El Gobierno recupera la ley de trata y amplía la protección de las víctimas de violencia machista

La ley de trata será una realidad esta legislatura. El Gobierno ha recuperado del cajón el anteproyecto de la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la explotación de seres humanos impulsado en el anterior mandato, pero que decayó por la convocatoria de elecciones generales. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha confirmado este viernes el desarrollo de la norma. “Es una ley que no es punitivista, es una ley fundamentalmente centrada en la prevención, en la sensibilización de las víctimas”, ha expresado Redondo en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario celebrado por el Día Internacional de la Mujer y convocado para aprobar una batería de medidas en materia de igualdad. El Ejecutivo ha anunciado además el reforzamiento del sistema VioGén para evitar que las víctimas de violencia machista se queden sin protección policial de manera “prematura” y la concesión de ayudas económicas destinadas a víctimas de violencia sexual. “El Gobierno de España sitúa la igualdad, la perspectiva de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres como prioridades absolutas y transversales en su actividad institucional y en todas sus iniciativas”, ha añadido Redondo.

Entre las principales novedades que traerá la ley de trata están el derecho de las víctimas a percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), ser consideradas como colectivo prioritario para acceder a una vivienda pública, recibir asistencia letrada durante todo el proceso, percibir indemnizaciones con cargo a los bienes decomisados y obtener un certificado temporal de residencia y trabajo. Todas estas prerrogativas se otorgarán a las víctimas sin la necesidad de que presenten denuncia.

El anteproyecto de ley de trata fue aprobado en primera lectura en Consejo de Ministros en noviembre de 2022, cuando la dirigente de Unidas Podemos Irene Montero era todavía ministra de Igualdad. Pero la tramitación de la norma quedó interrumpida por el 23-J. En su primera comparecencia en el Congreso, la nueva ministra del ramo pasó por alto el texto y no lo mencionó dentro de los deberes de su cartera. Posteriormente, en una entrevista en EL PAÍS, Redondo afirmó al respecto que estaba “en el cajón” porque no estaba “lo suficientemente madura”. “Mientras no se avance en cuanto a técnica legislativa y se vea exactamente qué solapamientos se pueden generar con otras leyes, no vamos a avanzar”, indicó. “Toda la legislación en esta legislatura tiene que ir absolutamente cerrada y muy correcta desde el punto de vista de técnica normativa y jurídica”, apuntó en referencia velada a los problemas generados en la rebaja de las penas de los agresores y las excarcelaciones por la ley del solo sí es sí.

Pero la ministra ha querido también poner hoy el foco en lo “positivo” de la ley del solo sí es sí. Dentro de la batería de nuevas medidas en materia de igualdad, el Gobierno ha dado un paso más en el desarrollo del artículo 41 de la norma. Dicho apartado establece ayudas económicas no solo para víctimas de violencia machista, sino para víctimas de todas las violencias sexuales. El Gobierno ha aprobado este viernes que las víctimas que tengan rentas inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI) podrán percibir una cantidad que equivale a casi seis meses del subsidio por desempleo, que se podrá cobrar en una única paga o mes a mes. También se renovará y reforzará el protocolo de actuación frente al acoso y abuso sexual dentro de la Administración del Estado. “Era lógico, necesario y coherente”, ha agregado Redondo, pues desde el Gobierno se vienen denunciando este tipo de conductas en otros ámbitos, como el cinematográfico y el del deporte.

Víctimas de violencia machista

Junto a la ministra de Igualdad ha comparecido también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para explicar otra de las medidas que afectan a su departamento. Interior actualizará los criterios que llevan a inactivar la protección policial de las víctimas bajo el paraguas del sistema VioGén. En función del riesgo, el mecanismo se podrá mantener activo incluso hasta un año después de que el agresor haya cumplido su condena. “Conseguimos prolongar el tiempo de ese seguimiento policial y evitar que pueda sufrir una situación de riesgo prematura”, ha dicho Grande-Marlaska.

En esa línea, Interior crea una nueva modalidad, la “inactivación supervisada”, que fija mecanismos de control policial durante un periodo de seis meses, prorrogable a un año, e impide la inactivación completa del caso en supuestos de alta complejidad o en los que en algún momento se haya detectado un riesgo cualificado. En los casos en que los expertos policiales no hayan apreciado la existencia de riesgo para la mujer, o este sea bajo, solo podrán considerarse inactivos si no existen medidas judiciales de protección en vigor y los agentes consideran que no hay circunstancias de vulnerabilidad de la mujer o de peligrosidad del agresor que aconsejen mantenerlo activo.

Las reuniones periódicas y mesas de trabajo en las que han intervenido tanto Interior como Igualdad han identificado el fin de esa protección policial como una de las causas principales de que los crímenes machistas no cesen. Y de ahí el paso dado hoy con estas nuevas medidas. “Recogen la experiencia que hemos ido adquiriendo en todo lo relacionado con los asesinatos machistas y con la mesa de evaluación que creamos en enero de 2023″, ha asegurado el ministro.