La investigación judicial a Von der Leyen por la compra de vacunas, suspendida hasta después del proceso electoral europeo

La investigación en torno a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por presuntas irregularidades en la compra masiva de vacunas de Pfizer contra la covid-19 durante la pandemia no se resolverá antes de saberse si la alemana consigue su meta de repetir al frente del Ejecutivo europeo tras las elecciones de junio. Según ha informado este viernes la Fiscalía de la UE, el caso, sobre el que la Comisión ha guardado un amplio silencio, queda suspendido hasta el 6 de diciembre, fecha en la que debería estar ya funcionando el nuevo equipo de comisarios europeos, o al menos nominado.

El aplazamiento proporciona a la alemana un escudo protector en un momento clave, ya que una decisión judicial —o cualquier movimiento relativo a uno de los puntos más cuestionados de su gestión al frente de la Comisión— podría haberle supuesto un golpe fatal ahora que se encuentra en plena campaña electoral como candidata del Partido Popular Europeo (PPE).

El caso gira en torno a las condiciones de la orden de compra y adquisición masiva de vacunas contra la covid en lo peor de la pandemia por parte de la Comisión Europea y los Estados miembros, una operación que implicó el desembolso de miles de millones de euros. La jefa del Ejecutivo europeo está en el punto de mira por su negativa a revelar los intercambios por SMS que realizó directamente sobre todo con el jefe de Pfizer, Albert Bourla, en torno a la compra de las vacunas. Un extremo que también le ha valido a la alemana y a su equipo una recriminación de la Defensora del Pueblo de la UE por la opacidad de la Comisión al respecto.

La Fiscalía europea (EPPO, por sus siglas en inglés y con sede en Luxemburgo), que investiga delitos económicos vinculados a los fondos europeos y al IVA, lleva desde octubre de 2022 investigando el caso tras recibir, como ha recordado este viernes en un comunicado, “una excepcionalmente alta cifra de demandas e informes” al respecto. No obstante, ha guardado desde entonces un estricto silencio sobre las pesquisas y, especialmente, sobre el potencial papel de la presidenta de la Comisión Europea.

El año pasado, varios demandantes presentaron una demanda similar ante un tribunal de Lieja, en Bélgica.

En mayo de 2023, ha recordado ahora EPPO, y de acuerdo con el procedimiento penal belga, la Fiscalía regional de Lieja remitió a la Fiscalía europea una copia de las denuncias presentadas ante el juez de instrucción. La EPPO “concluyó que las denuncias se refieren a hechos que entran dentro de su competencia material. Por lo tanto, corresponde ahora a la Fiscalía europea, como fiscalía competente, pronunciarse sobre la legalidad de las denuncias presentadas ante el juez de instrucción de Lieja, y a la Cámara del Consejo decidir al respecto”.

La discusión sobre las competencias de cada cual tuvo lugar en una audiencia este viernes a la que estaban convocados tanto Von der Leyen como el jefe de Pfizer, según la prensa belga, aunque solo acudieron, como se preveía, sus abogados. Tras la sesión, la EPPO ha anunciado que “el caso ha quedado suspendido hasta el 6 de diciembre”.

El aplazamiento del caso, sea cual sea el fin del mismo, supone que, en principio, no se realizará movimiento legal alguno durante la campaña hasta las elecciones europeas del 6 al 9 de junio ni durante el proceso posterior de selección del nuevo equipo de comisarios europeos. Es muy probable incluso que ni siquiera haya asumido sus funciones el nuevo equipo, potencialmente con Von der Leyen de nuevo al frente, para la nueva vista, ya que aunque en principio está previsto que la nueva Comisión comience el 1 de noviembre, el proceso de confirmación puede alargar algo los plazos. El actual Ejecutivo europeo comenzó sus funciones el 1 de diciembre de 2019.

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