Alejandro Ramelli, presidente de la JEP: “nuestro el mayor éxito es resolver hechos que nunca se habían investigado”

Alejandro Ramelli (Bogotá, 54 años) lleva dos semanas como presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz y más 20 años trabajando en asuntos de derechos humanos en la justicia colombiana. Con experiencia como fiscal, siendo magistrado de esa justicia transicional pactada en los Acuerdos de Paz de 2016, se ha remangado para exhumar y buscar los cadáveres de víctimas de los asesinatos mal llamados falsos positivos, y de personas dadas por desaparecidas en Dabeiba, Antioquia. Como académico (cuenta con un doctorado de la Universidad de Salamanca), reflexiona en esta entrevista sobre los logros y pendientes de la más conocida como JEP. Con once macrocasos andando, investigan los crímenes más graves durante 50 años de conflicto armado. “No vamos a abrir más macrocasos por falta de tiempo”, dice el magistrado desde su despacho en el centro de Bogotá, acotando que las víctimas tienen derecho a demandar la verdad. “La JEP les abrió una ventana que estaba cerrada. Los piden porque funciona. Somos víctimas de nuestro propio éxito”.

Pregunta. Muchos grupos de interés le piden a la JEP que dicte sentencias pronto ¿Cuándo llegarán?

Respuesta. Hay que hacer dos claridades. En una justicia restaurativa como esta, el proceso es quizá más importante que la sentencia, a diferencia de la justicia ordinaria, en la que lo más importante es la sentencia. Lo fundamental acá es el tránsito que hacen tanto las víctimas como los comparecientes para construir la verdad o proponer sanciones que sean realmente reparadoras. Eso va a quedar en un documento que se llama sentencia, pero que no es el fin último.

Además, en esas sanciones propias, que son el corazón de una sentencia, hay una corresponsabilidad del Gobierno para diseñarlas y ejecutarlas, como lo dice el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos estudiando los programas que tiene el Ejecutivo en todos los sectores para ver cuáles se pueden ajustar con un enfoque restaurativo. Eso lleva a que los tiempos para emitir sentencias también dependa del Gobierno. El problema es que desde mayo no se reúne la instancia de articulación para eso, y hago un llamado respetuoso al Gobierno para que la convoque.

P. ¿Solo falta eso?

R. No, hay otras complejidades que explican los tiempos que toma una sentencia de un macrocaso. Se ve en el de secuestro. Los comparecientes, en su derecho, han interpuesto múltiples recursos, y las víctimas han querido participar muy activamente, con cientos de observaciones que hay que responder. Y dependemos de la Fiscalía, que debe mandarnos un listado completo de los procesos que tiene por ese delito, para que la sentencia sea un cierre absoluto. Queremos evitar la inseguridad jurídica.

P. ¿Es igual en los otros macrocasos?

R. Cada uno tiene sus complejidades. Por ejemplo, en secuestro revisamos conductas asociadas, como desapariciones forzadas, tratos crueles o violencia sexual. O, en los falsos positivos de Valledupar, fueron afectadas comunidades indígenas. Hay que establecer unos diálogos con ellas, darles una participación de acuerdo con sus cosmovisiones. Además, para que las sentencias sean realmente restaurativas, tenemos que identificar los daños, ver cómo las víctimas se sentirían restablecidas en sus derechos, examinar cómo cada compareciente puede aportar según sus habilidades, su edad o su estado de salud, y ver cuál es la oferta institucional que hay disponible. Es buscar la cuadratura del círculo.

P. ¿Qué aprendizajes les ha dejado el proceso por secuestro, el más avanzado?

R. Hemos hecho proyectos restaurativos anticipados y han evidenciado la necesidad de monitorearlos para saber si los comparecientes cumplen, si los trabajos contribuyen al restablecimiento de la memoria. Es mucho lo que se puede lograr antes de la sentencia. Los miembros del antiguo secretariado de las FARC tenían unas condenas en ausencia, sin privación de la libertad, sin mayor explicación de lo ocurrido. Ahora tienen una resolución de conclusiones que establece qué pasó en más de 22.000 secuestros y durante tres días de audiencia respondieron a las víctimas. Todo eso, previo a la sentencia, ya marca un antes y un después.

P. Imputaron a esos excomandantes en el macrocaso de reclutamiento forzado, y reconocen ese delito pero no el de violencia sexual ¿Cómo ve eso?

R. El proceso de paz está soportado sobre los aportes a verdad. No basta con reconocer un hecho o decir “acepto todos los cargos de cualquier cosa que me señale”. Hay que hacer un aporte a la verdad, establecer un diálogo con las víctimas, darles una explicación. Ellos ya dieron su versión, pero es ese es el punto de partida, no el de llegada. Falta el encuentro con las víctimas y responsables, como en falsos positivos. Eso no es construir una justicia restaurativa como la que se negoció y se acordó en 2016. Simplemente estoy recordando que está en la Constitución.

Como correlator del macrocaso de falsos positivos, encontré que casi todos están involucrados en múltiples hechos. Eso no se notaba en la justicia ordinaria, donde aceptaban los cargos y las víctimas se quedaban sin saber qué había pasado. Eso está cambiando. En la segunda versión voluntaria del cabo Néstor Gutiérrez, condenado por falsos positivos, le pregunté por las nueva condenas e investigaciones que tenía en la justicia ordinaria. “Ay doctor, hablemos de los 15 casos de una vez”, me contestó y los confesó. Pensé que era algo exótico, pero luego encontré más responsables que revelan hechos nuevos.

P. ¿Qué ha llevado a que los responsables de la guerra cambien su forma de pensar?

R. El contacto con las víctimas. Verlas, haber dialogado con ellas, hacer los talleres preparatorios para las audiencias. Allí las víctimas pueden preguntar todo lo que quieran, y los responsables, tocados, muchas veces en la audiencia dicen “Fulanita de tal, le vengo a cumplir lo que le prometí”. Mire, en el batallón La Popa interrogué a muchísimos militares e iban negando todo. Pero luego, en la audiencia de reconocimiento en Valledupar, reconocieron y dieron todos los detalles. Les pregunté por qué contaban lo que antes negaban. “Porque conocí a las víctimas”, me dijeron. Ahora saben que era el hijo de doña Fulanita, el papá de un niño, le dan una dimensión humana, se dan cuenta el daño que causaron. Eso los lleva a reflexionar y a contar toda la verdad.

P. Hay como excepciones a la regla, como Publio Hernán Mejía ¿Qué pasó con él?

R. Me declaro impedido para hablar de este caso porque investigué al coronel, que tiene su derecho constitucional de ir a un juicio adversarial y defender su presunción de inocencia. Pero son excepciones, porque el 88% u 89% de los integrantes de la fuerza pública han aceptado su responsabilidad. Eso gracias a que hay una investigación fuerte, una evidencia contundente. En Dabeiba hicimos pruebas científicas, me fui un mes al cementerio e hice 49 inhumaciones. Veintiocho comparecientes que no estaban investigados antes han preferido aceptar su responsabilidad y contar la verdad, antes de ir a un juicio en el que pueden terminar con 20 años de cárcel. Claro, si ven una investigación blandita, prefieren ir a defenderse.

P. Pese a las evidencias, un sector político es negacionista de los falsos positivos. El congresista Miguel Polo Polo ha cuestionado la cifra de 6.402 víctimas y hasta ha pedido los nombres...

R. Mire, no son una especulación. Podrán seguir diciendo que no pasó, pero cada víctima tiene un nombre, tiene un apellido, son hechos probados judicialmente. Y probablemente sean más. Lo digo por mi experiencia en los caso de Soacha o del Huila, donde empezamos con 15 condenas contra autores materiales por falsos positivos, y en la audiencia reconocieron 200 asesinatos y 32 desapariciones forzadas.

P. ¿Cómo recibe que ese mismo sector político retome la cifra de la JEP de 18.667 hechos de reclutamiento forzado por las extintas FARC?

R. Es muy curioso. La metodología de trabajo es exactamente la misma: cruzamos las bases de datos, revisamos expedientes... Nosotros no trabajamos para ningún sector político, nos tiene completamente indiferentes que estén conformes o no. Curiosamente, el número de resoluciones de conclusión contra exFARC y contra la fuerza pública es el mismo. Más simétrico no puede ser. No nos hemos ensañado con ninguno.

P. ¿Van a abrir más macrocasos?

R. No, el tiempo no nos da. Las víctimas piden que abramos más porque funciona. Somos víctimas de nuestro propio éxito.

P. Aunque uno de los puntos ciegos para las víctimas es cómo avanzar frente a los financiadores, a los terceros...

R. Tenemos la limitante de que solo comparecen ante la JEP de forma voluntaria, pero hemos avanzado en casos como el de Urabá. Pero hemos avanzado, con una cifra que va creciendo de comparecientes. Ya son cerca de 14.400 comparecientes. Estamos llamando a personas que nunca habían sido investigadas en el que creo que es el mayor éxito de la JEP: investigar hechos nunca investigados. Por ejemplo, en el caso de Soacha aceptó responsabilidad un general que nunca había sido imputado por la Fiscalía. En los falsos positivos de Casanare, pasó lo mismo con el general Torres Escalante. Lo logramos porque otros comparecientes los mencionan.

P. Pese a esos avances, el Gobierno propone crear otro tribunal de cierre...

R. Siempre digo lo mismo: nosotros actuamos dentro de nuestras competencias y límites materiales y temporales. Cualquier nueva iniciativa es una decisión política que debe respetar los estándares internacionales para la justicia transicional.

P. ¿Qué ha ocurrido con la posible desfinanciación de la JEP?

R. Todo el Estado colombiano está muerto de susto por la disminución en el recaudo tributario, el ajuste fiscal y lo que puede venir. Nos inquieta especialmente porque se necesitan recursos para implementar las sanciones... Para eso estamos haciendo las gestiones con el Fondo Colombia en Paz, que tiene recursos, y con la Agencia de Reincorporación, a la que llegará ese dinero para gastarlo según nuestras instrucciones. Quien tiene que cumplir, según el Plan Nacional de Desarrollo, es el Gobierno.

P. ¿Cómo es la relación con el Gobierno ?

R. No, pues en los 15 días que llevo... (risas) Tengo una reunión con el ministro del Interior para hablar de eso. Esperaría que la relación sea muy fluida.