La Justicia europea recrimina a la Comisión la falta de transparencia en la compra de vacunas contra la covid-19

La compra conjunta de vacunas contra la covid-19 en lo peor de la pandemia es uno de los éxitos que ha esgrimido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de su primer mandato, que aspira a renovar ahora por otros cinco años. Pero la opacidad de las operaciones ha sido, a la par, una sombra que se cierne sobre la alemana desde hace tiempo, y que acaba de oscurecerse un poco más: el Tribunal General de la UE (TGUE) ha recriminado este miércoles a Bruselas falta de transparencia, al dictaminar que no dio un acceso al público lo “suficientemente amplio” a los contratos de adquisición con varias farmacéuticas realizados entre 2020 y 2021.

En vísperas de la votación de ratificación este jueves de Von der Leyen ante el Parlamento Europeo, los jueces del tribunal de primera instancia de Luxemburgo han estimado parcialmente los dos recursos presentados en 2021 contra la Comisión, uno por ciudadanos y otro por un grupo de eurodiputadas verdes, y han decidido anular, por “contener irregularidades”, las decisiones del Ejecutivo europeo dirigido por la alemana, que dio solo un acceso parcial a los documentos solicitados.

El caso data de 2021, cuando algunos ciudadanos europeos y cinco eurodiputadas ecologistas pidieron acceso a los contratos por la compra de vacunas con varias farmacéuticas coordinadas por la Comisión, que ascendieron a más de 2.700 millones de euros. Los solicitantes querían, de acuerdo con las normas de la UE sobre acceso del público a documentos de las instituciones europeas, poder ver dichos contratos y determinados documentos relacionados. Su objetivo era “comprender los términos y condiciones” de los mismos y “cerciorarse de que se había protegido el interés público”, señala la sentencia. Para ello, recuerda el TGUE, querían ver, entre otros, las declaraciones de inexistencia de conflicto de intereses de los miembros del equipo de la Comisión que negociaron la compra de vacunas. También pidieron acceso a las estipulaciones de los contratos firmados en lo relativo a la indemnización de las empresas farmacéuticas por parte de los Estados miembros por eventuales daños y perjuicios si sus vacunas resultaban defectuosas.

La Comisión, no obstante, solo concedió un acceso parcial a los documentos, que se publicaron en línea en versiones expurgadas. Ello llevó a los demandantes a acudir a Luxemburgo para demandar sendos recursos de anulación, que es lo que el TGUE ha concedido ahora.

Según los jueces del TGUE, la Comisión no demostró que un acceso más amplio de los demandantes a las cláusulas de indemnización que solicitaron estudiar hubiera supuesto un perjuicio para los intereses comerciales de dichas empresas. Respecto a la protección de la intimidad del equipo negociador, el TGUE estima que los demandantes “demostraron debidamente la finalidad específica de interés público de la divulgación de datos personales” de esas personas, ya que solo conociendo sus nombres y función profesional o institucional habrían podido cerciorarse de que seas personas no tenían un conflicto de intereses. Además, la Comisión “no tuvo suficientemente en cuenta todas las circunstancias pertinentes a fin de ponderar correctamente los intereses concurrentes, relativos a la inexistencia de conflicto de intereses y al riesgo de violación de a intimidad de los interesados”, agregan los jueces.

Tras conocer la sentencia, la Comisión ha dicho que “toma nota” y asegura que estudiará “cuidadosamente” la decisión y sus “implicaciones”. Aun así, puntualiza que el TGUE solo ha estimado “parcialmente” los recursos (un portavoz ha destacado que los jueces apoyaron el 90% de los argumentos de Bruselas) y subraya la necesidad de lograr un “equilibrio difícil” entre el derecho de la opinión pública a la información y los requerimientos legales que emanaban de unos contratos que “podían resultar en demandas por daños a costa del dinero de los contribuyentes”.

Pero para Kim van Sparrentak, una de las eurodiputadas ecologistas detrás de la demanda parlamentaria, la sentencia “rechaza el automatismo de la Comisión para reclamar confidencialidad” en estas cuestiones sobre contratos. Un detalle importante, asevera en un comunicado. Por un lado, porque “la transparencia es fundamental en la lucha contra el escepticismo ante las vacunas y la desconfianza de los ciudadanos ante las instituciones públicas”. Y también, agrega, de cara al futuro, ya que “se espera que la Comisión realice más compras conjuntas en áreas como salud y defensa”.

La sentencia puede ser recurrida todavía ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), la instancia judicial europea superior, en un plazo de dos meses y diez días desde la notificación de la resolución. Por el momento, Bruselas se ha limitado a indicar que se “reserva todas las opciones legales” en su mano.

No es el único quebradero de cabeza judicial —y potencialmente político— de Von der Leyen con respecto a la compra de vacunas. La alemana está también en el centro de una demanda judicial por presuntas irregularidades en la compra masiva de vacunas de Pfizer contra la covid-19 durante la pandemia.

Específicamente, está en el punto de mira por su negativa a revelar los intercambios por SMS que realizó directamente sobre todo con el jefe de Pfizer, Albert Bourla, en torno a la compra de las vacunas. Una opacidad que también le ha recriminado de la Defensora del Pueblo de la UE.

A mediados de mayo, justo antes de las elecciones europeas, el caso quedó suspendido hasta el 6 de diciembre, momento en el que se deberá decidir sobre las competencias del mismo, que se disputan la Fiscalía europea (EPPO, por sus siglas en inglés y con sede en Luxemburgo) y un tribunal de la ciudad belga de Lieja ante el que varios ciudadanos presentaron en 2023 una demanda similar a las denuncias que llevaron a EPPO a abrir su investigación hace dos años.