Se recrudece el enfrentamiento entre manifestantes y policías por la crisis política en Perú

La insatisfacción por la situación en Perú crece cada día. Las protestas se suceden por ciudades de todo el país, sobre todo en el sur, donde se han recrudecido los enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades. Se cuentan seis muertos y decenas de heridos. El decreto de emergencia que promulgó la nueva presidenta, Dina Boluarte, no ha sofocado las protestas, sino que más bien las ha multiplicado.

El nivel de violencia se incrementa en las calles casi una semana después de que el expresidente Pedro Castillo se diera un autogolpe de Estado del que salió mal parado: acabó destituido, detenido y acusado de rebelión. En un vídeo, ha quedado registrado el momento en el que un joven que protesta recibe en la cara el fuerte impacto de una bomba de gas lacrimógeno disparado por la policía. El chico cae desplomado en el instante y los otros manifestantes se lo llevan en volandas en busca de asistencia médica. Escenas parecidas se han repetido en otras regiones.

Nada parece calmar los ánimos. Una turba trató de quemar la Fiscalía de la ciudad de Camaná ante un grupo reducido de policías que tuvo que huir. En otras ciudades se han quemado instalaciones de empresas y se han bloqueado carreteras y puentes. En Lima, cada noche, se producen enfrentamientos entre manifestantes y agentes en una plaza del centro, cerca del Congreso. Los que protestan exigen que se cierre la cámara que Castillo trató de clausurar a las bravas y que se convoquen elecciones de manera inmediata. La política peruana se resume en un pulso continuo entre el presidente en ejercicio y el Congreso, que tiene el poder de destituirlo con el apoyo de dos tercios de los parlamentarios. Pero esta cámara acaba siendo un contrapeso excesivo que paraliza la gobernabilidad.

La sustituta de Castillo, Boluarte, propone que se celebren las elecciones en mayo de 2024, una fecha que para algunos expertos constitucionales es lógica si se tiene en cuenta los plazos que se necesitan para organizarlas. Pero en la calle el anuncio ha caído mal: los manifestantes creen que Boluarte se aferra al poder y se niega a convocar a las urnas para gobernar junto a algunos de los grupos políticos que hostigaron desde el Congreso a Castillo. La presidenta ha prometido también buscar consensos para sacar adelante una reforma política que cambie las reglas del juego. Con el sistema actual, la inestabilidad ha sido lo más estable que hay en Perú: por la presidencia han desfilado seis personas en los últimos cuatro años.

Castillo, desde su encierro preventivo hasta que la Fiscalía determine si lo envía a prisión, asegura seguir siendo el presidente legítimo y tacha a Boluarte de usurpadora. En Twitter, donde tiene medio millón de seguidores, dijo: “Ante los graves hechos de masacre a mi pueblo, exhorto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a deponer las armas a fin de parar el derramamiento de sangre de mi pueblo”. Y también tuvo un mensaje para su sucesora: “Señora Boluarte: mire el lugar que ocupa. La hago responsable a usted y todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas. Hago un llamado al pueblo para seguir alertas y optimistas. Atentamente, Pedro Castillo, presidente constitucional del Perú”.

El Gobierno pende de un hilo. Si no consigue calmar las protestas sin represión, las horas de la presidenta que no lleva ni una semana en el cargo podrían estar contadas. La política peruana ha entrado en un proceso de autodestrucción que devora a casi todos sus gobernantes. El de Boluarte podría ser un nombre más en la lista.

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