La OEA frente a los déficits democráticos de las Américas

La reciente Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en Washington del 21 al 23 de junio, deja un tibio balance para temas de igualdad, democracia y, en general, de fortalecimiento al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los diálogos entre los Estados, y de los de Estados con sociedad civil, cerraron la semana con una deuda de avances hacia pilares democráticos que parecen escapar a los grandes salones de la OEA pese a las interpelaciones y algunos pasos positivos que destacamos.

Las Américas cambian rápidamente. Esto obliga a revisitar los que han sido históricos, y nuevos, desafíos para el continente. La erosión del Estado de derecho, el cierre creciente del espacio cívico y la represión latente en varios países del hemisferio son algunas de las realidades que exigen más debate interamericano. La Asamblea General ha servido para escuchar sobre el debilitamiento del rol de los poderes judiciales en la defensa constitucional y de los derechos humanos, así como sobre los ataques a los sistemas electorales y a la separación de poderes. La crisis democrática de Perú, la grave situación de operadores de justicia en Guatemala y la desnacionalización de activistas de Nicaragua son espejos de esta situación.

El hostigamiento y persecución a integrantes de la sociedad civil, el uso excesivo de la fuerza en la protesta, así como la situación de personas defensoras de derechos humanos de diversos países, quedó plasmada en los pronunciamientos de varias organizaciones provenientes de distintos países de la región. Quienes más sufren, tanto las amenazas, la criminalización y pierden la vida, son las personas defensoras del medioambiente, de las mujeres, la juventud, las LGBT, líderes indígenas, afrodescendientes y periodistas.

Pese a la relevancia de la sociedad civil para la defensa de derechos y la democracia, esta Asamblea de la OEA de hecho cerró aún más la participación en los espacios interamericanos. Asimismo, la participación estatal y los acuerdos de relevancia para enfrentar los desafíos de la democracia no están a la altura de la necesidad de respuestas colectivas para los problemas que enfrentamos.

Una de las llamadas joyas de la corona de la OEA son los órganos de protección de derechos humanos. El compromiso regional es el de nominar para integrar estos órganos a personas para cumplir con los requisitos de alta calidad moral, reconocido conocimiento en derechos humanos, independencia e imparcialidad, integración representativa, balanceada geográficamente y con paridad de género. La nueva composición de la CIDH con la elección al cierre de la jornada de dos mujeres, por Argentina y Surinam, mantiene la paridad en un gesto alentador que permite sostener un sistema con integración paritaria.

Durante la plenaria se presentó el informe de la Comisión Interamericana de la Mujer de la OEA sobre paridad, balance geográfico y de los sistemas jurídicos reveló datos impactantes. De un total histórico de personas, 121 que han integrado la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha habido 96 varones (80%) y solo 25 mujeres (20%). Números que siguen exponiendo a estos dos órganos regionales como los únicos de derechos humanos que no tienen procesos que promuevan la paridad de género en su composición. Afortunadamente, la CIM deja una hoja de ruta para mejorar la paridad y representatividad con acciones claras a nivel nacional y regional.

Se suma a esto un viraje en la agenda política de la región que todavía no adquiere la suficiente fuerza en la Asamblea General de la OEA con un foco en el plano de justicia ambiental. Un ejemplo es la relevancia el debate sobre la crisis climática desde una perspectiva de derechos, igualdad, justicia y sostenibilidad en los discursos y acciones de algunos Estados. El tema adquirió relevancia en la Asamblea por los acuerdos y pronunciamientos en la materia y entendemos que el mismo se profundizará el próximo año. En esta área, la Corte IDH tendrá un papel de liderazgo en el marco de los debates para recibir información que le permita resolver la opinión consultiva presentada por los Gobiernos de Colombia y Chile sobre la temática, que desde CEJIL acompañamos en los diálogos técnicos de la propuesta. Este espacio permitirá apalancar grandes discusiones regionales para encontrar soluciones equitativas, justas y sostenibles a la crisis climática con resultados relevantes para las políticas públicas nacionales y los debates globales.

Despedimos así una Asamblea General que no termina de avanzar en los pilares críticos para fortalecer la democracia y los derechos en la región, pero nos deja unas puertas entreabiertas para insistir en el rol colectivo de respuesta al déficit democrático e igualitario de las Américas. Las razones para seguir son de la dimensión de las deudas democráticas de la región.