Marta del Castillo: 15 años sin derecho al duelo ni a la verdad

Desde hace varias semanas dos enormes carteles cuelgan frente a la sede de la Audiencia Provincial de Sevilla, uno con el lema: Todos somos Marta y otro pidiendo la repetición del juicio sobre el caso de la joven sevillana, de cuyo asesinato y desaparición se cumplen 15 años este miércoles 24 de enero. Los letreros son el grito desesperado de unos padres que ansían que se conozca la verdad sobre lo que realmente ocurrió la noche en la que su hija de 17 años fue asesinada, pero también es un reproche hacia las lagunas policiales y judiciales que han sembrado de dudas un crimen que conmocionó a la opinión pública y del que aún quedan muchas incógnitas por resolver.

A Marta del Castillo la mataron la noche del 24 de enero de 2009 en el bajo del número 78 de la calle León XIII de Sevilla. Desde entonces, la vida de su familia no ha parado de girar en bucle en torno a ese momento y a esa ubicación. 15 años después aún no se sabe lo que pasó en ese piso ni —lo que más angustia a los suyos― dónde se ocultó su cadáver. A las dos verdades judiciales recogidas en sendas sentencias firmes que difieren entre sí —en cuanto a los hechos probados, franjas horarias y personas presentes— se suman las mentiras y silencios de los implicados. Desde las ocho versiones de Miguel Carcaño al falso testimonio reconocido por Javier Martín, El Cuco, los dos únicos condenados por el crimen. El primero, a 20 años de cárcel como autor del asesinato de la joven, de acuerdo con la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Sevilla en 2012 y que luego el Supremo ampliaría a un año y tres meses más por un delito contra la integridad moral por negarse a confesar el paradero de los restos de Marta. El segundo, a casi tres años de internamiento por un tribunal de menores —tenía 15 años cuando sucedieron los hechos― como encubridor. Los otros investigados, Samuel Benítez, amigo de Carcaño, Javier Delgado, el hermanastro de este último, y su novia, María García, fueron absueltos en un fallo que posteriormente fue ratificado por el Supremo y el Constitucional.

Un nuevo juicio, como reclama la familia de Marta, no va a ser posible, según admite Inmaculada Torres, la abogada de los padres, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, y dejó claro el juez que autorizó la prueba pericial del móvil de Miguel Carcaño y que podría arrojar luz sobre su paradero la noche del 24 de enero de 2009 y, por tanto, sobre los posibles lugares en los que podría haberse deshecho del cadáver. “La comprobación del lugar en el que se encuentra el cuerpo de la víctima es la única razón del mantenimiento de la presente pieza, sin que a través de ella pueda alcanzarse a una revisión de lo ya enjuiciado, ni a la ampliación de la instrucción”, señaló el magistrado en 2021. “Es la policía la que debe actuar, se trata de un informe para la búsqueda”, precisa la letrada.

“Los duelos más complicados son en los que hay desaparecidos y no se encuentra el cuerpo”, explica Guillermo Fauce, doctor en Psicología y coordinador de la ONG Psicólogos sin Fronteras. “Otro de los elementos clave es saber lo que ha ocurrido, el derecho a la verdad, que es un derecho humano básico, las víctimas tienen derecho a saber lo que ha pasado”, abunda.

De todas las versiones que ha ido dando Carcaño en estos tres lustros —desde que la mató él con un cenicero hasta que fue su hermano con la culata de una pistola― la que más convence a los padres de la joven es esta última. El joven, que cumple su condena en la prisión de Herrera de La Mancha (Ciudad Real), declaró que quien acabó con la vida de la chica fue Delgado, cuando ella trató de mediar en una discusión entre ambos por motivo de la hipoteca del piso de León XIII. Hasta tal punto caló este testimonio en el padre de Marta, que incluso compró el bajo para ofrecérselo a Carcaño a cambio de que le revelara de una vez por todas dónde estaba el cuerpo de su hija. El juez archivó la investigación sobre la vinculación de Delgado dado el historial de mentiras de Carcaño. “Cuando el período de sufrimiento se prolonga en el tiempo, se suelen generar falsas expectativas de que el cuerpo pueda aparecer”, precisa Fauce.

Un informe pericial sin pistas relevantes

La familia de Marta se ha ido acostumbrando a encadenar reveses judiciales en estos años y con ellos a tragar con la impotencia y humillación de no saber dónde descansa la joven. Esos sinsabores judiciales y policiales a los que se han enfrentado los padres de Marta unidos al arropamiento social, en estos 15 años han impulsado, paradójicamente, cambios en los protocolos de búsqueda de menores, provocando que siempre sean consideradas de alto riesgo y eliminando la moratoria de 48 horas para iniciar la investigación que estaba establecida cuando en 2009 se denunció la desaparición de la joven. Este asesinato, unido al de la niña Mari Luz y el de Diana Quer también fue determinante para los cambios en el Código Penal con la inclusión de la prisión permanente revisable.

“Este caso además es muy mediático y el hecho de que lo que sucede no se quede solo en el ámbito del juzgado es un entramado que complica más el sufrimiento”, apunta el psicólogo. La última esperanza se esfumó en 2022, cuando se celebro el juicio contra El Cuco y su madre, acusados de haber mentido en el juicio de mayores ante la Audiencia Nacional. La acusación había pedido la intervención de Carcaño, pero el reconocimiento de su amigo de que habían cometido falso testimonio —que era lo que se dirimía en el proceso― impidió que el asesino confeso de su hija pudiera sentarse en el banquillo y ser preguntado por el paradero de su cuerpo.

Los padres de Marta se aferran al informe pericial sobre la geolocalización del móvil de Carcaño la noche en la que fue asesinada. También aquí vieron cómo el juez negaba el análisis de los dispositivos del resto de los implicados por haber quedado absueltos en sentencia firme. Los primeros datos que se han filtrado a la prensa no parecen arrojar novedades que ayuden a ubicar el cadáver, pero la familia espera que la Policía Nacional, que ha iniciado las pesquisas, pueda hallar alguna nueva pista. Los datos concluyen que Carcaño estuvo en Dos Hermanas, en el poblado chabolista de El Vacie y en los barrios de San Jerónimo, Santa Justa y Bellavista, pero no se ha podido establecer una relación temporal porque no se ha podido concretar ni los días ni las horas de esos posicionamientos.

A Marta se le ha buscado en toda la provincia de Sevilla, e incluso en Huelva y Cádiz. La Policía ha peinado el río Guadalquivir, se rastreó una finca en La Rinconada, una escombrera y una zanja cercana al piso de Camas —donde Carcaño vivía entonces con la que era su novia y su familia―, y el vertedero de Alcalá de Guadaíra. Mucho tiempo y dinero: la policía cifró el coste de la búsqueda en 616.319 euros que el juez condenó a Carcaño a abonar.

Las dudas no se disipan, pero el tiempo avanza y con él la condena de Carcaño, que saldrá de la cárcel en 2030, después de habérsele negado los distintos permisos que ha pedido desde que ingresó en prisión. Ha alegado que tiene una novia ―durante su estancia en prisión ha tenido varias relaciones sentimentales— y que quieren tener hijos juntos, una circunstancia que podría acelerar el tercer grado, pero su falta de arraigo ―no puede regresar a Sevilla por la orden de alejamiento que pesa respecto de la familia de Marta y que expira en 2043― juega en su contra. Cuando abandone la prisión, si, como todo indica, cumple la pena íntegra, tendrá 41 años.

Su víctima nunca pudo cumplir los 18. Falleció en 2009, la fecha desde la que su familia tampoco ha podido avanzar. “No se va a poder pasar página hasta que esa página no se pueda leer, y mientras no se conozca la verdad que tenga visos de certeza será difícil convivir con ello. Es difícil de aceptar que nunca se va a saber la verdad a la que se tiene un legítimo derecho”, concluye Fauce.