Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

El ministerio público colombiano destituye e inhabilita al alcalde de Bogotá

Gustavo Petro dejará el cargo por su responsabilidad en las fallas que se presentaron en la implementación de un nuevo modelo de limpieza

El exguerrillero afirma que se trata de un ataque político

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. EFE

La Procuraduría General ha destituido este lunes al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y lo ha inhabilitado para ejercer cargos públicos por los próximos 15 años, acusándolo de cometer faltas gravísimas y con dolo cuando intentó el 18 de diciembre de 2012 implementar un nuevo esquema de aseo en la capital colombiana, lo que generó todo un caos en la recolección de basuras.

En ese momento, Petro intentó quitarle los contratos de aseo que prestaban compañías privadas y entregárselos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, EAAB, de carácter público. Sin embargo, no pudo hacerlo porque tuvo un sinnúmero de inconvenientes, entre otras cosas porque la EAAB no estaba preparada para asumir el servicio para cerca de ocho millones de personas, lo que generó una investigación por parte de la Procuraduría.

Para el organismo, que controla y vigila a funcionarios públicos, Petro implementó el nuevo sistema de aseo por fuera de la ley porque en la expedición de decretos vulneró los “principios constitucionales de libre empresa y competencia, pues impusieron una serie de restricciones y limitaciones para que otras empresas, distintas a las del Distrito, no prestaran el servicio de aseo a partir del 18 de diciembre de 2012”, dice el comunicado de la entidad.

El procurador Alejandro Ordóñez, explicó en rueda de prensa que el alcalde “de manera libre, consciente y voluntaria, ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad”. También tuvo en cuenta la “deliberada improvisación en la compra y alquiler de (coches) compactadores nuevos y usados con evidentes detrimentos al patrimonio público”, y, lo más incomprensible en concepto de la Procuraduría, es que “el Distrito volvió a contratar a los operadores privados”, dijo Ordóñez.

Petro afirma que se trata de una decisión política

El ministerio público consideró además que Petro falló cuando “asumió como suya la decisión de que un nuevo operador público prestaría el servicio de aseo en el cien por ciento de la ciudad, a pesar de que conocía que el Acueducto de Bogotá y la empresa Aguas de Bogotá eran totalmente incapaces de prestar el servicio de aseo”. También resaltó que Petro cometió otra falla gravísima cuando autorizó la prestación del servicio de aseo con vehículos volquetas, por lo que se dejaron de recoger, durante los tres días que se presentó la crisis, entre 6.000 y 9.000 toneladas de basuras en la ciudad capital, según los cálculos de la Procuraduría.

Al conocer su destitución, Petro, que llegó a la alcaldía en enero de 2012, escribió en su cuenta de Twitter: “Le pido al mundo solidaridad. Estamos ante un golpe de Estado sobre el gobierno progresista en la ciudad de Bogotá”. Y luego pidió a los bogotanos movilizarse. “La suerte de Bogotá Humana solo depende de la movilización popular, pido que sea pacífica”, escribió. Cabe señalar que la decisión de la Procuraduría podrá ser apelada en una segunda instancia, pero si se ratifica la destitución, se convocará a nuevas elecciones.

La determinación de Ordóñez genera un nuevo pulso político en el país porque sentencia la muerte política de uno de los más importantes dirigentes de izquierdas del país y quien es el mejor ejemplo de reinserción, ya que Petro se desmovilizó con el movimiento guerrillero M-19 para lanzarse a la política en 1991, después de finiquitar uno de los pocos procesos de paz que se han dado en el país.

En lo político, la decisión de la Procuraduría deja también muestra la tensión entre la el gobierno y el procurador, que fue evidente en el momento en el que el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, anunció que el gobierno revisará las leyes que le permiten al procurador destituir a funcionarios nombrados por elección popular. Por su parte, la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, calificó la decisión de “desproporcionada”. “Nos tiene que llevar a una mesa de debate. Hay que mirar en detalle lo que dice la Procuraduría (…) porque sí veo que el procurador ha tenido una actuación desproporcionada”, dijo a Caracol Radio.

Este fallo genera también una nueva inestabilidad en la administración de Bogotá porque deja sin alcalde a la capital de Colombia, después de que ocurriera lo mismo con el predecesor de Petro, Samuel Moreno Rojas, a quien el ministerio público también destituyó - en mayo de 2011- por investigaciones relacionadas con corrupción en la asignación de multimillonarios contratos de obras públicas.