Los ciberdelitos son ya el 10% de las infracciones penales conocidas

La ciberdelincuencia sigue su auge exponencial, según recoge el informe de cibercriminalidad en 2019 hecho público este domingo por el Ministerio del Interior. El año pasado, se denunciaron 218.302 delitos cometidos en internet, lo que supone un 35,8% más que en 2018, cuando fueron 160.729; y casi el doble de los 117.399 registrados en 2017. Con la nueva cifra, los ciberdelitos representan ya el 9,9% de los 2,2 millones de infracciones penales conocidas en el último año, cuando solo tres años antes eran el 4,6% de toda la delincuencia. “Es innegable el peso proporcional que va adquiriendo [la ciberdelincuencia] dentro del conjunto de la criminalidad”, recoge el documento. En 2020 es previsible que estas cifras se disparen aún más después de que durante el confinamiento la policía haya detectado un incremento de estos delitos de hasta un 70%

La modalidad ciberdelictiva más habitual, los fraudes en internet, se ha convertido, con sus 192.375 casos (el 88,1% de total de los ciberdelitos), en el segundo más común, solo por detrás de los hurtos y superando a otros de la delincuencia tradicional como los robos con fuerza en domicilios y los daños. A mucha distancia se sitúa el segundo ciberdelito más común, las amenazas y coacciones, con 12.782 casos, prácticamente el mismo número que el año anterior. Expertos policiales destacan que estas cifras reflejan únicamente la cibercriminalidad conocida y apuntan que en numerosas ocasiones, cuando la cantidad defrauda es pequeña, las víctimas no denuncian. “La cifra oculta de ciberdelitos sigue siendo muy alta”, admiten estas fuentes.

El informe de Interior —el primero que recoge datos de todas las policías, incluidas las autonómicas y locales— refleja también el bajo porcentaje de esclarecimiento: solo fueron resueltos 30.841, un 15,1% del total, frente al cerca del 90% de éxito policial en otros delitos como los homicidios. En total, el año pasado fueron arrestadas o investigadas por estos delitos 8.914 personas. El perfil del estos es el de un hombre (6.625, el 74,3% ), de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española (7.098, el 79,6%).

Dos de esos parámetros los cumplía Jordi. A. F., un leonés de 23 años detenido el 18 de junio del año pasado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la bautizada Operación Lupin. Este joven es considerado el mayor ciberestafador de la historia de España, Capaz de ingresar más de 300.000 euros en un solo mes con sus estafas. Cuando fue arrestado Jordi había iniciado los preparativos para dar un golpe de un millón de euros en el Black Friday, la campaña comercial en Internet que se celebra cada año en noviembre.

Los expertos policiales consultados coinciden en que el auge de estos delitos está ligado a su “alta rentabilidad” económica, al cada vez menor coste de los equipos necesarios para cometerlos y al reducido riesgo para sus autores. De hecho, los investigadores han detectado que delincuentes que antes cometían otros delitos han “migrado” a la cibercriminalidad. La Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado —el documento elaborado en febrero de 2019 por Interior para fija las líneas de actuación policial durante los próximos años con el fin de hacer frente a la nueva criminalidad— también alertaba sobre el incremento entre la cibercriminalidad de los llamados “empresarios individuales del delito”. Se trata de ciberdelincuentes que venden sus servicios a grupos de crimen organizado, como por ejemplo, listados de números de tarjetas de crédito con sus claves para saquear cuentas.