La elección de miembros de la CIDH prende las alarmas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo creado hace más de seis décadas, ha ganado protagonismo recientemente. En febrero, el expresidente peruano Pedro Castillo le pidió que lo restituyera en ese cargo y consiguiera su libertad. En mayo, la bancada de congresistas del movimiento del presidente colombiano Gustavo Petro le solicitó que intervenga ante la que señala como una persecución de parte de órganos de control en manos de opositores. En Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei ha chocado con ella hasta el punto de acusarla de extorsionar a su Gobierno. En medio de ese ambiente, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), conformada por los embajadores de los 32 Estados miembro, debe elegir a cuatro de los siete comisionados a fines de mes, en un proceso que ha prendido alertas porque cuatro de los países retiraron a sus nominados iniciales y un panel de expertos independiente que ha hecho seguimiento a estas elecciones desde 2015 ha hecho fuertes críticas los candidatos que quedan.

Los siete comisionados, que llegan tras ser propuestos por alguno de los Estados, son elegidos por períodos de cuatro años, y se pueden reelegir una vez. Para evitar un cambio abrupto, cada dos años hay un relevo, intercalando un grupo de tres miembros con otro de cuatro. En esta ocasión terminan su período la presidenta, Margarette May Macaulay (Jamaica), pues ya lleva dos mandatos; la segunda vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño (Panamá), que tampoco puede aspirar más; Julissa Mantilla (Perú), que sí podía ser reelegida, pero su candidatura fue retirada por el Gobierno de Dina Boluarte; y Stuardo Ralón (Guatemala), quien sigue en carrera y tiene el apoyo de Giammattei.

Además de la candidatura de Mantilla, Estados Unidos retiró la de James Cavallaro, por declaraciones del antiguo comisionado en las que criticaba la situación de Derechos Humanos en Israel. Honduras hizo lo propio con la postulación de Joaquín Mejía, y Brasil, con la de Fábio Balestro. Solo Estados Unidos explicó los motivos del retiro, algo que ha llamado la atención de los observadores del proceso. El más estructurado de esos observadores, el panel independiente para evaluar las candidaturas a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que existe desde 2015 y que conforman cinco expertos en el sistema, lanzó una alerta por eso. “Estos hechos no se habían producido en tal extensión en anteriores procesos de nominación para los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y podrían limitar y afectar a la transparencia y participación de distintos actores interesados en el mismo”, dijo en un comunicado de prensa.

Con los retiros, los cuatro cupos se definirán entre el actual comisionado Ralón, la argentina Andrea Pochak, el guayanés Christopher Arif Bulkan, la surinamesa Gloria Monique de Mees, la chilena Lidia Casas Becerra y el ecuatoriano Pier Paolo Pigozzi. El mismo panel independiente revisó sus hojas de vida, estudió sus pronunciamientos públicos y los entrevistó, con el fin de dar elementos para que la elección sea informada y transparente. Encontró dudas sobre tres de los candidatos.

Uno de ellos es Ralón: “El panel no está convencido de que el candidato Ralón Orellana cumpla con el requisito de reconocida versación en los estándares de Derechos Humanos del SIDH”, dice en su evaluación. “Las posiciones reflejadas en los votos razonados del comisionado, en los términos analizados en el presente informe del panel, denotarían un retroceso respecto de los estándares mínimos de protección de derechos del SIDH, sobre todo aquellos relativos a derechos de los pueblos indígenas, no discriminación por motivo de raza u orientación sexual y matrimonio igualitario”.

Ralón, defendido por el mismo presidente que ha acusado a la CIDH de extorsión, ha mantenido posturas regresivas en materia de derechos, según los expertos. “El panel analizó a profundidad su voto disidente en el caso de Beatriz vs. El Salvador, donde se aparta de la mayoría de las y los comisionados respecto al derecho a interrumpir el embarazo cuando existe un riesgo grave para la vida de la madre. Llamó la atención del panel las consecuencias de la particular interpretación de la ‘fórmula de la cuarta instancia’ por parte del comisionado Ralón Orellana. Al respecto, expuso una argumentación con graves consecuencias que llevaría a eximir de responsabilidades a los Estados en casos de violaciones a los Derechos Humanos que se materializan a través de decisiones judiciales y donde la CIDH ha jugado una importante labor en reconocer agravios a grupos reconocidos internacionalmente”.

Las conclusiones sobre el candidato ecuatoriano, Pier Paolo Pigozzi, son similares. “Mantiene posiciones que denotan retrocesos en relación con los estándares internacionales consolidados de protección de Derechos Humanos, amparándose en lo que denomina un ‘criterio de interpretación textual de los instrumentos interamericanos’ y su interpretación de la doctrina del ‘margen de apreciación’ y ‘del pluralismo jurídico’. En ese sentido, si bien el candidato señaló que es sensible a las realidades del continente, el panel identificó inconsistencias evidentes entre sus posiciones públicas previas y las respuestas dadas al panel. En particular, aquellas que se analizan en el presente informe respecto a la interpretación autorizada de los instrumentos interamericanos por los órganos del SIDH versus su versión del ‘margen de apreciación’; del matrimonio igualitario y el derecho que tienen parejas del mismo sexo para adoptar; los derechos sexuales y reproductivos; y el uso del derecho penal para dirimir conflictos entre la libertad de expresión y el honor de personas o funcionarios públicos”.

Las objeciones sobre una tercera postulada, la surinamesa de Mees, tienen más que ver con su falta de experiencia en la materia que con posturas regresivas. El panel de expertos escribió que “no tiene convicción de su conocimiento especializado sobre los estándares interamericanos e internacionales de Derechos Humanos, por lo que concluye que la candidata no cumple con el requisito de reconocida versación en Derechos Humanos”.

Además de los asuntos más políticos, que tienen que ver con los Derechos Humanos a elegir y ser elegidos y que han acaparado titulares por situaciones como la de Castillo, la CIDH ha sido fundamental en el avance de los derechos reproductivos en América Latina, al impulsar casos en los que luego condena a los Estados, como el de Cristina Brítez frente a Argentina, o el de Brisa de Angulo contra Bolivia. En los dos asuntos, Ralón ha compartido votos razonados (es decir, posturas contrarias a las mayoritarias) con el colombiano Carlos Bernal. Lo hicieron, por ejemplo, en el balance que publicó la CIDH en enero sobre el ejercicio de los derechos reproductivos en 2022 o, también, en el informe de 2022 sobre la situación en Cuba.

Los votos razonados de Ralón fueron señalados por el panel, que identificó que “son realizados primordialmente en casos específicos donde se están alegando violaciones de discriminación (racial), pueblos indígenas, diversidad sexual, o derechos sexuales y reproductivos”.

Esa postura ha sido hasta ahora minoritaria, pero ha llevado a un aumento de la visibilidad de los votos razonados y disidentes, hasta el punto de que Ralón presentó uno no para una decisión de fondo sino al comunicado de la CIDH sobre el cierre del Congreso de Ecuador por parte del presidente Guillermo Lasso. En asuntos de derechos sexuales y reproductivos, según lo señalado por el panel, Pigozzi probablemente se sumaría a ese bloque, en caso de salir elegido.

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