Sanidad impondrá la mascarilla obligatoria a las comunidades en hospitales y centros de salud

El Ministerio de Sanidad impondrá desde el miércoles el uso obligatorio de las mascarillas en los hospitales y centros de salud ante la escalada de contagios de gripe, según ha adelantado este lunes por la tarde Efe y ha confirmado a EL PAÍS el departamento que dirige Mónica García. Unas horas antes, por la mañana, la mayoría de las comunidades autónomas se había opuesto a la medida en un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud extraordinario, y había optado por la recomendación. Solo seis habían decidido aplicarla hasta ahora.

Sanidad no ha esperado las 48 horas que había dado a las autonomías para presentar alegaciones a una propuesta que esta mañana ha realizado el propio departamento. El ministerio ha explicado que tomará una declaración de actuaciones coordinadas para igualar la protección frente a los virus respiratorios de todos los ciudadanos y amparar jurídicamente a las comunidades que ya la han implantado.

La competencia de imponer la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios la habían asumido las propias comunidades: algunas la estaban aplicando y otras no. Las seis que ya tenían en marcha o la acababan de implantar son la Comunidad Valenciana (gobernada por el PP y Vox); Cataluña (ERC); Murcia (PP); Aragón (PP), que las impuso en principio para los sanitarios y las ha ampliado a pacientes en salas de espera; Canarias (CC), que lo ha anunciado este mismo lunes, y Asturias (PSOE), que también ha comunicado la medida tras el consejo y que, en su caso, estará vigente durante 15 días. Sanidad había rebajado su idea inicial de imponerlas también en centros sociosanitarios y farmacias, donde ahora pide que sean simplemente una recomendación.

El formato jurídico que emplea el ministerio es inédito para imponer el uso de mascarillas. Durante la pandemia, había sido el Gobierno central el que había regulado su obligatoriedad en distintos espacios, pero mediante decretos leyes. El último que mantenía las mascarillas en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias, se derogó hace ahora cinco meses. En esta ocasión, Sanidad asegura que se ampara en el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que regula la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública y que “obliga a todas las partes” incluidas en ella. Fuentes del departamento justifican que los únicos espacios que se contemplan ahora son hospitales y centros de salud y que es la única forma para que los gobiernos regionales puedan hacer cumplir la norma con garantías jurídicas.

La mayoría de las comunidades le habían dejado claro esta mañana que estaban en contra de la obligatoriedad. Con distintos colores políticos, han hecho público su rechazo al menos Andalucía, Galicia, Madrid, La Rioja, Navarra, Cantabria, Castilla y León y Baleares (gobernadas por el PP), Euskadi (PNV) y Castilla-La Mancha (PSOE). Muchas de ellas han pedido criterios técnicos al ministerio para tomar una decisión.

La consejera de Madrid, Fátima Matute (PP), aseguró que su postura y la de la mayoría del consejo es mantener el uso de mascarillas de forma responsable en los supuestos que ya están indicados. “Y desde luego, eso es lo que vamos a seguir aplicando con rigor científico y con la evidencia que nos dan los datos que tenemos en cada comunidad para proteger a nuestra población”. dijo tras la reunión.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, el socialista Jesús Fernández Sanz, mantuvo una tesis similar y comunicó que la propuesta de su departamento es que las mascarillas no sean de uso obligatorio, sino que se mantenga la recomendación “apelando a la responsabilidad de la población”. También solicitó que se produzca una reunión de la Ponencia de Alertas (formada por técnicos) y de la Comisión de Salud Pública (constituida por los directores del área del ministerio y las autonomías) “para que sean los técnicos los que propongan las medidas”.

Es un reproche que también lanzó a la ministra el consejero de Salud de Murcia, Juan José Pedreño, quien lamentó que Sanidad “llegue tarde” y tildó de “ocurrencia” una propuesta que no ha pasado por los órganos técnicos antes mencionados. “Ante la alta incidencia de gripe y virus respiratorios, el Gobierno regional ha tomado ya medidas de prevención y control, sin que el ministerio haya realizado consultas ni se haya interesado por la evolución de las comunidades autónomas”, afirmó.

Algunas de las comunidades que rechazan la obligatoriedad, como La Rioja, sugieren que la mascarilla solo se imponga en los centros sanitarios en caso de llegar a determinados umbrales de incidencia de los virus respiratorios, aunque no han fijado cuáles deberían ser estas métricas.

La propuesta de García es, sin embargo, ampliamente apoyada en el sector sanitario: tanto sociedades médico-científicas, como represantantes de los profesionales creen que las mascarillas deberían mantenerse en centros sanitarios durante momentos epidémicos como el actual. CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, reprocha al Ministerio de Sanidad y a los responsables autonómicos su incapacidad para alcanzar un acuerdo sobre las medidas que se deben adoptar y solicita el refuerzo de las plantillas y la obligatoriedad del cubrebocas. También se ha pronunciado a favor el Consejo General de Enfermería, que considera que esta última puede ser una medida preventiva temporal que minimice el pico de contagios por infecciones respiratorias previsto para los próximos días.

Autobajas para desatascar la Primaria

Además de este debate, la ministra, Mónica García, ha informado al consejo de que está estudiando aprobar que los ciudadanos con alguna enfermedad leve tengan la posibilidad de darse de baja laboral con una autodeclaración responsable durante los tres primeros días de incapacidad. Es una medida que las sociedades médicas llevan años reclamando para quitar carga en los centros de salud y que el ministerio sopesa ahora con el alza de la epidemia invernal de virus respiratorios, particularmente de gripe.

El Ministerio de Sanidad está negociando con el de Seguridad Social la forma y el tiempo para ponerlas en marcha, según señalan fuentes del departamento que dirige García. La ministra ha explicado que en muchos otros países el sistema ya funciona de esta manera, y que, de la misma forma que el ciudadano declara al médico su enfermedad (incluso cuando esta ha pasado para obtener la baja), lo puede hacer de forma responsable sin que haya un profesional sanitario implicado, con lo que este puede ganar tiempo para labores asistenciales más necesarias.

Algunas comunidades, como Aragón, ya han rechazado esta medida, mientras que las sociedades médicas, que llevaban tiempo pidiéndola, la han aplaudido. Es el caso de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), cuyo portavoz del grupo de Salud Laboral, Francisco Sáez, ha señalado a Efe que “lo que no tiene sentido es que un trabajador con una gripe o un catarro tenga que ir corriendo al centro de salud a que le firmen un parte de baja, es un sinsentido y un absurdo”, pero además, “sobrecarga” unos centros de salud ya de por sí saturados.

En la misma línea se manifiesta Paulino Cubero, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC): “Al igual que se hace en otros países, el último Portugal en 2023, las bajas de entre uno y tres días podrían autojustificar por medios electrónicos entre el paciente y su empresa, de forma que se evitarían muchas visitas innecesarias en procesos autolimitados, como catarros, episodios gastrointestinales, migrañas, dismenorreas y otros procesos de poca importancia que no precisan de un diagnóstico médico”.

Para despejar el colapso de la atención primaria, sin embargo, son necesarias medidas inminentes. La epidemia de gripe está disparada: a falta de datos más recientes, que se publicarán el jueves, los contagios subieron un 75% la última semana del año. Los expertos preveían que todavía seguiría aumentando, dado que después de esas fechas ha habido numerosas celebraciones familiares y festivas que facilitan la propagación del virus.

Aunque no se puede afinar cuándo llegará el pico, los especialistas prevén que los casos comiencen a bajar en torno a la segunda quincena del mes. El impacto de la gripe, además, no solo está afectando a los centros de salud: las urgencias están saturadas en muchas zonas de España y algunas plantas hospitalarias, como las de la Comunidad Valenciana, una de las que tienen más incidencia, ya están sufriendo tensión.

Por último, el Consejo Interterritorial del lunes ha abordado la implantación de un plan de invierno para próximas temporadas de epidemias víricas. Se trataría de una actuación conjunta y coordinada desde que comiencen los primeros contagios, para tratar de evitar colapsos como los que se están viendo este año.