Interior cree insuficiente el actual Código Penal para luchar contra los bulos en internet
El nuevo plan de lucha contra la delincuencia en Internet elaborado por el ministerio sitúa la difusión de noticias falsas entre las diez principales amenazas
El documento confidencial que recoge el nuevo plan del Ministerio del interior para luchar contra la ciberdelincuencia sitúa las noticias falsas en Internet (también conocidas con el término inglés fake news) como una de las diez principales ciberamenazas a las que se enfrenta España. En el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska admite que las lagunas legales existentes en el código penal dificultan combatir estos ciberbulos. “Conforme a la normativa actual española en material penal, estas conductas no siempre son delictivas, tan solo algunas de sus manifestaciones, en consonancia con lo recogido en la Constitución española en su artículo 20, que reconoce el derecho a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión”, recoge textualmente el texto.
El documento, sobre cuyo contenido el ministerio informó someramente la pasada semana en una nota de prensa, recalca que la desinformación ha cobrado “especial importancia en los últimos tiempos” como medio para “menoscabar la confianza en las instituciones del Estado, pudiendo formar parte de una ‘amenaza híbrida’ [ataques de todo tipo para desestabilizar un país] más completa que impida o dificulte el avance de España, y por tanto [de] Europa, en sus intereses geopolíticos”. En este sentido, el nuevo plan contra la ciberdelincuencia alerta de la posible utilización de la inteligencia artificial para suplantar “personalidades mediante generación de audios, vídeos y textos falsos en acciones de desinformación”.
Para mejorar la lucha contra ella, el documento de Interior plantea impulsar “la actuación coordinada” del ministerio “con el resto de las administraciones públicas en ciberseguridad, en la lucha contra la cibercriminalidad y la desinformación”. Y cita, en concreto, a los Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CSIRT), en referencia al Centro Criptológico Nacional (CCN, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE, del Ministerio de Asuntos Económicos). En este sentido, Interior recuerda la aprobación, el pasado 30 de octubre, de un procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional.
Preocupación por los ciberbulos
La preocupación de los expertos de Interior por los ciberbulos no es nueva. Los indicios de que este tipo de mensajes distorsionados prendieron en la crisis de Cataluña, iniciada en 2017, llevaron al ministerio a montar dispositivos específicos para combatirlos en las dos últimas elecciones generales celebradas en España, las del 28 de abril y el 10 de noviembre de 2019. El Eurobarómetro de aquel año ya arrojaba que ocho de cada 10 ciudadanos consideraban que se trataba de un problema general para la democracia y particular de España.
En aquellos comicios, Interior elaboró un protocolo para hacerles frente que detallaba las medidas que tenían que aplicar los diferentes operadores en ciberseguridad, incluidos los expertos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, cuando se detectase una posible campaña de desinformación que buscase cambiar el sentido del voto o perjudicar a algún partido. Con aquel protocolo, España seguía el Plan de Acción contra la Desinformación aprobado por la Comisión Europea unos meses antes, en diciembre de 2018,
Medidas similares se adoptaron en marzo de 2020, tras el decreto el estado de alarma para minimizar la propagación del coronavirus. La medida provocó entonces una enorme polémica después que el general de la Guardia Civil José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor, afirmase en una de las ruedas de prensa diarias sobre la situación de la pandemia que el instituto armado trabajaba para “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis [en internet] por parte del Gobierno”. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, acudirá este jueves ante la Comisión de Interior del Congreso para responder, entre otros temas, a una batería de preguntas de la oposición sobre aquellas palabras del general.
En las primeras semanas de confinamiento, Interior detectó 291 “eventos de desinformación” o ciberbulos de relevancia, en su mayoría mensajes falsos difundidos en internet y las redes sociales que iban desde teorías conspiratorias hasta narrativas que buscaban perjudicar la imagen del Ejecutivo. Entonces, la Policía investigó si se habían usado bots [cuentas para la difusión masiva automatizada] para su propagación y con qué objetivo. Además, la Fiscalía General del Estado abrió unas diligencias para investigar la posible existencia de un grupo criminal detrás de una campaña de bulos puesta en marcha en aquellos días en las redes sociales contra el Gobierno español.
Las otras nueve ciberamenazas
El nuevo plan de lucha contra la ciberdelincuencia del Ministerio del Interior destaca que en 2019, último año en el que hay estadísticas, el 9,9% del total de las infracciones penales conocidas en España fueron ciberdelitos, cuando en 2016 representaban el 4,6%. Además, el documento recalca, que esa cifra es “tan solo la punta del iceberg de este fenómeno delincuencial”, que aún tiene una elevada “cifra negra u oculta”, es decir, delitos que no se denuncian. Los expertos de Interior añaden que, del resto de delitos, “prácticamente todos” tienen además “un componente digital”. “Todo ello pone de manifiesto la necesidad de elaborar y poner en marcha un plan específico y de carácter estratégico contra la cibercriminalidad en nuestro país”, señala Interior que la semana pasada anunció que el plan tendrá una dotación presupuestaria de un millón de euros para 2021. El documentación detalla las 10 “tendencias observadas” de la cibercriminalidad tanto en las “modalidades de ejecución detectadas” como en lo que denomina “elementos perturbadores”.
Así, además de las noticias falsas o desinformación, los expertos citan la “irrupción de amenazas capaces de explotar vulnerabilidades de elevado impacto” que ha provocado el aumento del uso de las tecnologías de la información tras el estallido de la crisis sanitaria por la covid-19. También alerta del “notable incremento” de la distribución de material sexual infantil, buena parte de ello “autogenerado” por los propios menores, que ha convertido esta modalidad en una de “las principales amenazas criminales” a la que se enfrenta la Policia. Interior ha detectado además “incrementos estadísticos muy significativos” en el número de las ciberestafas, que siguen siendo el fenómeno delictivo “con mayor incidencia” y que van desde el fraude con tarjetas con tarjetas bancarias a los timos en el comercio electrónico.
El documento llama la atención sobre el “gran número de ciberataques” que utilizan dominios web maliciosos para suplantar páginas web oficiales y realizar estafas. También sobre la utilización de internet para cometer acosos, extorsiones y amenazas, tanto relacionados con la violencia de género como en delitos de odio. Otra nueva modalidad en aumento son las falsedades documentales utilizando el denominado ‘morphing’, técnica consisten en modificar mediante software la fotografía de un documento original robado para que lo pueda utilizar otra persona. A ello suma los ciberataques a infraestructuras críticas y operadores de servicios esenciales “bien por una finalidad terrorista, ideológica o de cualquier tipo” (818 en 2019, un 13,29% más que el año anterior); el secuestro de información (conocido por el término inglés ransonware y cuyo último caso conocido lo sufrió el Servicio Público de Empleo Estatal) que provoca que las víctimas abonen “fuertes sumas económicas” para recuperar los datos sustraídos por los cibercriminales; y los ataques de denegación de servicio (que impiden que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuario). De estos últimos, señala que aunque no representan actualmente “una amenaza de primer orden en materia de ciberseguridad” si destaca que “pueden provocar a medio o largo plazo serios daños en la prestación de servicios esenciales”.
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