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Rusia endurece el control sobre las aplicaciones de mensajería

El Gobierno obligará a operadores y empresas a identificar a los usuarios de 'apps' de chat anónimos como WhatsApp o Viber

Protestas en San Petersburgo por el bloqueo a Telegram en medio de las manifestaciones por el Día del Trabajo, el pasado 1 de mayo.
Protestas en San Petersburgo por el bloqueo a Telegram en medio de las manifestaciones por el Día del Trabajo, el pasado 1 de mayo.Dmitri Lovetsky (AP)

Rusia mantiene su campaña para controlar las redes. Tras su intento fallido por vetar el uso de Telegram, bajo el foco vuelven a estar las aplicaciones móviles de chat anónimo, como WhatsApp o Viber. El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, ha firmado este martes un decreto que obliga a los operadores de telefonía móvil y a las empresas propietarias de aplicaciones de mensajería a identificar a sus usuarios. Además, la ley, que entrará en vigor en seis meses, dispone que los operadores deben crear una base de datos con las apps de chat que usan sus usuarios y sus códigos de identificación. El Gobierno afirma que la ley tiene como objetivo crear un entorno seguro de comunicación para los usuarios.

El nuevo decreto obliga a los usuarios de estas aplicaciones a estar registrados con un número de teléfono móvil y a operadores y apps a verificar que su información es cierta y correcta. Para bajar una de estas aplicaciones móviles hace falta un código que la aplicación envía al número de teléfono móvil que facilita el usuario, pero puede ser cualquiera. Cuando el decreto entre en vigor, los operadores de telefonía deberán confirmar en un plazo de 20 minutos que ese número es auténtico y corresponde al usuario indicado. Si no lo hace, se bloqueará al usuario, según la regulación publicada en la web del Gobierno ruso.

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El regulador estatal de telecomunicaciones, Roskomnadzor, citado por los medios rusos, ha asegurado que la medida facilitará a las autoridades policiales investigar delitos. Las principales aplicaciones de mensajería aún no han reaccionado a la nueva medida que, según los expertos, podría suponer la pérdida de miles de clientes que no cumplan los requisitos.

La nueva regulación supone otra maniobra para contener y controlar el uso de estas aplicaciones de mensajería. El pasado abril, un tribunal de Moscú ordenó el bloqueo de la aplicación Telegram a petición de las autoridades rusas, después de que la empresa se negase a entregar a los servicios de inteligencia las claves de cifrado para acceder a los mensajes de varios usuarios.

El bloqueo de la app, creada por el ruso Pavel Durov y con más de 15 millones de usuarios en el país (de los alrededor de 200 que tiene en todo el mundo), provocaron que la reivindicación de la libertad en Internet se pusiese casi a la cabeza de las manifestaciones por el día del Trabajo este año. Y decenas de miles de personas cargaron contra el bloqueo en las calles de todo el país.

Intento fallido

No obstante, pese a que suspendió unas 18 millones de direcciones IP y un nutrido número de VPN (Virtual Private Network, que permite evadir el control de los órganos reguladores), Rusia ha fallado en su intento de bloquear el uso de Telegram. Las maniobras técnicas para ‘ocultarse’ en servidores ajenos ha logrado que la app siga funcionando. Por el camino, sin embargo, otras apps o webs —como el chat de Gmail, el de Viber o Amazon— se han visto afectadas por el bloqueo.

Rusia —casi 145 millones de habitantes— está entre los peores del mundo en la censura de la Red. Ocupa el puesto 53 (de 65) en el último índice sobre la libertad en Internet elaborado por la ONG Freedom House y hecho público hace unos días; por detrás de países como Tailandia y Gambia. De hecho, Rusia, definido como “no libre” cae por sexto año consecutivo en este índice, que mide criterios como la censura de contenido, el control de las redes y distintas violaciones de derechos.

Activistas y organizaciones como Freedom House consideran especialmente preocupante el intento de veto de Telegram y la adopción de otras leyes antiterroristas que exigen a los operadores almacenar las comunicaciones de los usuarios durante seis meses. También otras que permiten bloquear las redes y servicios de mensajería si a través de ellos se difunde información que cualquier órgano del poder legislativo,—de acuerdo con sus propios criterios e intereses—, considere como no fidedigna o falsificada.

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Sobre la firma

María R. Sahuquillo
Es jefa de la delegación de Bruselas. Antes, en Moscú, desde donde se ocupó de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y el resto del espacio post-soviético. Sigue pendiente de la guerra en Ucrania, que ha cubierto desde el inicio. Ha desarrollado casi toda su carrera en EL PAÍS. Además de temas internacionales está especializada en igualdad y sanidad.

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