La OEA condena “sin objeciones” al régimen de Ortega y Murillo pese a los intentos de Brasil por “suavizar” la resolución

La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó “sin objeciones” al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo este viernes en Washington, donde se celebró la Asamblea General número 53 del organismo. Atrás quedaron los amagos de Brasil por “suavizar” la resolución titulada La Crisis de Derechos Humanos en Nicaragua y, en cambio, por unanimidad los países miembros condenaron “la represión y opresión persistentes de los oponentes políticos, los medios, las entidades religiosas, incluyendo la iglesia católica” y “de las organizaciones caritativas como la Cruz Roja”.

“El aire de nuestro hemisferio debe estar libre de la peste de la represión. La opresión de los derechos de las personas individuales y nuestras sociedades deben actuar sin titubear para salvaguardar la libertad, dejando poco espacio para aquellos que quieran limitarlos”, dijo Ronald Sanders, representante permanente de Antigua y Barbuda y uno de los impulsores de la iniciativa. La resolución exige que cese toda violación a los derechos humanos y se respeten los derechos civiles y políticos, en especial la persecución religiosa. La OEA, al igual que en resoluciones pasadas, rechazó el “acoso contra periodistas, medios de comunicación, y organizaciones no gubernamentales, respetando su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.

Esta versión final de la resolución fue alcanzada después de varias reuniones de negociación entre los países miembro que propusieron el documento, después de que se conociera que Brasil intentó suavizar el lenguaje de la propuesta original. Los representantes de Brasil presentaron inicialmente cambios al borrador de resolución que hablaban de “supuestos” abusos de derechos humanos y eliminaban un artículo donde se resaltaba la salida de miles de nicaragüenses del país desde 2018, el año de las masivas protestas sociales que cimbraron a la administración Ortega-Murillo.

Después de negociaciones entre los países miembros y del rechazo por parte de la oposición nicaragüense en el exterior, en especial de los desnacionalizados por el régimen, la delegación de Brasil en la OEA dio marcha atrás a sus cambios y se adoptó el borrador final que fue aprobado este viernes. El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, quien renunció a su cargo en 2022 en protesta por las acciones del Gobierno de Ortega, celebró la resolución final como una “victoria”. “Triunfó la verdad porque Brasil no logró “crear una falsa narrativa sobre la situación en el país. Aunque Ortega se quiera olvidar de la OEA, el organismo no se va a olvidar de Ortega, y ahí está la victoria principal”, insistió McFields.

En noviembre del año 2021, los Ortega-Murillo anunciaron el retiro de Nicaragua de la OEA bajo el alegato que no “hay pueblo que acepte imposiciones”, en referencias a las condenas que el organismo formuló de manera sostenida desde 2018. El proceso de salida dura dos años y se hará efectivo en noviembre próximo. Luego, el régimen sandinista allanó y confiscó las oficinas de la OEA en Managua.

“Diálogo de alto nivel”

De lo poco que quedó de las propuestas de Brasil fue el “llamamiento a los Estados miembros para que hagan todo lo posible para alentar a las autoridades nicaragüenses a emprender un diálogo al más alto nivel”. Mientras se realizaba la Asamblea General en Washington, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que va a interceder ante los Ortega-Murillo para que excarcele a uno de los principales símbolos de la represión, el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel tras negarse a ser enviado al destierro junto a otros 222 opositores críticos con el régimen despojados de la nacionalidad en febrero. El mandatario brasileño dio a conocer esta iniciativa este jueves en Roma, tras ser recibido la víspera por el papa Francisco en una audiencia en el Vaticano.

Analistas políticos dudan que Ortega escuche a Lula, ya que en reiteradas ocasiones Managua ha rechazado diferentes puentes de entendimiento propuestos por la comunidad internacional, pasando por la OEA, El Vaticano, Gobiernos de izquierda y Estados Unidos.

El representante de Antigua y Barbuda reconoció que OEA ha extendido su mano al gobierno de Nicaragua en múltiples ocasiones: han ofrecido asistencia para restablecer la democracia y sus principios fundamentales. “Sin embargo, desafortunadamente, estos esfuerzos han sido respondidos con desdén. En vez del avance hemos visto la erosión de los valores democráticos y de los derechos políticos y humanos”, lamentó el diplomático.

“Es nuestra obligación utilizar nuestras influencias individuales y colectivas para instalar a las autoridades nicaragüenses para participar en el diálogo. En esta resolución hacemos un llamado a todos los estados miembros a hacerlo con la esperanza de que el gobierno de Nicaragua responda de manera positiva antes de poner fin a los intereses del pueblo de Nicaragua y el bienestar general de Nicaragua”, sostuvo Sanders.

La resolución aprobada mandata al Consejo Permanente de la OEA que “siga ocupándose de la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, recibiendo periódicamente información actualizada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de otros organismos expertos”. “Que considere todas las acciones adicionales que puedan ser conducentes al efectivo ejercicio de la democracia representativa, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en el país”, subrayan los Estados miembros.

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