El Consejo Económico y Social apoya el anteproyecto de la ley contra la trata

El Consejo Económico y Social de España ha aprobado este miércoles el dictamen que muestra su conformidad con el anteproyecto de la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos. El órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral ha valorado favorablemente el anteproyecto, y ha destacado que su “enfoque integral” permitirá abarcar distintos ámbitos de protección para las víctimas: la prevención, la asistencia y la reparación, y la persecución y sanción de las mafias.

El anteproyecto de la ley de trata, que se está tramitando por vía de urgencia y que fue aprobado el pasado noviembre por el Consejo de Ministros, tiene como objetivo amparar a las víctimas de tráfico de personas, especialmente a las mujeres y niñas que caen en redes de explotación sexual, así como evitar la explotación laboral y la extracción y venta de órganos. El foco principal de la norma se sitúa en las víctimas, con el objetivo de protegerlas y evitar que recaigan en el sistema de trata. Para ello contempla medidas como la asistencia jurídica gratuita, la mejora de su inserción social y laboral o una evaluación de Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo firman cuatro ministerios: Justicia, Interior, Igualdad e Inclusión, y Seguridad Social y Migraciones.

“Aunque el delito de trata de seres humanos se encuentra tipificado por el Código Penal, España carecía hasta el momento de una normativa que afrontara con carácter integral este fenómeno”, subraya el texto. En el informe aprobado por el Consejo Económico y Social se incluyen algunas observaciones al anteproyecto, puntos a mejorar, con el objetivo de que sean considerados durante su tramitación. El órgano incide, por ejemplo, en la necesidad de que el proceso permita una participación más activa de los interlocutores sociales, que considera escasa a pesar de que desempeñan “un rol determinante en la detección, la identificación de víctimas y en el desarrollo de campañas de sensibilización, entre otros”.

El Consejo insiste en que el texto debe profundizar en la concreción de la diligencia debida. Es decir, que debe tener especial cuidado y tomar las precauciones que sean necesarias durante su desarrollo para evitar daños previsibles. Alientan también a las organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores a participar activamente en el diseño de estrategias que permitan concienciar a la sociedad sobre los peligros de la trata, a través de la publicidad y los medios de comunicación.

En España hay alrededor de 45.000 mujeres explotadas sexualmente, según datos del Ministerio de Interior, y la mayoría de las víctimas de trata son personas inmigrantes en situación irregular. Ante esta realidad, el Consejo Económico y Social reitera la necesidad de no dejar a ninguna de ellas fuera del marco de la ley. “La redacción no debe generar lugar a dudas en ningún momento sobre la extensión del conjunto de derechos que se reconocen en el Anteproyecto a todas las víctimas de trata y explotación de seres humanos, sin distinción de nacionalidad o situación administrativa”, desarrolla el dictamen. La norma ya recoge medidas especiales para ello, y regula su protección “con independencia de su nacionalidad, española o extranjera, y de su situación administrativa”, así como de su “voluntad de cooperar con las autoridades en la investigación del delito o en un eventual proceso penal”.

El informe aclara que “la trata y explotación de seres humanos constituye un fenómeno global que atenta contra los más elementales derechos humanos”, e insiste en que su regulación se ha solicitado desde hace años por diversos órganos internacionales. Su erradicación se recoge en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas 1948. También la condena la Unión Europea, cuya Carta de los Derechos Fundamentales prohíbe expresamente la trata de seres humanos, junto a la esclavitud o los trabajos forzados. El propio organismo aprobó en abril de 2021 la Estrategia en la lucha contra la trata de seres humanos.

El Consejo Económico y Social valora así positivamente el anteproyecto. Tras este informe, que no es vinculante, deben llegar los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Después, la norma pasará por los respectivos trámites legislativos que el Ejecutivo espera que sean durante este año y que la ley quede aprobada durante este periodo legislativo.