Petro reitera su apoyo a Castillo y pone en cuestionamiento a la CIDH

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha marcado una inusual distancia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Tras haber pedido que intervinieran en la crisis política peruana en favor de Pedro Castillo, este miércoles ha dicho en sus redes sociales que “la crisis en el Perú, el apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico Latinoamericano”.

Con esta declaración, Petro da por hecho que la solicitud que hizo el jueves pasado a la CIDH para proteger a Castillo no tiene cómo prosperar, algo que era evidente en ese momento. El mandatario colombiano había pedido al organismo de la OEA medidas cautelares en favor del expresidente peruano. La CIDH, sin embargo, declaró que reconoce “la respuesta democrática” de las instituciones del país vecino.

Petro conoce bien el sistema interamericano de justicia, encargado de promover el respeto de los derechos humanos por los países que integran la OEA. Recurrió a él en 2013 cuando la Procuraduría lo destituyó como alcalde de Bogotá por fallas en la implementación de un nuevo modelo de aseo. La Corte IDH le dio la razón en 2020: declaró que el Estado colombiano había violado sus derechos políticos y que debían eliminarse las facultades de la entidad implicada para destituir funcionarios electos por voto popular.

El pronunciamiento de hoy refuerza la postura que había tomado Colombia este martes, cuando la Cancillería publicó un comunicado conjunto con los gobiernos de México, Argentina y Bolivia. En él los cuatro gobiernos de izquierda expresan su preocupación por los sucesos que resultaron en la remoción y detención de Castillo.

“Nuestros Gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”. En la opinión de los cuatro gobernantes, el ex líder sindical “desde el día de su elección fue víctima de un antidemocrático hostigamiento”.

“Para el mundo no es novedad que el Presiente Castillo, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”, reza el texto, que hace un llamado “a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”.

El comunicado de la Cancillería, explican fuentes, no significa que el Gobierno Petro desconozca a Dina Boluarte como presidenta de Perú. Esto marca una diferencia de lo que anunció el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador este martes, cuando refrendó su apoyo a Castillo y afirmó que lo reconoce como presidente de Perú.

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