Las reivindicaciones feministas, más allá de las tormentas por la ‘ley trans’ y la reforma del ‘solo sí es sí’

En los últimos meses, copados política y mediáticamente por los debates que ha generado la llamada ley trans y las rebajas de penas y excarcelaciones a reos de delitos sexuales tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, se ha producido un desplazamiento de los temas que llevan años en el centro de la agenda feminista, pendientes aún para alcanzar una igualdad real y efectiva en la población española. Y, aunque esa herida abierta en el feminismo por las dos últimas normas haya sido prácticamente el centro y los manifiestos de los distintos colectivos en ciudades de toda España lo reflejen de una u otra manera, están sobre todo construidos en torno al amplio abanico de problemas que suponen el núcleo de la desigualdad.

Entre ellos están la defensa de los servicios públicos o la vivienda digna, los llamados suelos pegajosos —aquellos obstáculos que las mujeres encuentran para incorporarse al mercado laboral o para hacerlo en igualdad de condiciones que los hombres—, los techos de cristal, la brecha salarial. También los feminicidios y la violencia machista en todas sus formas; los problemas concretos que afectan a mujeres migrantes o en situación irregular, a las racializadas, a las discapacitadas, jubiladas y ancianas, a las víctimas de trata y explotación sexual. Han incluido las cuestiones en torno a las familias monoparentales, las mujeres que viven en países en guerra, oprimidas por sus sistemas políticos o que mueren intentando cruzar las fronteras para huir de los conflictos. Y las mujeres que sufren violencia obstétrica o explotación reproductiva por convertirse en vientres de alquiler.

La lista es larga porque las demandas del movimiento son transversales a toda la problemática social. Lo que sigue es un repaso a algunas de esas reivindicaciones que parecen haberse desdibujado por el ruido de las polémicas:

Feminicidios

En España, 49 hombres asesinaron a sus parejas o exparejas el pasado año. En lo que va de año, son ya 10 las mujeres asesinadas y se contabilizan 1.192 desde que comenzó la estadística oficial, en 2003. A finales de diciembre, una concatenación de asesinatos, y tentativas, hicieron de ese mes el peor desde que se registran cifras, en 2003, con 11. Y también supuso el repunte ―una concentración de crímenes― más extendido en el tiempo. Además, mientras que la media de crímenes con alerta previa a las autoridades suele rondar el 20%, en aquel pico existían denuncias previas en al menos seis casos; y el 39% de las víctimas del pasado año habían iniciado un proceso judicial. Provocó la alerta del Gobierno.

Los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia, junto a las autonomías en las que se habían producido los asesinatos, se reunieron en la primera sesión del comité de crisis sobre violencia de género. Y Fernando Grande-Marlaska compareció en una rueda de prensa de urgencia para hablar sobre lo que estaba ocurriendo. Tanto desde Igualdad como desde Interior hubo dos mensajes claros. Uno, que aunque España cuenta con la ley contra la violencia de género y algunos de los protocolos más avanzados del mundo, estos son sistemas en continua evolución que a veces presentan grietas que hay que reparar de forma urgente. El otro, que la violencia sobre las mujeres es un problema del Estado y de todas sus instituciones, pero también de la sociedad.

A lo largo de las siguientes semanas, se activaron y propusieron varias medidas. Entre ellas, Interior informó de que se pediría a los jueces pulseras de control para los agresores machistas “potencialmente letales”. Y, tras la segunda reunión del comité de crisis a finales de enero por otro repunte de asesinatos a comienzo de año, se incluyeron como propuestas en el informe resultante de esa reunión tres cuestiones: que aquellas mujeres en situación de alto riesgo por violencia machista y especial vulnerabilidad económica tengan acceso inmediato a una vivienda y a una ayuda como el ingreso mínimo vital; que en el ámbito rural existan puntos violetas que no solo den información, sino que sirvan como mecanismos de derivación, y que podrían estar ubicados en farmacias, centros sociales y en los centros de atención primaria, y atención psicológica especializada para estas mujeres dentro del Sistema Nacional de Salud.

Trata y explotación sexual, prostitución y proxenetismo

Hay cuestiones que en España no generan conflictos, como el rechazo a la trata con fines de explotación sexual. Según el último balance del Ministerio de Interior, con datos de 2020, hay 3.867 personas en “situación de riesgo de trata y explotación sexual” —las que identifican durante las inspecciones—, aunque varios estudios apuntan a que el número real podría estar entre 20.000 y 40.000 —cifras que también dio el Gobierno en mayo en el Congreso—. Ante estos datos, en noviembre salió del Consejo de Ministros en primera vuelta el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos.

Le queda todo el recorrido parlamentario, pero ese primer texto tiene como principal objetivo amparar a todas las víctimas de ese tráfico, que es conocido sobre todo en su rama de explotación sexual (cuyas víctimas mayoritarias son mujeres y niñas), pero que también supone la explotación laboral y está relacionado con la extracción y venta de órganos y tejidos corporales. La idea del Ejecutivo es que quede aprobada antes del fin de esta legislatura y no se prevén conflictos en torno a ella.

Sí se advierten para otras cuestiones, como la abolición de la prostitución, en la que hay disenso tanto dentro del Congreso como en el seno del movimiento feminista, donde existen posturas a favor de la regulación. A finales de mayo de 2022, en medio del trámite parlamentario para la Ley de Libertad Sexual, el PSOE metió a última hora, sabiendo que contaría con el apoyo del PP, una enmienda que suponía incluir la abolición de la prostitución e incluía la tercería locativa —quienes ponen pisos o locales para que se ejerza la prostitución—. Pero tanto Unidas Podemos como otros socios minoritarios rechazaban esta cuestión y, al poner en riesgo la aprobación, la retiraron en el último momento. “El PSOE tiene 143 años de historia. Abolir la prostitución para nosotros es irrenunciable”, dijo entonces Laura Berja, portavoz socialista en la Comisión de Igualdad.

Esta cuestión, que efectivamente el PSOE tiene entre sus compromisos históricos, no pudo ir a más allá y, al día siguiente, las socialistas registraron una proposición de ley que ya no suponía la abolición de la prostitución, sino el abordaje del proxenetismo. Algo que el movimiento feminista abolicionista, mayoritario, reprocha al Ejecutivo. Tras retirar aquella enmienda, el Congreso dio luz verde a iniciar el trámite legislativo de la proposición de ley socialista que pretende castigar a quienes pongan locales para que se dé la prostitución y a quienes la demandan.

Esta propuesta tiene como objeto una reforma del Código Penal para prohibir el proxenetismo en cualquiera de sus formas. Sin embargo, cuando ese documento de cuatro páginas se debatió en el Congreso, hubo disensos. Las intervenciones de los distintos grupos giraron hacia la trata, para la que hay una ley integral en trámite; la pornografía, a la que no se alude en el texto y cuyo control entre los menores también fue un compromiso socialista y es una demanda de parte del movimiento feminista, y sobre todo la prostitución.

Techos de cristal

La ausencia de mujeres en puestos de poder ha sido una de las reclamaciones más notables del movimiento feminista en España desde hace años. La realidad es que las compañías cotizadas en la Bolsa española no alcanzan la recomendación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de llevar la diversidad de género en sus consejos directivos hasta el 40%. La presencia de mujeres en esos puestos de toma de decisión se queda en un 32,3%.

En el caso de las compañías que cotizan en el Ibex 35, la tasa de paridad aumenta hasta el 37,4%. Son 163 consejeras, 14 más que en 2021. Pero 32 de las 35 empresas están lideradas por hombres. En el caso de los comités ejecutivos —los órganos encargados de ejecutar las decisiones que ha adoptado el consejo de administración—, solo hay un 16,5% de representantes femeninas.

Las explicaciones son varias: la menor visibilidad de las mujeres, la dificultad de conciliación en un puesto de responsabilidad y que existe una dinámica en la que los hombres tienden a escoger a otros hombres para esos puestos, entre muchas otras. El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de la Ley de Representación Paritaria, anunciado el 4 de marzo por el presidente, Pedro Sánchez.

El objetivo de la ley es garantizar que exista una representación igualitaria entre hombres y mujeres en los órganos de decisión, desde el ámbito de la política, hasta en el económico. El texto prevé que haya paridad en las listas electorales y entre ministras y ministros, y en los consejos de administración de las grandes empresas. El objetivo es que haya un 40% de mujeres en los puestos públicos y en la dirección de cualquier empresa cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio anual.

Brecha salarial y cuidados

En lo que también se ha trabajado durante los últimos años es en disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Una reducción que, poco a poco, se va consiguiendo. Según el estudio Por hacer más ganamos menos que presentó CC OO en febrero, en el año 2021 la diferencia entre los sueldos de mujeres y hombres era de un 20,9%, casi seis puntos menos que en 2018 (26,5%) y más de 10 menos que en 2014 (31,4%). Aun así, la brecha sigue siendo imponente. Las españolas cobraron una media de 22.601 euros brutos en 2021. Ellos, 27.322. Es decir, que las mujeres ganaron 4.721 euros menos de media que los hombres.

Una de las razones por las que se siguen manteniendo estas diferencias es el trabajo a tiempo parcial. Al asumir mayoritariamente ellas las tareas de cuidados, trabajan más que los hombres a tiempo parcial. Un 22,6% de las mujeres lo hace, frente al 6,8% de los hombres. De hecho, el 75% de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres. El informe de CC OO revela que, si las mujeres trabajaran a jornada completa en igual medida que los hombres, la brecha salarial se reduciría del 20,9% al 8,4%. Otro motivo, según el estudio del sindicato, son los complementos salariales, que retribuyen la presencialidad, la nocturnidad o trabajar los fines de semana, algo que las mujeres no pueden asumir de la misma manera que sus homólogos masculinos, de nuevo, por encargarse de los cuidados.

La Comisión 8-M del movimiento feminista de Madrid, organizadora histórica de la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la capital, recordó precisamente el viernes que los cuidados familiares siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres. Y que hay sectores de trabajo en los que la atención y la asistencia personales juegan un papel considerable, como la sanidad, que están altamente “feminizados”. Por ello, en el manifiesto que marca los objetivos del 8-M de este año, las feministas exigen una ley que ponga los cuidados en el centro.

El Ministerio de Igualdad puso en marcha durante esta legislatura el Plan Corresponsables, una nueva política pública cuyos principales objetivos son facilitar la conciliación, crear “empleo de calidad” en el sector de los cuidados —precarizado y copado en más del 90% de los casos por las mujeres—, y poder certificar la experiencia profesional de las cuidadoras que trabajan en negro. En febrero de 2022, el ministerio de Irene Montero transfirió 190 millones de euros a las comunidades autónomas y ayuntamientos para su implementación. Y ha vuelto a destinar esa cantidad este año.

A nivel judicial, diversas sentencias han reconocido el papel de la mujer en los cuidados y la atención de la casa durante los últimos años. La más reciente, la del juzgado de primera Instancia de Vélez-Málaga (Málaga) del martes, que ha dictaminado que un hombre debe pagar a su expareja 204.000 euros “como compensación por el trabajo doméstico no retribuido realizado en el hogar”, durante los 25 años que estuvieron casados.