El Supremo confirma la prisión permanente para El Chicle por el asesinato de Diana Quer
Los magistrados censuran “la gravedad y perversidad” del ataque perpetrado por Abuín Gey


El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves la pena de prisión permanente revisable a José Enrique Abuín Gey, El Chicle, por asesinar a Diana Quer en 2016 en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) para ocultar una agresión sexual a la víctima. Los magistrados también han confirmado otra pena de cuatro años y un día de prisión por un delito de detención ilegal y otro de agresión sexual, así como la aplicación en los dos delitos de la atenuante de confesión.
La Sala de lo Penal ha desestimado íntegramente el recurso planteado por El Chicle contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictada en junio. Esta confirmaba a su vez la dictada por un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de A Coruña en diciembre de 2019. Esta resolución le condenó además al pago de una indemnización de 130.000 euros a cada uno de los progenitores y de 40.000 euros a la hermana de la víctima, y le impuso la prohibición de aproximarse a ellos a una distancia inferior a mil metros y de comunicarse por cualquier medio durante la duración de la pena y, en todo caso, desde el inicio de cumplimiento de la misma y hasta que transcurriesen 10 años desde la conclusión.
El tribunal afirma que el castigo de estos hechos con la prisión permanente revisable responde a “la gravedad y perversidad del hecho” y “al ataque tan grave a una mujer como el que desplegó” Abuín. “Tratándola, además, como si fuera un mero objeto, y silenciando durante tiempo lo ocurrido, hasta que no tuvo más remedio de reconocer ante los agentes policiales el lugar donde estaba la víctima, silencio que también daña, como lo hizo, al entorno familiar de Diana, por el sufrimiento de no saber lo que había pasado con ella, y que se agrava de forma desgarradora cuando percibe lo que realmente ocurrió con ella, y el carácter execrable e inhumano con el que fue tratada por el recurrente, lo que debe suponer el reproche del Estado de derecho y la gravedad de la respuesta punitiva”.
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