Las medidas que prepara el Gobierno para afrontar el escándalo de Torrejón: una ley para “poner coto” a la privatización, denuncia a la Fiscalía y una inspección

El escándalo del Hospital de Torrejón destapado esta semana por EL PAÍS ha sacudido la agenda política en España. Los audios desvelados por este diario donde se escucha a Pablo Gallart, consejero delegado del grupo Ribera Salud ―que tiene la gestión privada del hospital público de Torrejón― pidiendo en una reunión a una veinteina de directivos subir listas de espera y rechazar pacientes para ganar más, ha reavivado el debate sobre la gestión de la sanidad pública y ya se empiezan a ver las primeras consecuencias de esa eterna pugna política e ideológica.

Por lo pronto, la ministra de Sanidad, Mónica García, que siempre ha señalado desde su partido (Más Madrid) que la gestión privada de la sanidad pública podía traer consecuencias como las que cristalizan los audios revelados esta semana, ha anunciado en una entrevista a EL PAÍS, que llevarán el caso de Torrejón a la Fiscalía y que desde su ministerio pondrán en marcha una norma para limitar la entrada de compañías con afán de lucro en la gestión de centros sanitarios públicos.

A falta de conocer la letra pequeña del texto, estas son las claves de las medidas que está ultimando Sanidad para evitar que se repitan escándalos como el del Hospital de Torrejón.

¿En qué consiste la ley que prevé poner en marcha el Ministerio de Sanidad?

La ministra Mónica García ha anunciado que trabajan en la “Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud para poner coto” a prácticas como las que se desvelan en los audios del Hospital de Torrejón —Gallart dio instrucciones para aumentar las listas de espera y descartar procesos no rentables para aumentar beneficios en el hospital madrileño—.

La idea de la titular de Sanidad es limitar la entrada de empresas con ánimo de lucro a la gestión de la sanidad pública: “Es una ley mucho más amplia de integridad del Sistema Nacional de Salud que le pone coto al ánimo de lucro, que establece unas normas claras de esa colaboración público-privada”, ha explicado en la entrevista a EL PAÍS.

La puesta en marcha de esta norma implica, entre otras cosas, la derogación de la ley 15/97, de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS), una orden aprobada bajo el Gobierno de José María Aznar (PP) —y con el apoyo del PSOE y la mayoría de partidos autonómicos— para flexibilizar, dar más autonomía a los hospitales y mejorar la eficiencia.

En concreto, esa ley, de 1997, recogía que la prestación y gestión sanitaria podía “llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad“. La pretensión era que la norma constituyese ”un importante instrumento de flexibilización y autonomía en la gestión sanitaria, necesidad ineludible de la actual organización pública, con vistas a mejorar la eficacia del Sistema Nacional de Salud”.

¿Esa norma prohibiría el modelo Alzira, que es el del Hospital de Torrejón?

Según la ministra, sí. Esto significaría que ese sistema de gestión privada que nació en la Comunidad Valenciana en 1999 de la mano, precisamente, de Ribera Salud, tiene los días contados: se trata de un modelo de gestión por concesión, que consiste en que una empresa construye la infraestructura y la gestiona durante un plazo de tiempo a cambio de prestar el servicio público, dando asistencia sanitaria a una población protegida.

A diferencia de otros sistemas de gestión ―en los que se paga a las gestoras privadas de los centros públicos en función de la actividad, por ejemplo―, en el llamado modelo Alzira, la Administración paga un canon per cápita ―por la población asignada, independientemente de la actividad que realice― que obliga al concesionario a prestar todos los servicios que daría cualquier otro hospital de la red pública. De todas las fórmulas de colaboración público-privada, la de la cápita es en la que la Administración establece un menor control.

¿Cómo de implantado está el modelo Alzira en España?

Según el informe del Observatorio del sector sanitario privado de 2025, realizado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), en 2023 había ocho hospitales en España bajo el modelo Alzira de concesión administrativa y los principales agentes en este modelo de colaboración eran Ribera y Quirónsalud. Sin embargo, en los últimos dos años, ese mapa ha cambiado ligeramente.

Así, en la Comunidad Valenciana, donde hace un par de años quedaban tres hospitales, ahora solo está el de Vinalopó, gestionado por Ribera. El de Denia y el de Manises pasaron a ser de gestión directa de la Consejería de Salud valenciana en 2024.

Ribera Salud también se encarga, en Vigo, de Povisa. Desde la pasada primavera cobra de las arcas públicas por consulta, prueba o cirugía, no por tarjeta sanitaria. El Gobierno de Alfonso Rueda cambió la forma de pagarle a Povisa tras informes fiscalizadores que criticaban la opacidad del sistema.

En Madrid hay ahora mismo tres hospitales, aparte del de Torrejón, funcionando bajo el modelo de la cápita, todos ellos en manos del grupo Quirónsalud: son el Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro y Collado Villalba, con una población total atendida de 420.000 personas.

¿Hay otros modelos de gestión en el aire con la nueva ley?

Mónica García ha asegurado que ley tampoco permitirá el esquema de colaboración público-privada de la Fundación Jiménez Díaz, en manos del grupo Quirónsalud, aunque este caso es un sistema diferente del modelo Alzira y habrá que esperar al detalle de la norma a ver cómo se concretan las limitaciones.

Según el informe de IDIS, el esquema concesional de la Jiménez Díaz entra dentro de los llamados “conciertos sustitutorios”. Esto es, casos en los que hospitales privados ofrecen asistencia sanitaria a un área poblacional con infraestructuras sanitarias insuficientes.

En este caso, la Jiménez Díaz está gestionado a través de lo que llaman un “concierto singular”. Con esta fórmula, la Comunidad de Madrid y la Fundación, que es una organización privada, acuerdan que el hospital preste asistencia sanitaria pública a cambio de una prestación económica y sin perjuicio de que siga realizando también actividad privada en sus instalaciones.

¿Se prohibirá todo tipo de colaboración público-privada en el Sistema Nacional de Salud?

No. La ministra ha dejado claro que la nueva ley que quieren poner en marcha “no prohíbe que haya una colaboración público-privada, pero limita” poder hacerlo “con empresas con ánimo de lucro”. A falta de conocer el detalle del texto, lo que ha avanzado García es que la norma pondrá “coto al ánimo de lucro”, con directrices claras de esa colaboración público-privada. “Sobre todo blinda y protege nuestra sanidad pública frente a los fondos de inversión, frente al ánimo de lucro y frente a esta depredación constante que tenemos de nuestra sanidad”, ha indicado.

No hay que olvidar, de hecho, que la colaboración público-privada existe desde la propia creación del actual Sistema Nacional de Salud. La Ley General de Sanidad de 1986 apostaba por un modelo de gestión pública directa de los hospitales, pero también preveía acuerdos con el sector privado para complementar la red pública.

¿Qué tipos de colaboración público-privada avala la nueva ley?

Aquellos en los que no intervienen empresas con ánimo de lucro. Un ejemplo de ello podría ser el modelo hospitalario catalán, donde conviven dentro de la red pública diferentes fórmulas de gestión: hay centros sanitarios del Instituto Catalán de la Salud —una empresa pública que gestiona ocho grandes hospitales y el 80% de la atención primaria en Cataluña— y otros gestionados por consorcios públicos (con presencia de la Generalitat o ayuntamientos) o entidades privadas sin afán de lucro (fundaciones u órdenes religiosas, por ejemplo).

En la red hospitalaria pública catalana, la presencia de empresas con afán de lucro es anecdótica (el grupo Quirónsalud tiene el hospital Sagrat Cor, en Barcelona). Sobre todo, desde que en 2016 el entonces consejero del ramo, Toni Comín, pusiese en marcha un plan para echar de la red pública este tipo de colaboraciones y trasladase la actividad de dos centros de titularidad privada a hospitales públicos.

¿Cuándo entrará en vigor la nueva ley?

García ha asegurado que están ultimando la norma y prevé que se apruebe esta legislatura. La ministra ha indicado que quiere llevarla al Consejo de Ministros a principios del año que viene. Tras su paso por el Consejo, la norma deberá pasar por trámite parlamentario, con las dificultades que entraña dada la situación de la actual legislatura, tanto con la oposición como con los socios de gobierno de la coalición.

¿Qué otras medidas ha puesto en marcha Sanidad tras el escándalo del Hospital de Torrejón?

La ministra ha confirmado que, “como ministerio y como grupo político, Más Madrid en la Comunidad de Madrid”, llevarán el caso a la Fiscalía por un delito de lesiones contra los pacientes. Sanidad también mandará a la Alta Inspección para investigar si ha habido irregularidades en Torrejón.

García también ha pedido esta semana a Ayuso que abra dos investigaciones: una para estudiar si han existido “vulneraciones contractuales, asistenciales o éticas” con el grupo sanitario que gestiona el hospital madrileño y, además, ha solicitado que extienda las pesquisas al resto de hospitales públicos de gestión privada para asegurarse de que este tipo de prácticas son “aisladas” y no forman parte de “una dinámica más amplia”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su equipo han hecho de esta polémica y de la defensa de la sanidad pública, uno de sus caballos de batalla para recuperar el control de la agenda política. Tras otra semana infernal en su partido por la desastrosa gestión del caso Paco Salazar, Sánchez se aferra a la defensa de los servicios públicos frente a las privatizaciones en las comunidades del PP para sacar pecho: en los últimos días se han estado ultimando medidas para que las presente García y mañana el Consejo de Ministros estará dominado por este asunto.