El reclamo de algunas madres de La Escombrera contra la JEP por haber revelado información de sus familiares desaparecidos

Encontrarlos no es suficiente. Algunas familias buscadoras de desaparecidos en el sector de La Escombrera, en Medellín, han levantado su voz de protesta por el comunicado de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) del pasado jueves, en el que se daba a conocer algunas características de las dos víctimas que fueron identificadas por Medicina Legal después de casi seis meses de búsqueda forense. En una montaña de escombros, tras escarbar hasta llegar a unos 15 metros de profundidad, forenses de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD) encontraron restos de cuerpos de personas. Las familias han denunciado que allí fueron escondidos los cadáveres de personas desaparecidas en medio del conflicto armado urbano de los años noventa y comienzos del 2000. El primer hallazgo, tras meses de pesquisas de las dos entidades creadas por del Acuerdo de Paz de 2016, y que abrió el camino a la ahora emblemática frase de ‘Las cuchas tienen razón’, ocurrió el 18 de diciembre pasado.

Ese día, la UBPD logró exhumar los primeros dos cuerpos. Fue noticia nacional. Para esos mismos días, la JEP, el tribunal de justicia transicional, convocó a una rueda de prensa. Buscaba entregar al país los resultados de una de las búsquedas más complejas por las características del terreno, una montaña en la que, por más de 30 años, se han arrojado y recogido escombros de forma indiscriminada. Aunque la noticia fue bienvenida por las víctimas, en la última semana la tensión comenzó a sentirse entre las familias buscadoras. Se cruzaron llamadas, quejas y preocupaciones luego de que la entidad judicial, en un comunicado público, señalara que los jóvenes identificados eran una mujer deportista de 20 años y un vendedor ambulante en situación de discapacidad de 28 años.

Aunque no entregaron nombres, varias de las víctimas sintieron que se irrespetó su solicitud de explícita no ser individualizadas ni referenciadas públicamente por asuntos de seguridad. La primera en levantar una protesta pública fue María Victoria Fallón, coordinadora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), y quien ha acompañado a las madres buscadoras de desaparecidos de la Comuna 13. Vocera de algunas familias denunció en su cuenta de X a la JEP. Dijo que la entidad cruzó “la línea ética pisando la ilegalidad” por cuenta del comunicado de prensa.

Fallón explica, en una llamada telefónica, que la gravedad del asunto yace en que la gente que vive en esa zona es fácilmente identificable. “Gente de Comuna 13 nos llamó a decirnos que, efectivamente, ya se sabía quiénes eran las personas después del comunicado”. Dice enfáticamente que dos de las tres familias que acompaña y asesora jurídicamente le han pedido que no se conozca la identidad de sus familiares, en caso de ser encontrados. “Una de las familias me dijo que es muy duro que, tras de que le desaparecen a uno un ser querido, también toque borrar de la memoria que fue encontrado porque todavía existe miedo”. Según ella, la solicitud que habían elevado ante la JEP y la UBPD era la de manejar los casos “en la mayor intimidad posible”, antes de ser revelados.

Para Fallón, quien durante más de 25 años ha representado a las víctimas de casos de desaparición forzada, este delito reviste una complejidad particular, pues varios de los responsables no han sido judicializados ni responsabilizados por los hechos. Una fuente de la Unidad de Búsqueda confirma que una de las familias de los cuerpos identificados ha pedido a esa entidad que no le haga la usual entrega de los restos. “Nos pidió a nosotros inhumarlo para que ellos no puedan ser identificados en medio de ese ritual, porque temen por su seguridad”, dice bajo la condición de anonimato, justamente para proteger a la familia. En esa misma llamada explica que la familia le ha contado que ha recibido tres llamadas intimidantes tras la publicación del comunicado de la JEP.

Otra fuente de la Unidad de Búsqueda confirma que la entidad ha recibido alertas de riesgo por la seguridad de los familiares. “Son familias que siguen viviendo en la Comuna 13, en su mayoría, y en las que la situación de conflicto no ha cesado”, cuenta. La Unidad ha enviado una comunicación privada a la JEP en la que se aparta del comunicado. En la carta, que la fuente pidió no citar textualmente, la institución señala a la Jurisdicción de entregar detalles en exceso, y señala que las familias habían pedido mantener la mayor confidencialidad de las identidades, que las afirmaciones en esos boletines no tienen soporte en los dictámenes periciales de Medicina Legal y que las afirmaciones sobre los antecedentes judiciales de las víctimas identificadas son inapropiadas.

En respuesta a este caso, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha respondido a este diario que “jamás ha habido intención de afectar a las familias”. “Para nosotros las víctimas y sus derechos son nuestra prioridad. Revisaremos si es necesario hacer ajustes en la materia”, explica. Menciona que desconoce de riesgos a la seguridad de las familias y explica que un magistrado, encargado del caso, se reunió con las familias antes de publicar el comunicado, y señala todos esos temas [como la publicación del comunicado] “fueron analizados conjuntamente”. Por ahora, a pesar de la gravedad de las denuncias, la Unidad de Búsqueda no se ha pronunciado oficialmente.