Los crecientes ataques a la comunidad LGTBI+, un “campo de pruebas para erosionar la democracia” europea, advierte un estudio

Los ataques a las personas LGTBI+ no vienen solo desde el nuevo gobierno estadounidense. Tiempo antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca y comenzara a eliminar protecciones a esta comunidad, especialmente a las mujeres trans, también en parte de Europa y de Asia central crecía una preocupante retórica (y acciones) anti-LGTBI que, según advierte ILGA Europa en su informe anual , puede convertirse en una plataforma para un ataque más amplio que busca “erosionar los pilares de libertad y democracia en toda Europa”.

“Estamos entrando en una nueva era donde las personas LGTBI se ha convertido en un campo de pruebas para leyes que erosionan la democracia”, advierte con relación al informe el director ejecutivo de esta asociación paraguas, que representa a más de 700 organizaciones de 54 países europeos y de Asia central, Chaber (como pide ser llamado).

El informe denuncia el surgimiento, a lo largo de 2024, de propuestas de ley de agentes extranjeros de inspiración rusa ―y especialmente dirigidas contra ONG y la sociedad civil― en países como Bulgaria, Georgia, Hungría, Kirguistán o Montenegro que “estigmatizan y suprimen organizaciones LGTBI”. Unas normas que llegan tras la propuesta o adopción de leyes contra la “propaganda LGTBI” en Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Eslovaquia, Georgia, Kazajistán y Rumania que, según denuncia ILGA, buscan también “criminalizar la visibilidad” y “silenciar” a sus activistas. Enmascaradas con una falsa protección de la infancia y con igual potencial dañino, son los intentos de excluir la realidad LGTBIQ+ de la educación sexual en Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Rumania y Rusia.

En líneas generales, y en lo que es también un reflejo del auge de la extrema derecha en toda Europa, ILGA denuncia una “normalización del discurso de odio contra las personas LGTBI” que a menudo están impulsadas por figuras públicas e instituciones estatales. En países como Albania o Italia, “coaliciones conservadoras están perpetuando narrativas dañinas, acusando a la comunidad LGTBI de minar valores familiares y desestabilizar la sociedad”, señala el informe. Además, también alerta de la “instrumentalización de narrativas discriminatorias contra personas LGTBI en periodos electorales” por parte de grupos conservadores en Bélgica, Bosnia-Herzegovina, República Checa, Moldavia y Rumanía.

“En toda Europa y Asia central, los gobiernos están usando una retórica anti-LGTBI para justificar restricciones a la libertad de expresión, a la sociedad civil y a elecciones justas”, subraya el responsable de ILGA, que considera esto solo el principio de un problema mayor: “Lo que comienza como un ataque a los derechos LGTBI, rápidamente se convierte en un ataque más amplio a los derechos y libertades de todos los individuos de la sociedad”. De ahí que, advierte Chaber, “esto no es solo una cuestión LGTBI, es una crisis de derechos humanos y democracia”.

Sin embargo, no todo son sombras. ILGA destaca “avances notables” en el refuerzo de compromisos institucionales con la comunidad LGTBI en países como Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Polonia, Portugal o Suecia. En este sentido, sobre España ―que en derechos LGTBIQ+ es considerada una referencia― el informe celebra, entre otros, la creación de una subcomisión en el Congreso de Diputados para el desarrollo de un pacto de Estado contra los discursos de odio. También hay algunas carencias, como la lgtbifobia en centros educativos, así como los intentos de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso (PP), para recortar derechos del colectivo.

ILGA también ha celebrado las acciones legales que la Unión Europea ha tomado ante la adopción de medidas como las leyes de agentes extranjeros, especialmente contra Georgia, y contra Hungría por su norma de “protección de la infancia”, que prohíbe hablar sobre la orientación sexual en escuelas y medios de comunicación. Una normativa que la Comisión Europea denunció ya en 2022 ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por discriminar a personas “por su orientación sexual e identidad de género”, con el apoyo de 11 Estados miembros. Bruselas también cuestionó la ley búlgara de 2024 contra lo que denominan “propaganda LGTBI” en colegios y está evaluando si abre un procedimiento por ello.

De igual modo, el informe celebra los pasos dados por jueces de diversos países para frenar leyes que atentan contra la comunidad LGTBIQ+. “Mientras los gobiernos usan cada vez más como chivo expiatorio a la comunidad LGTBI para impulsar leyes restrictivas, los tribunales tanto de la UE como de toda Europa están manteniendo sus derechos humanos, con sentencias clave con respecto a los demandantes de asilo LGTBI; contra los discursos de odio; a favor de la libertad de asociación o expresión; por el reconocimiento legal del género; y en defensa de los derechos sexuales y reproductivos”, señala la responsable legal de ILGA, Katrin Hugendubel.

A pesar de ello, desde ILGA advierten del peligro de que los líderes políticos dejen en manos de la justicia un asunto que requiere una “actuación decisiva” para defender las “piedras angulares” de la democracia ante los constantes ataques. “La normalización de la retórica anti-LGTBI no es solo una amenaza a una comunidad”, subraya Hugendubel, se ha convertido en un asalto directo a los principios democráticos que apuntalan nuestras sociedades”.