El Gobierno estudia una prestación universal por crianza que ya tiene la mayoría de países de la UE

En España, el 29,2% de los hogares con menores viven bajo el umbral de la pobreza, según los últimos datos disponibles, de 2024. Está año tras año entre los países de la Unión Europea con peores cifras. Un problema estructural y una anomalía para la cuarta economía del club comunitario. Ante esta situación, el Gobierno se compromete a dar pasos hacia una prestación universal por crianza, un tipo de ayuda de la que disponen la mayoría de países de la UE y que reclaman académicos y organizaciones de infancia para lograr paliar estas cifras. Sumar, de hecho, propone que todas las familias perciban 200 euros al mes por cada hijo, hasta que cumplan 18 años, independientemente de su renta.

El Consejo de Ministros aprueba este martes una declaración institucional, con motivo del día internacional de los derechos de la infancia que se conmemora este jueves, que no va tan lejos como querría el socio minoritario del Gobierno, pero que sí señala en esa dirección.

“La desigualdad económica también condiciona vidas enteras desde la infancia”, se lee en el documento. “Por eso, desde el Ministerio de Juventud e Infancia se continúa impulsando políticas de lucha contra la pobreza infantil”, reza el texto. Como el cumplimiento del plan de acción para implementar la garantía infantil europea —un programa para combatir la exclusión social de los menores— y la extensión del complemento de ayuda a la infancia del ingreso mínimo vital (IMV) —una ayuda que perciben de facto quienes tienen hijos y son beneficiarios del IMV, pero que también pueden solicitar familias que no cobren esta ayuda, pero que no superen determinados ingresos—. Todo ello, se dice en la declaración, “mientras se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal”.

Ya en la legislatura pasada, Ione Belarra (Podemos) propuso por primera vez una prestación universal por crianza, que quiso incluir en la ley de familias, sin éxito ante las reticencias del ala socialista del Ejecutivo. Este Gobierno, de coalición entre el PSOE y Sumar, aprobó el año pasado en Consejo de Ministros esta norma, que actualmente está tramitándose en el Congreso y atascada desde hace meses, y que recoge una renta crianza de 100 euros al mes para familias con hijos de hasta tres años, aunque no de forma universal.

Actualmente, gran parte de estos hogares ya perciben esta ayuda, a través de una deducción fiscal reembolsable para madres trabajadoras, porque se amplió en 2023 para recoger también supuestos que hasta entonces no estaban contemplados, como mujeres que cobren una prestación por desempleo, por ejemplo. Pero sigue sin llegar a todas las casas.

Ese es precisamente el problema: no todos los hogares realizan la declaración de la renta. Precisamente quedan fuera los más vulnerables. Para ellos está pensado el ingreso mínimo vital y también el complemento de ayuda a la infancia del ingreso mínimo vital (que asciende a 115 euros para los hijos de hasta tres años). Pero muchos de los que podrían optar a estas prestaciones, no exentas de burocracia, ni siquiera las solicitan.

Para evitar esta exclusión, así como la estigmatización de quienes tienen que solicitar una ayuda para personas en situación de vulnerabilidad, organizaciones de infancia y expertos defienden que exista una prestación universal por crianza. Según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, esta fórmula permitiría dejar de lado el actual modelo asistencial y lograría reducir la tasa de pobreza infantil a la mitad.

Sumar, coalición liderada por Yolanda Díaz, ha puesto esta medida encima de la mesa en varias ocasiones como una de sus prioridades de cara a los Presupuestos Generales del Estado. Unas cuentas que el Ejecutivo tiene previsto presentar para 2026, pese a que Junts haya anunciado que no las apoyará, algo que complica su aprobación.

En la UE, 17 de los 27 socios disponen de una renta universal por crianza, según ha argumentado múltiples veces el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que defiende que la medida vaya acompañada de una reforma fiscal. España es el Estado miembro que menos capacidad tiene para reducir la pobreza infantil mediante ayudas, según destacó Unicef el año pasado, cuando la organización también afeó que el país solo invierta el 1,5% del PIB en protección social de la infancia y las familias, frente al 2,4% de media europea.

La OCDE ha invitado a España a explorar la vía de la prestación universal por crianza. Según destacó en una campaña de hace un par de años la Plataforma de Infancia, que aglutina a las principales organizaciones de defensa de derechos de los niños en España, en países como Alemania se perciben 219 euros al mes por cada hijo y en Irlanda, 140, hasta los 18 años.

En 2024, Save the Children, Unicef y la Plataforma de Infancia realizaron una simulación de cuánto costaría a España plantear una ayuda universal por crianza, a través de una deducción fiscal reembolsable, y plantearon cuatro escenarios con diferentes cuantías, con costes netos que irían de los 3.180 millones de euros anuales a los 8.668 millones.

En la declaración institucional que ha aprobado el Consejo de Ministros se lee que “ningún niño, niña o adolescente debe ver limitado su futuro por su situación económica o habitacional”. Por todo ello, el Ministerio de Juventud e Infancia está impulsando un pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil.