Brasil intenta suavizar en la OEA una declaración con críticas al Gobierno de Nicaragua

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mantiene caldeado los ánimos diplomáticos y políticos por las propuestas de corrección realizada a una declaración crítica del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, Estados Unidos. La delegación brasileña recomendó hace una semana “cambios de fondo” a un documento elaborado por Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Antigua y Barbuda sobre “el escalamiento de la represión, el cierre del espacio cívico y las violaciones a los derechos humanos” en Nicaragua. Ahora trabaja en la redacción de una resolución de consenso.

A pesar de los informes concluyentes del grupo de expertos de Naciones Unidas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la delegación de Brasil puso en duda en sus observaciones la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de la administración sandinista. Los diplomáticos brasileños eliminaron las palabras “alarmante conclusión” por “existen elementos”.

Por otro lado, agregaron la palabra “supuesta” a la violación del derecho a la propiedad y seguridad social, por medio de la confiscación de bienes y activos y la denegación de pensiones para aquellas personas privadas de la nacionalidad por el Gobierno de Nicaragua, que subrayan los impulsores de la declaración original.

Brasil también eliminó por completo la alusión al drama migratorio de los nicaragüenses que han huido debido a la persecución política y la crisis sociopolítica desde 2018, el año de las masivas protestas sociales contra el régimen. Este martes, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció que este es el mayor éxodo de la historia de Nicaragua, superior incluso al de la década de los ochenta, cuando en el país se libró una guerra civil que dejó decenas de miles de muertos: “Al menos 605.043 nicaragüenses han abandonado su país en los últimos 62 meses, un 9 % de la población total, debido a la represión estatal contra opositores, religiosos y críticos con el Gobierno de Daniel Ortega”, remarcaron.

De acuerdo a las observaciones hechas por Brasil en un documento oficial que circula en el sistema de la OEA con fecha 14 de junio, se abstienen hasta de instar al régimen de Ortega a que cese las detenciones arbitrarias. Los hechos represivos documentados por organismos nacionales e internacionales pasan de “han” a “puedan haber”, como el despojo de la nacionalidad a opositores, periodistas y religiosos.

“Las propuestas presentadas por Brasil pretenden poner en duda la brutalidad sin precedentes aplicada por la dictadura de Ortega y Murillo contra miles de ciudadanos, y ofenden a familiares de los asesinados y a todas las víctimas de la represión del Estado totalitario de Ortega y Murillo”, dice un comunicado emitido por un grupo de los 94 opositores desnacionalizados. “Respaldamos la propuesta original de declaración, presentada por los cinco países integrantes del Grupo de Seguimiento sobre la crisis de Nicaragua ―que padecemos desde 2018― y que deberá ser aprobada por la Asamblea General de la OEA. Asimismo, rechazamos los intentos de la delegación diplomática brasileña que pretende suavizar los términos con que la declaración había sido redactada”, insisten, mientras piden a los países del hemisferio declarar “ilegítimo” al Gobierno sandinista.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil ha puntualizado este miércoles que el documento citado es un texto “muy preliminar”, informa Naiara Galarraga Gortázar desde São Paulo. El borrador está datado el pasado 14 de junio y, a lo largo de la negociación, la posición brasileña ha evolucionado. Itamaraty está trabajando en la construcción de un consenso que se traduzca en una posición común de la OEA sobre la situación en Nicaragua. Consciente de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Ortega, la delegación brasileña pretende suscribir la preocupación y condena por la retirada de la nacionalidad y la expropiación de bienes a opositores. Junto a esas críticas, el Gobierno de Lula seguirá insistiendo, recalca el portavoz, en su posición tradicional de defender el diálogo con el Gobierno nicaragüense. Brasil considera esencial mantener vías de comunicación abiertas con Ortega.

“Deuda moral e ideológica con Ortega”

El exembajador sandinista ante la OEA hasta marzo de 2022, Arturo Mcfields, tiene dos hipótesis sobre este cambio en la postura de Brasil. “Lula tiene una especie de deuda moral e ideológica con Ortega, porque cuando era un simple sindical en los años ochenta, llegó a Nicaragua y logró conocer a Fidel Castro. Lula siempre vio a Fidel como mentor., dice el exdiplomático, quien fue despojado de su nacionalidad.

La otra hipótesis que baraja Mcfields es que Lula, tras conseguir un nuevo mandato, intenta asumir el liderazgo de la izquierda latinoamericana frente al “fracaso” en ese sentido de Andrés Manuel López Obrador. “Lula cree que ese liderazgo no está completo mientras no se produzca la inserción total de las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Entonces intenta hacer este lavado de imagen y cambio de narrativa con Ortega, al igual que lo hizo con Maduro”, sostiene.

El régimen de Managua se niega a tender puentes de entendimiento con la comunidad internacional, incluso con la izquierda latinoamericana crítica encabezada por el presidente de Chile Gabriel Boric. En cambio, ha recrudecido la represión interna.

La Asamblea General de la OEA inicia este 21 de junio con varios cuestionamientos, en especial hacia Nicaragua. “En la OEA existe una correlación de fuerzas negativa para la democracia”, dice McFields. La OEA está compuesta por 35 naciones, pero como las tres dictaduras están relativamente fuera de la OEA, son 32. Es decir, nueve democracias y otros 23 países que son autoritarios o simpatizantes del autoritarismo”.

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