La policía alertará a jueces y fiscales cuando una víctima de violencia machista no quiera denunciar

El Ministerio del Interior ha remitido en las últimas horas a todas las delegaciones del Gobierno y a las direcciones generales de la Guardia Civil y la Policía Nacional nuevas instrucciones para gestionar los casos de violencia de género que ha bautizado como “resistentes”. Se trata de aquellos en los que la propia víctima no quiere seguir adelante con la denuncia o, incluso, entorpece las labores policiales para su protección o la propia investigación del suceso. Según el documento, estos casos se producen principalmente cuando se trata de mujeres de colectivos desfavorecidos, como aquellas que están en situación irregular en España o sufren una drogodependencia. A partir de ahora, cuando los agentes se encuentren con uno de estos casos deberán informar “detalladamente a la autoridad judicial y fiscal”, entre otras medidas.

Hace un año, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ya elaboró un protocolo policial sobre el primer contacto policial con víctimas de violencia machista que incluía, entre otras medidas, un decálogo para que los agentes supieran qué información recabar en aquellos sucesos en los que “exista sospecha de que la víctima no acuda a prestar declaración en dependencias policiales”. La nueva instrucción va más allá y actualiza los procedimientos de actuación policial en estos casos, los conocidos como “resistentes”. En lo que va de año, 34 mujeres ha sido asesinadas por sus parejas o exparejas; desde que se inició la estadística oficial, en 2003, la cifra asciende a 1.164 víctimas mortales.

En el nuevo documento, que firma el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, Interior recuerda a los policías que ellos “constituyen la puerta principal de entrada de las denuncias de violencia de género al sistema de justicia” y, por tanto, son el primer eslabón para intentar acabar con una relación en la que existe maltrato. También, en aquellos casos en los que la víctima acuda a la comisaría o el cuartel de la Guardia Civil únicamente para pedir ayuda puntual para que el agresor no acabe con su vida en un momento concreto, pero no tiene intención de presentar denuncia. En este sentido, la instrucción recalca que los estudios realizados en España fijan en más de ocho años el tiempo medio para que una mujer se decida a denunciar a su maltratador.

Entre los colectivos vulnerables más proclives a sufrir los “casos resistentes”, Interior sitúa a mujeres en situación de “migración irregular”, a las que son víctimas de “violencia sucesiva de distintos agresores” (las que se conocen como plurivictimizadas), a las que tienen “adicciones o conductas de abuso de sustancias con dependencia”, a las que presentan “alteraciones de conducta o enfermedades mentales”, y a aquellas que carecen de medios para subsistir por sí mismas. En todos estos casos, ahonda la instrucción, las víctimas suelen aproximarse “con cierta desconfianza o recelo a este proceso [de denuncia], que renuncian a continuar con el proceso judicial, que solo solicitan ayuda inmediata ante una emergencia, que confían más en sus recursos personales frente a la ayuda institucional o que, por el contrario, carecen de cualquier recurso”.

Mujeres con especial vulnerabilidad

Interior da a los agentes indicadores para detectar posibles “casos resistentes”, ya que concluye que con ellos se debe realizar una gestión “singular”. Así, entre esos indicios cita que la mujer no solicite orden de protección o que la denuncia no la haya presentado ella, sino una tercera persona. También cuando se tenga conocimiento de que “la víctima no colabora con las medidas policiales de protección y, además, mantiene contacto con el denunciado”. En este sentido, el documento destaca que “el control del agresor [sobre la mujer] se puede seguir produciendo”.

Cuando la víctima padezca algún tipo de drogodependencia, la instrucción pide que se preste especial atención a “las verbalizaciones que haga sobre su dependencia emocional. En este punto es muy importante conocer si se registra codependencia por problemas de consumo de tóxicos o consumos en pareja”, añade el texto antes de recomendar que, en ese caso, “habrá que favorecer que la víctima esté en contacto con recursos asistenciales especializados” para tratar su toxicomanía.

En el caso de mujeres en situación irregular en España “o muy aisladas” y que tengan dificultad con el idioma español, pide a los policías que “dispongan de los recursos necesarios, de modo que [este desconocimiento del castellano] no suponga un obstáculo a la hora de transmitir la información que precise en cada momento [...] La investigación con víctimas que precisan de intérpretes para relatar sus experiencias destaca la importancia de la credibilidad para el éxito de la entrevista”, se añade. “En estos casos, resulta muy conveniente que los intérpretes sean sensibles y conozcan el fenómeno de la violencia de género”, recalca.

El documento recuerda a los policías que “el objetivo en estos casos es que, en lo posible, la víctima tome conciencia de que los procesos crónicos de violencia no suelen remitir si no se activan los mecanismos adecuados, generando una percepción del riesgo más ajustada a la realidad (además del impacto en la vida de los menores) y las ventajas asociadas al proceso de denunciar”. Para ello, les pide que hagan ver a las mujeres que han sufrido la violencia que es una “creencia errónea” pensar que el agresor va a sufrir un cambio en su actuación “por el mero temor a la respuesta punitiva”, ya que la experiencia ha demostrado que “este [cambio de actitud] solo se mantiene a corto plazo”.

Por ello, Interior pide a los policías que, además de recoger los detalles del suceso, “se centren en dar a conocer a las víctimas que también pueden ser agentes facilitadores de recursos dirigidos a solucionar su problemática específica, evitando ser vistos como un mero engranaje con el sistema de justicia y favoreciendo la activación de elementos de contención de la violencia”. En este sentido, el documento incide en que resulta “muy importante” que los agentes dediquen “el tiempo necesario en explicar a las víctimas, de manera comprensible para ellas, cómo la denuncia es un catalizador enfocado a terminar con la violencia que sufren y poder construir nuevas redes de convivencia saludable y bienestar personal y familiar, especialmente también para los menores”.

El documento recalca “la importancia de que las víctimas conozcan su nivel de riesgo”, especialmente cuando este es considerado elevado o haya menores, para que “la mujer pueda manejar de alguna forma determinados escenarios de riesgo, le ayude a comprender mejor la peligrosidad del agresor y aumente la conciencia sobre la gravedad de la situación cuando no se han detectado señales claras de alerta previas”. “La percepción ajustada y realista del riesgo de las víctimas resulta muy importante de cara a la protección y autoprotección eficaz”, recalca. Y pide a los agentes que presten “mucha atención a la existencia de estos posibles sesgos o errores de interpretación durante el proceso de evaluación del riesgo y las entrevistas con la víctima. Se suelen escuchar justificaciones de las conductas del agresor, cierta autoculpabilización por la situación de violencia y minimización del riesgo”, apunta como síntomas de ello.

Entre los sesgos que se producen en el círculo de la violencia machista, Interior resalta las “justificaciones de las conductas del agresor, cierta autoculpabilización y minimización del riesgo”

Por último, el documento destaca la estrecha relación entre los “casos resistentes” y los denominados “agresores persistentes”, que son aquellos maltratadores que han agredido a varias parejas. Según el documento, estos pueden “evolucionar de manera muy rápida en sus estrategias de control y de acoso” haciendo más difícil que sus víctimas denuncien. En estos casos, la instrucción pide a los agentes que expliquen a la víctima que el contexto de violencia puede “perjudicar seriamente el natural desarrollo psicoevolutivo de los menores”, además de recordarle “la relevancia de informar sobre cualquier incidente con el denunciado para poder ajustar, en su caso, los niveles de riesgo y de protección”.