Igualdad anuncia la persecución de los dueños de los lugares donde las mujeres son prostituidas

“En materia de trata se va a presentar próximamente una proposición de ley para que las tercerías locativas sean penalizadas y el artículo 187 del Código Penal recoja este delito”. Así ha anunciado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la recuperación de una propuesta que ya el PSOE hizo en la pasada legislatura para perseguir y penalizar a los dueños de los pisos o locales donde las mujeres son prostituidas. Lo ha hecho la tarde de este jueves durante su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso para explicar las “principales líneas” en las que se moverá el Ministerio esta legislatura. Entre ellas no está, por el momento, recuperar de forma inminente la ley de trata, que llegó a pasar por órganos consultivos y era una de las normativas que se presumían pendientes y más inmediatas para este nuevo Gobierno. La tipificación de la tercería locativa es, según ha explicado Redondo, un “primer paso”.

Durante la primera intervención, en la que ha explicado las “prioridades” de su ministerio, Redondo se ha reiterado en los compromisos ya adquiridos tanto por el PSOE en campaña electoral como en el acuerdo de Gobierno con Sumar: desde la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, hasta el “acuerdo de país contra la lgtbifobia y los discursos de odio”, otro para proteger a los menores de la pornografía en internet o el despliegue de las leyes las aprobadas en la pasada legislatura —la del solo sí es sí, la trans, la de igualdad de trato y la reforma del aborto—. Ha sido al final de la sesión, en respuesta a las preguntas de varios de los grupos parlamentarios del bloque de izquierda sobre la ley de trata y el proxenetismo —lucrarse con la prostitución ajena—, cuando Redondo ha abordado la cuestión.

“[La proposición de tipificar la tercería locativa] es el primer paso importante en una hoja de ruta en la que vamos a ir poniendo los ingredientes que hagan que la trata en todas sus manifestaciones y dimensiones sea erradicada y perseguida, y como socialista que soy para mí el abolicionismo es un fin, un objetivo y tenemos que encaminarnos hacia el abolicionismo como han hecho otros países. [...] Creo firmemente en el abolicionismo, pero necesitamos sumar una mayoría amplia, y tener un debate social intenso y profundo y tener una alternativa para las en torno a 60.000 mujeres en situación de prostitución en España, muchas de ellas inmigrantes, que necesitan una solución económica, habitacional y de empleo. [...] Hasta que lleguemos a ese momento, nos comprometemos a modificar el Código Penal para incluir las tercerías locativas”, ha afirmado.

Preguntado el Ministerio de forma expresa por esta cuestión tras la sesión, aseguran que la ley de trata “no se aparca”, pero sí que hay que ir “paso a paso”. Así, el primero es este cambio en el Código Penal y, a la vez, trabajar en el resto del texto donde esa iniciativa fue recogida en la anterior legislatura, la proposición de ley orgánica para prohibir el proxenetismo en todas sus formas que el PSOE presentó. Lo hizo cuando, durante la tramitación de la ley del solo sí es sí, las socialistas introdujeron una enmienda que suponía incluir en la norma la abolición de la prostitución y la tercería locativa, algo que en aquel momento fuentes oficiales del PSOE afirmaron que rechazaban Unidas Podemos y otros grupos de la mayoría. Esa enmienda puso en peligro la aprobación de la legislación, y las socialistas la retiraron. Era mayo de 2022.

Solo un día más tarde, el PSOE registró esa misma enmienda como proposición de ley en el Congreso. Y poco más de dos semanas después, en junio, el Congreso dio luz verde a perseguir penalmente el proxenetismo, a los prostituidores, a los dueños de los locales donde se da, y proteger a las víctimas. Lo hizo con el apoyo del Partido Popular y de gran parte de Unidas Podemos, no de todo el grupo, aunque en aquel momento era socio del Gobierno. Con Sumar en la coalición, Igualdad recupera la propuesta.

Ahora, Redondo se enfrenta a una cartera que en los últimos cuatro años ha supuesto uno de los mayores puntos de fricción en el Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, en el Congreso y en el movimiento feminista, sobre todo, a cuenta de la ley trans y de las consecuencias penales que tuvo la entrada en vigor de la del solo sí es sí —las rebajas de penas y excarcelaciones a reos condenados por delitos sexuales—. Pero ahora el panorama es otro.

Con Igualdad en manos del PSOE y con Sumar sustituyendo a Podemos en la coalición —que mantiene desde el primer momento un perfil más bajo en torno a esta área—, se atisba un periodo con menos desavenencias entre los socios del Ejecutivo. También más fácil, debido, en parte, a que las discrepancias y debates internos anteriores, y a pesar de esas discrepancias y debates internos anteriores, tuvieron como resultado final la aprobación de las dos normativas y también la reforma de la del aborto. La cuestión no está ya en conseguir mayorías para impulsar leyes complicadas —por diversos motivos, entre ellos el rechazo de la ultraderecha y la derecha a los avances feministas y del colectivo LGTBIQ y las discrepancias internas de Gobierno—, sino en desarrollarlas. Y Redondo ha afirmado ser consciente de ello al explicar, como una de las líneas principales para su cartera, “la implementación” y “la aplicación efectiva de las normas aprobadas en la anterior legislatura”.