Una proposición de ley pide castigar con cárcel las falsas terapias de conversión para personas LGTBIQ+

Las falsas terapias de conversión para personas LGTBIQ+ son ilegales en España desde hace casi dos años. Así lo estableció una ley estatal ―el artículo 17 de la norma 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como ley trans―, aunque previamente diversa legislación autonómica ya habían censurado estas dañinas prácticas, que buscan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. A pesar de que estar consideradas una infracción, con multas que pueden llegar a los 150.000 euros, no se han impuesto apenas sanciones. “Se ha generado una cultura de impunidad”, denuncia Saúl Castro, fundador y presidente de No es terapia, organización que este martes ha presentado una proposición de ley para castigar con cárcel la promoción y realización de estas pseudoterapias.

“Se deben criminalizar porque actualmente no se protege a las víctimas. Si no se los criminaliza, esta gente va a seguir actuando”, alerta Xavi Martínez Cal, de 28 años, que durante cuatro años fue sometido a falsas terapias de conversión en Valencia. Estaban organizadas por el Centro de Orientación Familiar Mater Misericordiae, que la semana pasada fue suspendido de actividad por el Arzobispado valenciano, con la organización Es Posible la Esperanza.

“Es una de las organizaciones más grandes que existen en España perpetrando estas torturas desde hace 20 años. Hacen caso omiso la OMS a la ONU, al Colegio de Psiquiatría, Psicología, y al Papa, que se ha posicionado en contra. Estas prácticas se basan en el maltrato, los abusos, las vejaciones, la manipulación y la coacción”, continúa Martínez Cal, que también ha acudido este martes al Congreso a apoyar la propuesta legislativa, al igual que representantes políticos como, entre otros, Carla Antonelli, Eduardo Rubiño, Águeda Mico o Jimena González.

Aunque la ley trans lleva en vigor desde marzo de 2023, no ha sido hasta hace un mes que se ha abierto el primer expediente relacionado con las falsas terapias a siete diócesis españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Getafe, Alcalá de Henares, Sigüenza-Guadalajara y Málaga), que presuntamente las promocionaban y organizaban. El Ministerio de Igualdad ha abierto un expediente. “No me consta que se hayan iniciado más al amparo de la misma”, remarca Castro, que es abogado especializado en derechos humanos y LGTBIQ+ y cuya organización fue la que inició la denuncia contra las diócesis.

“En la Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid se han archivado nuestras denuncias sin dar explicación, sin permitirnos recurrirlas o señalando, incorrectamente, que carecen de competencia para tramitarlas”, remarcan desde No es terapia. Justamente, la semana pasada, PP y Vox rechazaron en la Asamblea de Madrid una propuesta de Más Madrid para penalizar estas falsas terapias. A pesar de reconocerlas como “torturas”, los populares argumentaron que “no son una realidad significativa” y que ya “están sancionadas por la ley”.

“No somos casos nimios”, replica Martínez Cal, “no procedemos de ningún ambiente marginal, fanático ni ajeno a la Iglesia. Al contrario, venimos chantajeados y manipulados, coaccionados por nuestro propio ambiente más cercano: el cura de tu iglesia, tu catequista, tu profesor, tu psicólogo e incluso tu familia, de quienes dependes y en quien confías”.

“Como la competencia sancionadora la tienen órganos administrativos de alto nivel, actúan de acuerdo con los intereses políticos y directrices ideológicas del partido titular del Gobierno autonómico”, denuncian desde la asociación española contra las terapias de conversión. “Se trata de una violencia que se perpetra en un entorno alejado del escrutinio público y de imposible tutela sin intervención judicial, por lo que solo la jurisdicción penal puede encargarse de una instrucción efectiva”, inciden.

Las personas LGTBIQ+ que pasan por estas falsas terapias, en ocasiones presionados por su familia, amigos o entornos sociales, tienen más probabilidades de experimentar problemas de salud mental. Las víctimas tienen un mayor riesgo de depresión, de estrés postraumático y asisten a un auge de pensamientos e intentos suicidas, según un estudio publicado en The Lancet Psychiatry el pasado septiembre. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los Gobiernos inviertan esfuerzos para “terminar” con estas falsas terapias.

De ahí surge la propuesta legislativa para penalizarlas, avalada por Sumar, Podemos, IU, ERC, Compromís, BNG, Más Madrid, Junts, Comuns y Bildu. En ella, demandan criminalizarlas (con penas que van de uno a cuatro años), incluyendo un artículo específico en el Código Penal; proteger a las víctimas y garantizar sus derechos, con indemnizaciones y recursos; y también un mayor estudio de su penetración y alcance. En 2023, durante la tramitación de la ley trans, Más País y Equo registraron una enmienda para penalizar estas falsas terapias, pero no salió adelante. Uno de los grupos parlamentarios que votó en contra fue el PSOE. Justamente, a los socialistas ha mandado un mensaje la senadora Carla Antonelli (Más Madrid): ”Como exmilitante, quiero dirigirme al Partido Socialista: están a tiempo de subirse al tren de la historia de nuevo, como han hecho, como hemos hecho tantas veces”.

Por su parte, la Felgtbi+ (Federación estatal de lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales y más), junto a varias organizaciones de otros países europeos, ha pedido a la UE ―a través de una Iniciativa Ciudadana Europea― que prohíba las falsas terapias de conversión sexual y las considere eurocrímenes. “Esta violencia no es terapia. No somos enfermos, ni pecadores; ni vagos, ni maleantes”, incide Martínez Cal. Y añade: “Pido por mí y por el resto de mis hermanos, que siguen siendo sometidos a estas prácticas, que los partidos que no están aquí hoy, se sumen a esta iniciativa para criminalizar las falsas terapias de conversión”.