Georgia aprueba la ley de agentes extranjeros de inspiración rusa pese a la oposición de la calle y la UE

Pese al clamor en las calles y las universidades; las denuncias de la oposición, la presidenta y el Defensor del Pueblo, y las críticas de una Unión Europea a la que opta a ser miembro, el Parlamento de Georgia ha aprobado este martes la polémica Ley de Transparencia sobre Influencia Extranjera, un draconiano texto que pone en riesgo los proyectos que reciben financiación del exterior: desde cooperativas agrícolas a asociaciones de mujeres y organizaciones que velan por los derechos humanos.

En un hemiciclo rodeado por la policía para prevenir el avance de los miles de manifestantes congregados en el exterior —duramente reprimidos por los agentes— y tras una sesión de debate muy bronca —en la que hubo insultos, intentos de agresión y los diputados de la oposición sufrieron obstáculos para votar— el partido gobernante, Sueño Georgiano, y sus socios parlamentarios hicieron valer su mayoría para ratificar la ley en su tercera y definitiva lectura con 84 votos a favor de 150 escaños. Todo pese a que el año pasado habían retirado una propuesta similar y prometido no volver a votarla tras las protestas populares que desencadenó.

Ahora, el texto será enviado a la presidenta, Salomé Zurabishvili, quien ya ha anunciado su veto. La jefa de Estado, elegida por voto popular en 2018 con el sostén de Sueño Georgiano —del que luego se ha distanciado—, ha mostrado su apoyo a las multitudinarias protestas que ha vivido el país caucásico en los últimos dos meses contra la ley rusa, bautizada así por su inspiración en la legislación similar adoptada por el Kremlin en la última década y que ha asfixiado a la sociedad civil de ese país.

“He vetado la ley offshore y seguiré vetando cualquier propuesta de ley que contradiga las aspiraciones europeas y euro-atlánticas de Georgia”, publicó a inicios de mes Zurabishvili en la red social X, en referencia tanto a la ley aprobada este martes como a otro texto votado por el Parlamento que permitirá la repatriación de capitales sin pagar impuestos. Es esta última una ley hecha a medida del oligarca Bidzina Ivanishvili, ex primer ministro, fundador y presidente de honor de Sueño Georgiano, al que se considera el dirigente del país en la sombra.

Con todo, el veto presidencial solo servirá para obligar al hemiciclo a una nueva votación, tras la cual el texto se convertirá en ley. Los tiempos son cruciales: el objetivo del Gobierno es que la legislación entre en vigor antes del inicio de la campaña de las elecciones de finales de octubre, ya que afectará enormemente a las organizaciones de derechos humanos y de monitorización electoral que, en un país pobre como Georgia (con una renta per cápita de unos 6.000 euros anuales, unas cinco veces menos que España), sobreviven gracias a las subvenciones de instituciones europeas y norteamericanas. Para esos comicios, Sueño Georgiano parte con ventaja en las encuestas frente a una oposición fragmentada, pero su mayoría absoluta podría peligrar dado que el sistema de elección será completamente proporcional (hasta ahora, casi la mitad de los diputados se elegían por sistema uninominal y, el resto, por un sistema proporcional).

En respuesta a la aprobación de la ley, el Movimiento Nacional Unido, principal fuerza de oposición, anunció que abandonará el Parlamento junto a varios diputados independientes. Otros partidos han pedido la formación de un frente opositor unido ante los comicios y han reclamado que lo lidere la presidenta Zurabishvili.

Listas negras

Con la nueva ley, toda organización que reciba más del 20% de su financiación del exterior deberá inscribirse en un registro como “agente de los intereses de una potencia extranjera” y el Ministerio de Justicia georgiano llevará a cabo inspecciones sobre ellas cada seis meses, lo que, según los críticos, podría forzar a la entrega de documentos, comunicación internas y confidenciales. El Defensor del Pueblo, Levan Ioseliani, había pedido a los diputados del bloque oficialista “enmendar” el actual borrador de ley o abstenerse de votar y centrarse en mejorar la legislación actual sobre financiación. “Todas las leyes aprobadas por el Parlamento de Georgia deberían estar en línea con nuestras aspiraciones europeas”, advirtió.

El líder del grupo parlamentario de Sueño Georgiano, Mamuka Mdinaradze, afirmó que la ley simplemente incrementará la “transparencia” y la “independencia de Georgia” al permitir saber “quién financia” a cada organización. Pero nadie se fía de un partido que, con el paso de los meses, adquiere tintes cada vez más autoritarios, y que ya la semana pasada anunció la creación de una base de datos “online y pública” de aquellos que hayan participado en las protestas contra la ley y hayan apoyado “la violencia, las amenazas y el chantaje”. Todo esto mientras miembros de la oposición y activistas críticos han recibido brutales palizas por parte de agentes de policía e individuos no identificados.

Pese a ello, la oposición política y social se ha mostrado muy combativa y ha prometido continuar las movilizaciones. Los estudiantes de una treintena de universidades se han declarado en huelga y han salido a las calles pese a la petición de los rectores de “no llevar la política a los campus”. “El modo en que esta propuesta de ley ha sido aprobada, con los políticos de oposición silenciados mediante artimañas legales en los pasillos del poder, mientras quienes protestaban eran golpeados sin misericordia y arrestados por la policía, demuestra el dañino impacto de la legislación, cuyo objetivo son, claramente, los derechos humanos”, denunció la directora de Amnistía Internacional para la región de Europa Oriental, Marie Struthers.

Aplauso de Rusia, crítica de Occidente

Dmitri Peskov, portavoz del presidente ruso, Vladímir Putin, aplaudió la ley aprobada por Georgia y “el fuerte deseo de los dirigentes georgianos de proteger a su país frente a las interferencias en sus asuntos internos”, mientras varios dirigentes europeos e incluso la oficina de la ONU en Georgia la criticaron y lamentaron su aprobación. James O’Brien, el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para cuestiones euroasiáticas, inició el martes una visita a Georgia para tratar la situación con miembros de la oposición, la sociedad civil y el Gobierno, porque, tras la aprobación de la ley, el país caucásico —que ha recibido miles millones de dólares en ayudas estadounidenses— podría enfrentarse a sanciones.

El ex primer ministro Ivanishvili se negó a reunirse con él y con otras delegaciones de países europeos justificándolo —según dijo en su nombre el actual prirmer ministro, Irakli Kobajidze— en que no recibirá a ningún emisario extranjero hasta que recupere los más de 1.000 millones de euros que le debe el banco Credit Suisse por una larga disputa judicial que mantiene desde la pasada década. Según Kobajidze, el dinero del poderoso magnate ha sido requisados por el “Partido de la Guerra Global”, un término que usan habitualmente Ivanishvili y el Kremlin para criticar a Occidente por su apoyo a Ucrania. El hombre fuerte del país en la sombra lleva meses buscando la forma de repatriar sus fondos en Suiza o moverlos a otra jurisdicción.

Sueño Georgiano llegó al poder en 2012, cabalgando una ola de descontento con las políticas neoliberales del entonces jefe de Estado, Mijaíl Saakashvili, y su creciente autoritarismo. El partido ha ganado todas las elecciones desde entonces gracias a una política más social y a lograr un cierto equilibrio entre sus relaciones con Occidente y Rusia (que aún ocupa las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, en territorio georgiano). Sin embargo, y de manera similar a sus vecinas Rusia y Turquía, a medida que ha ido copando todas las instituciones, Sueño Georgiano se ha hecho más autoritario y ha entrado en una senda ultraconservadora, aprobando diversas leyes que dificultan la incorporación de las mujeres a la política y atacan lo que consideran “ideología de género” y “propaganda LGTBI”.

Pese a ello, en respuestas a las aspiraciones europeístas de la mayoría de la población (el 80% de los georgianos apoyan la adhesión a la UE) y como premio a la retirada de la ley de agentes extranjeros propuesta el año pasado, en diciembre, la cumbre de la UE dio a Georgia el estatus de candidato. La luz verde para la apertura de negociaciones de adhesión debería llegar a finales de este año, pero dada la aprobación de la ley de agentes extranjeros, es improbable que suceda.

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