Ruth Ortiz denuncia a Bretón por posible quebrantamiento de condena tras la publicación de extractos del libro ‘El odio’

Una nueva vía judicial se ha abierto respecto a la publicación del libro El odio (Anagrama), de Luisgé Martín, que traza un perfil psicológico de José Bretón, condenado por el asesinato de sus hijos menores en 2011, relata episodios de su vida con Ruth Ortiz la madre de los niños, y reconstruye el crimen por el que este fue condenado en 2013 a 40 años de cárcel. Ortiz ha denunciado a Bretón por posible quebrantamiento de condena. La sentencia por asesinato incluía la prohibición de acercamiento a Ortiz –como a la madre y al padre de esta– a menos de un kilómetro “y la prohibición de comunicación con ellos por cualquier medio, durante veintiún años por cada delito de asesinato”. Esa prohibición de comunicación es lo que considera Ortiz que se ha quebrantado con las partes de El odio recogidas en medios de comunicación. La editorial Anagrama ha anunciado este mismo jueves que suspende de manera indefinida la publicación del libro.

La denuncia por quebrantamiento de condena es una de las tres vías judiciales abiertas tras la polémica del libro sobre José Bretón. Se dirimirá en Huelva, donde reside Ortiz, después de que la Fiscalía de Córdoba haya remitido el caso al juzgado de Violencia sobre la Mujer de esa provincia, según un comunicado de la Fiscalía de Andalucía. Además, hay otras dos vías abiertas. Una, relacionada también con el quebrantamiento de la condena interpuesta en Córdoba y otra, la inicial, centrada en el derecho al honor de los menores y que ha llegado a la Audiencia Provincial de Barcelona, donde está radicada la editorial.

Al conocer por la prensa la existencia del libro ―ni el autor ni la editorial contactaron con ella previamente―, Ortiz lo denunció ante la Audiencia Provincial y la Fiscalía de Córdoba por intromisión ilegítima del derecho a la intimidad y la propia imagen de los menores fallecidos. En su escrito señalaba que la divulgación de la obra había generado una “masiva transmisión y publicación de datos e información que afectan a sus hijos, a ella misma y a su familia”. “Estos hechos están causando un tremendo dolor y nuevos daños psicológicos en mi mandante”, recogía la primera demanda, “que está asistiendo horrorizada a cómo la vida y asesinato de sus dos hijos pequeños está expuesta públicamente en todos los medios de comunicación con detalles, comentarios y expresiones que ni siquiera aparecen en la sentencia, plagado de afirmaciones terribles”.

La Fiscalía de Córdoba remitió el caso a Barcelona, donde está radicada la editorial. Desde allí, la Fiscalía de Menores de Barcelona ya pidió el pasado jueves suspender temporalmente la publicación del libro tras la denuncia presentada por la madre. El lunes, el juzgado de primera instancia número 39 de Barcelona rechazó paralizar de forma cautelar la publicación del libro, y el martes la Fiscalía de Menores de Barcelona recurrió ante la Audiencia Provincial de Barcelona el auto del juzgado.

En paralelo, en una tercera vía judicial, la Fiscalía de Córdoba ha pedido a la Audiencia Provincial que tome “las medidas de protección que estime necesarias” ante una posible intromisión al derecho a la intimidad de los menores. La Fiscalía considera que esa intromisión se podría haber producido ya solo con los extractos del libro conocidos por los medios de comunicación. “Es fundamental tener en cuenta la revictimización de la madre de los menores fallecidos, que con la información ya proporcionada sobre el contenido del libro se ha visto abocada a revivir como presente los hechos ocurridos en el año 2011″, señala la Fiscalía en ese escrito. “Siendo necesario adoptar medidas de protección de la víctima viva y o de la intimidad y el superior interés de los menores fallecidos”.

Anagrama ha anunciado este jueves que suspende de manera indefinida la distribución de El odio. La editorial asegura en un comunicado que “lamenta el dolor que las informaciones sobre el libro hayan podido causar” a Ruth Ortiz, la madre de los niños asesinados. También admite que las obras basadas en hechos reales “requieren una dosis doble de responsabilidad y respeto” y asegura que no ha pagado al asesino.