Interior pedirá a los jueces pulseras de control para los agresores machistas “potencialmente letales”

El Ministerio del Interior dará instrucción a las fuerzas de seguridad para que, en los casos de violencia de género que consideren “potencialmente letales” y no se haya ordenado el ingreso en prisión del agresor, pidan a los jueces que ordene que se coloque a este una pulsera de control telemático con el objetivo de reducir el riesgo de que se acerque a su víctima y la vuelva a agredir. Esta es una de las 10 medidas que se podrán en marcha próximamente para mejorar la lucha contra los asesinatos machistas tras el análisis de los 49 crímenes de 2022 y los tres confirmados de 2023 que han realizado en los dos últimos días los expertos de Interior junto a los responsables de las unidades de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Policía Foral, según detallan fuentes del ministerio.

La petición a los magistrados de colocar una pulsera de control telemático al presunto agresor la realizarán los agentes a través de los informes de valoración de riesgo que elaboran siempre que reciben una denuncia y envían al juzgado. Esta petición será automática cuando de ese análisis concluyan que exista “riesgo medio de especial relevancia” de que la víctima pueda ser agredida, han detallado las mismas fuentes. A finales de agosto, último dato disponible, tenían instalada una de estas pulseras 2.935 agresores, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Una cifra que se mantiene estable en la actualidad, según fuentes de Interior. La medida permite que la víctima reciba un aviso cuando el maltratador se acerque a menos de 500 metros de ella. Esta medida se ha mostrado especialmente efectiva, según señala Interior. De hecho, ninguna de las víctimas del año pasado la tenía instalada.

Esta iniciativa va en la línea con las instrucciones que impartió el pasado martes la fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, en un oficio dirigido a los fiscales. En el mismo les instaba a que, cuando consideren que no se dan las circunstancias para solicitar prisión provisional para un agresor, se interese la instalación de un dispositivo de control telemático “a fin de proteger a las víctimas”. Una medida que se podrá pedir a posteriori si en un primer momento no se consideraba necesario pero posteriores valoraciones de riesgo detecten “una agravación” del mismo. La fiscal pide que esta medida vaya más allá de la instrucción de la causa y sea llevado “al escrito de acusación provisional o al elevar las conclusiones a definitivas a fin de controlar con el dispositivo el cumplimiento de la pena de prohibición de aproximación para el caso de que se dicte sentencia condenatoria”.

El encuentro de los expertos policiales en el que se ha acordado esta medida ha puesto en foco en dos figuras. Por un lado, el denominado “agresor persistente”, en referencia a aquellos que reinciden con la misma u otras víctimas, y que, según los datos de Interior, son el 20% de los maltratadores machistas. Por otro, en las llamadas “víctimas resistentes”, término con el que se alude a aquellas mujeres que no denuncian, que no quiere seguir adelante cuando lo hacen o, incluso, entorpecen las labores policiales para su protección o la propia investigación del caso. El pasado octubre, Interior ya distribuyó entre los agentes instrucciones concretas para abordar estos casos. En aquel documento policial se recalcaba que los estudios realizados en España fijan en más de ocho años el tiempo medio para que una mujer se decida a denunciar a su maltratador.

Para hacer frente a los maltratadores “persistentes”, las conclusiones del encuentro inciden en la necesidad de hacer un seguimiento “estricto” de que se les aplican las medidas judiciales acordadas para el agresor, al que se le realizarán reevaluaciones periódicas para detectar un posible “incremento de su peligrosidad”. También se pondrá especial atención en aquellos que tengan antecedentes por agresiones u homicidios anteriores. La idea es incrementar las medidas de control sobre los que se consideren más peligrosos, aunque fuentes de Interior reconocen que aún están buscando “un acomodo jurídico adecuado” para, por ejemplo, dar a conocer a la víctima que su agresor tenía antecedentes por maltrato a otras mujeres antes, aunque reconocen las dificultades para conjugar esta medida con la ley de protección de datos.

Ya en el documento de octubre, Interior recalcaba “la importancia de que las víctimas conozcan su nivel de riesgo”, especialmente cuando este es considerado elevado o haya menores. El objetivo es que “la mujer pueda manejar de alguna forma determinados escenarios de riesgo, le ayude a comprender mejor la peligrosidad del agresor y aumente la conciencia sobre la gravedad de la situación cuando no se han detectado señales claras de alerta previas”.

En línea con lo apuntado recientemente en este sentido por la Fiscalía en un informe, Interior estudia tomar esta medida únicamente cuando exista un factor de riesgo relevante para la vida de la mujer o sus hijos, la medida se considera proporcional a la amenaza, y se considere necesaria para que la víctima adopte medidas de autoprotección. A finales de diciembre, 43.670 mujeres tenían algún tipo protección. De ellas, 726 tenían riesgo algo y otras 18 este era extremo.

Otras medidas acordadas en el encuentro van enfocadas a mejorar la actuación policial ante la recepción de las denuncias de maltrato machista tanto por parte de los integrantes de las unidades de lucha contra la violencia de género como de los agentes de seguridad ciudadana, que en muchos casos son los que tienen el primer contacto con la víctima. Para ellos, actualizará el protocolo actual para que sea más fácil de utilizar y comprender, y se les hará hincapié, precisamente, en los casos de “víctimas resistentes”. También se van a revisar los criterios y supuestos que se aplican en la actualidad para declarar inactivo un caso. El objetivo es que los agentes sean “más rigurosos” cuando decidan hacerlo y, de este modo, sea mayor el número de los que se mantienen como activos más tiempo. Interior también plantea reforzar las unidades territoriales contra la violencia de género de las fuerzas de seguridad, que en la actualidad suman 2.800 efectivos.

Las medidas también inciden en la necesidad de incrementar las actuaciones policiales “sobre el entorno de las víctimas”, ante el convencimiento de que no solo esta, sino también su familia, vecinos y amistades “tienden a enmascarar la situación real” de violencia que sufre la mujer. El objetivo es detectar casos que, pese a que el entorno conoce que existen, no llegan a la policía. Para ello, Interior estudia elaborar campañas de publicidad para concienciar a la sociedad.

En el encuentro, los expertos policiales han incidido en que, pese al repunte de los crímenes machista de las últimas semanas, el Sistema Viogen sigue siendo “una herramienta potente y eficaz para detectar, evaluar y gestionar medidas de protección, y articular medidas de seguridad sobre los agresores”. No obstante, también han acordado la necesidad de que reuniones como la celebrada estos dos días en Madrid se repitan con carácter mensual e, incluso, se convoquen encuentros extraordinarios cuando la situación lo requiera porque se produzca un incremento de los casos.