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La violencia digital creció más de un 17% en el último año

Interior registró en 2021 más de 28.000 denuncias por acoso a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, frente a las cerca de 24.000 de los 12 meses anteriores

Óscar López-Fonseca
Dos agentes de la Guardia Civil rastrean delitos informáticos cometidos a través de Internet.
Dos agentes de la Guardia Civil rastrean delitos informáticos cometidos a través de Internet.LUIS MAGÁN

Los avances de las tecnologías de la información han modificado los hábitos de los ciudadanos y, con ello, el tipo de delitos que se cometen. En el último año, la denominada violencia digital ―el acoso realizado a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram― se ha incrementado un 17,5%, según las cifras del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), dependiente del Ministerio del Interior. En una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Gobierno detalla que de las 23.972 denuncias que recibieron en 2020 las Fuerzas de Seguridad por hechos de estas características se pasó al año siguiente a 28.169. Los jóvenes y las mujeres son los que más sufren esta modalidad delictiva, que va desde las amenazas y la extorsión a la revelación de secretos y la violencia de género.

En su respuesta, el Gobierno señala que, como ya recogía la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, este tipo de infracciones muestra “una línea ascendente”, motivada en parte por las fuertes restricciones de movilidad que se implementaron en 2020 y 2021 para intentar frenar la pandemia de la covid y que provocaron una “mayor exposición” de los ciudadanos en internet, principalmente de los jóvenes. Según la estadística de Interior ―que recoge datos de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra y policiales locales― el tipo de violencia digital más denunciado fueron las amenazas, que pasaron de 11.340 a 13.860 solo en un año, lo que supone un incremento superior al 22%.

No obstante, el delito en el que el aumento ha sido porcentualmente más acusado ha sido el de las extorsiones, que han pasado de 1.160 a 2.063, con cerca de un 78% de incremento. También se situaron el año pasado por encima de las mil denuncias los casos de violencia digital referidos al acceso ilegal informático (2.199), a los malos tratos en el ámbito familiar (2.084), a las coacciones (1.998), a la revelación de secretos (1.897) y a las injurias (1.037). En su respuesta, el Gobierno destaca la intensa actividad preventiva que las Fuerzas de Seguridad hacen en los entornos digitales, con “operativos de protección” en redes P2P de intercambio de archivos y el seguimiento en foros y chats del llamado “internet oscuro” o dark web, utilizada para todo tipo de ciberdelitos.

El teniente Daniel Moreno, jefe del Equipo Mujer-Menor (Emume) Central de la Guardia Civil, admite que estas cifras no recogen en todo su amplitud el fenómeno. “Esos son los hechos de los que tenemos conocimiento porque hay denuncia, pero aún hay gente que no acude a la policía por miedo, por vergüenza o, simplemente, porque desconoce que lo que han sufrido es un delito”. Un desconocimiento, añade, que también alcanza a los autores de los hechos: “Muchos no tienen conciencia de que, por ejemplo, compartir sin el consentimiento de una persona imágenes suyas a terceros es también un tipo de violencia con consecuencias penales”. El teniente Nieto, que participa en charlas del Plan Director en centros educativos para prevenir que menores y jóvenes sean víctimas de cualquier hecho delictivo, cree, no obstante, que en el aumento que recogen las estadísticas puede haber influido el elemento positivo de que cada vez más gente sea consciente de que hay que denunciar.

Para Salvador Samper, presidente del Observatorio Español de Delitos Informáticos (OEDI, una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a la atención de víctimas de agresiones digitales), el incremento en las cifras es fruto, por un lado, de la mejora de la velocidad en las tecnologías de la información, pero también lo que califica de “vacíos legales” para perseguir este tipo de hechos y que generan espacios de impunidad. “La pandemia ha sido el acelerante final”, añade Samper, cuyo equipo colabora en la extracción de los equipos electrónicos de indicios contra los agresores digitales. Un reciente estudio del observatorio, realizado con 123 víctimas de violencia digital de género, revela que el 45% lo sufrieron a través de la aplicación WhatsApp; el 28% de la red social Facebook y un 19% de Instagram, otra red social. En cerca del 70% de los casos ese acoso fue diario y en la mayoría de las ocasiones (en un 69%) fue perpetrada por la expareja, aunque en un alto porcentaje, cercano al 17%, el autor era desconocido. Para el presidente del observatorio, la violencia digital puede ser, en ocasiones, “igual o más letal que la física” por sus consecuencias psicológicas y en lo estas pueden derivar.

Teresa fue víctima de violencia de género y ahora, desde la asociación Somos Más, de Zaragoza, ayuda a otras mujeres a denunciar. En su caso, recuerda que su expareja leía sus mensajes del teléfono móvil y le preguntaba constantemente dónde estaba, pero admite que los avances en las tecnologías han incrementado esa violencia no física. “Muchas de las mujeres que acuden a nosotras reciben amenazas en su WhatsApp que el autor borra inmediatamente. Eso les crea una gran angustia porque piensan que no van a poder demostrar lo que le están haciendo”. En una situación así, Teresa aconseja acudir inmediatamente a denunciar porque la policía puede recuperar esos mensajes de las memorias de sus dispositivos y que se utilicen como prueba. También recomienda no bloquear a los autores para, precisamente, poder recopilar indicios contra ellos y demostrar que esa violencia digital es algo reiterado. Teresa señala que las víctimas de la violencia digital de género no tienen un perfil definido: “Igual hay una ejecutiva, que una profesora universitaria o alguien sin estudios”.

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Sobre la firma

Óscar López-Fonseca
Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. En sus ratos libres escribe en El Viajero y en Gastro. Llegó a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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