El hambre que amarra a Colombia

En Colombia hoy la población sufre de inseguridad alimentaria. Esto significa que las familias no pueden acceder a las tres comidas del día. El informe de evaluación de seguridad alimentaria para Colombia del 2023 del Programa Mundial de Alimentos (PMA) da este panorama: 15,5 millones de colombianos (30% de la población) están en un contexto de inseguridad alimentaria, moderada (13,4 millones) y severa (2,1 millones). En la Encuesta Pulso Social del DANE de diciembre del año 2022, el 73,5% de los colombianos tenía acceso a tres comidas al día; el 25,1% a dos comidas, y 1,5% a una comida, lo que demuestra que con el paso del tiempo esta problemática se agudiza.

Pero el hambre tiene muchas caras. Está la seguridad alimentaria marginal, cuando el consumo de alimentos es mínimamente adecuado, situación que afecta al 51% de los hogares colombianos (según el PMA). Muy posiblemente con los procesos de inflación en el precio de los alimentos o las dificultades externas para el acceso, esta población esté al borde de la inseguridad alimentaria. Ahora, el informe también indica que el 67% de los hogares en algún momento ha tenido que recurrir a estrategias de supervivencia para alimentarse, como vender sus bienes o pedir dinero prestado formal e informalmente.

Ante este panorama de física hambre en la sociedad colombiana, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del actual Gobierno propone la creación de la transferencia “Hambre Cero”, liderada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Desde allí se reglamentará esta transferencia de recursos -monetarios o en especie- con el objetivo de garantizar el derecho humano a la alimentación para las poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza, focalizando así los recursos en la población que los necesite de acuerdo con su situación de vulnerabilidad socioeconómica. Es un programa dirigido a atender el hambre de la gente y a disminuir las cifras que la alimentan.

La transferencia en especie es muy importante pues se piensa desde el desarrollo y sus protagonistas son las organizaciones populares, comunitarias y campesinas que a través de la entrega directa de alimentos y mercados buscan mitigar el hambre. Cabe recordar que estas organizaciones son las que mejor conocen el territorio, la población y sus problemáticas.

La participación de estas organizaciones no representa un riesgo de manipulación política sobre el programa o sus beneficiarios. Al contrario, desde su conocimiento y legitimidad territorial le dan transparencia y eficacia a este programa. Además, la vinculación de estos actores territoriales genera un parte de tranquilidad desde la veeduría ciudadana.

Lo que ‘amarra’ a la población a sistemas clientelares de la política tradicional es justamente el mecanismo de subsidios y programas que no buscan superar la pobreza sino administrarla. En cambio, si fortalecemos las rutas de atención sin intermediarios, con el apoyo de organizaciones sociales con legitimidad y trabajo probado en los territorios, se avanza en una ruta de transformación en la que se les den herramientas a las comunidades para la gestión de sus problemáticas en una clave colectiva. Con esta transferencia se busca iniciar la transición de inseguridad alimentaria a un contexto de seguridad alimentaria, en donde los hogares puedan cubrir sus necesidades básicas respecto a su alimentación diaria.

La misión que se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 es “garantizar el derecho humano a la alimentación de la población en pobreza y en extrema pobreza, con enfoque de derechos, soberanía alimentaria, priorizando la participación de la economía popular, comunitaria y solidaria, la agricultura campesina, familiar y comunitaria” (artículo 61 del proyecto del PND). Esta es una ruta para superar el hambre, logrando que la alimentación vaya de la mano con la producción dentro de un mismo territorio. Así avanzaremos hacia el objetivo de ser una despensa alimentaria y una potencia mundial de vida.

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