad, abortos, efectos perinatales y efectos en segundas generaciones que afectan el rendimiento reproductivo.

La cabeza de esos estudios en Colombia fue Fabián Méndez, médico epidemiólogo y profesor en la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, quien le señaló a EL PAÍS que la conclusión de estas investigaciones son contundentes para respaldar los casos que expusieron ante la CIDH. “De manera categórica se demostró el vínculo que tiene el glifosato en temas como la infertilidad, bajo peso al nacer y diversos tipos de malformaciones congénitas relacionadas con la exposición a los agroquímicos. Los diversos estudios muestran que hay efectos relacionados con la salud de la madre después, es decir, algunos tipos de tumores de las vías reproductivas”, explicó.

Un problema latente

Argentina fue el primer país de América Latina que permitió cultivos de soja transgénica y hoy, en el territorio nacional, se cosechan a gran escala también maíz y algodón. Además, está a la cabeza de los países que más hectáreas siembra con este tipo de cultivos, por detrás de Estados Unidos y Brasil: cada año son 25 millones de hectáreas, según datos oficiales. Estos campos se fumigan con químicos a los que son resistentes las semillas modificadas genéticamente.

La dependencia que tiene el país de estos agroquímicos es “creciente”, según determina el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en un informe de 2022. El documento señala que su uso pasó de 151,3 millones de kilogramos en 2002 a 317 millones de kilogramos una década después. También avisa que “en los últimos años” el volumen de productos químicos usados “ha crecido exponencialmente” y ha superado los 500 millones de kilos. Ese mismo informe sostiene que son “herramientas para el manejo de plagas” de las cuales la agricultura “no puede prescindir”. La industria rechaza que tengan impactos negativos sobre la salud y defiende su uso diciendo que “son objeto de pruebas y controles minuciosos”.

En ese mismo sentido, en el vecino Brasil se tramita una ley (1459-2022) que busca flexibilizar el uso de estas sustancias y reducir los tiempos para el registro de nuevos agrotóxicos. El proyecto, impulsado por diputados bolsonaristas, ha superado la mayoría de los debates y podría volverse ley muy pronto.

Su avance ha producido numerosas protestas de organizaciones sociales en el país, y pronunciamientos en contra de oenegés como Greenpeace. La doctora en Ciencias Médicas, Lia Giraldo da Silva, ha advertido de las consecuencias que tienen estos químicos y una eventual ley que impulse su uso. “Esta desconsideración de la mayoría de los sistemas de salud públicos latinoamericanos por las problemáticas sanitarias y ecológicas derivadas del uso de los agrotóxicos no se restringe a la producción agrícola, a la seguridad alimentaria y a la calidad del agua para abastecimiento humano. Se extiende además al uso abusivo de la propia salud pública en el control de endemias”.

En Argentina, la presión para erradicar el uso de agroquímicos también ha venido de la ciudadanía. Las primeras en conseguir un fallo penal fueron las llamadas Madres de Ituzaingó, que tras una década de lucha consiguieron en 2009 que la Justicia cordobesa prohibiera fumigar con agroquímicos cerca de zonas urbanas. En la provincia de Corrientes, un productor fue imputado por homicidio tras la muerte por intoxicación de un niño de cuatro años que vivía a pocos metros de una explotación agrícola; su hermana falleció de cáncer una década después. Si bien algunos químicos, como el fipronil o el endosulfán, están vetados en el país, solo dos provincias han limitado el uso del glifosato, el herbicida de uso más extendido y comercializado por Bayer o Syngenta. Chubut, en la Patagonia, lo hizo en 2020, y Misiones, en el noreste, este año.

Para el caso de Colombia, la llegada del Gobierno de Gustavo Petro abrió una puerta para sepultar las fumigaciones aéreas con glifosato, suspendidas desde la administración de Juan Manuel Santos y que el presidente Iván Duque intentó retomar. A finales del año pasado, el Gobierno Petro preparaba un decreto para limitar definitivamente esa práctica, pero hasta el momento no lo ha firmado. Cristina Rosero, abogada del Centro que participó en la audiencia ante la CIDH, considera necesario una regulación más de fondo, que evite que otros Gobiernos retomen las aspersiones aéreas de glifosato.

En conversación con este diario, Rosero detalló las peticiones que hizo el Centro en la audiencia ante un panorama regional con tanta incertidumbre. “Reclamamos que se mejore el acceso a la salud reproductiva en las zonas rurales, porque en muchos casos se dan las intoxicaciones pero no hay herramientas para que los operadores de salud entiendan que están ante una intoxicación —sea aguda o crónica— de un agrotóxico y cómo responder. Además, pedimos que haya medidas de acceso a la justicia, porque hemos observado que es difícil para la justicia de diferentes países comprobar la relación entre la exposición a estos químicos y los daños que se han causado”, expresó la abogada.

Por su parte, Verzeñassi resalta la importancia de que el asunto haya llegado hasta la Comisión con enfoque de género. “Hay una inequidad desde el punto de vista del género porque la afectación en la salud reproductiva de las mujeres es mucho mayor”, asevera.

Mientras que la Comisión estudia lo expuesto en la audiencia y toma decisiones, las luchas continúan a lo largo del continente. En Brasil se creó la Campanha contra os agrotoxicos con la intención de frenar la ley que se discute en el Senado. En Colombia, organizaciones feministas han venido acompañando a las víctimas del uso indiscriminado del glifosato por parte del Estado y familias como las de Yaneth Valderrama o Doris Yaneth Alape siguen esperando una reparación integral.

Aún así, otras veces el anhelo de justicia parece más lejano, como le sucede a Gabriela Sandes. La mujer no es optimista porque cree que “contra el poder y la plata no se va a poder nunca”. Siente bronca e impotencia, mucha tristeza, y la incomprensión de sus mismos vecinos y las autoridades que no creen, como ella, que los agroquímicos mataron a su hija. “Nunca lo voy a comprobar”, asegura, y continúa: “Pero me duele que ella y mucha gente se haya ido por cosas mal hechas. Se puede vivir de otra forma. Podemos vivir y comer de otra forma”.

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